La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

La “constitucionalidad” de los “matrimonios” de parejas homosexuales y lesbianas, o cómo cambiar la Constitución por la puerta de atrás. 10/11/2012

In Estadistica (datos estadisticos), Legislacion, Prevaricacion on 29 octubre, 2013 at 23:26

El sistema político y judicial de España está viciado de raíz. Reina el colmo de la completa y total inseguridad jurídica, y sólo así se explica la también “constitucionalidad” avalada por el TC de la introducción de leyes basadas en la absurda, aberrante y bestialista ideología de género.

Recomiendo vivamente la lectura detenida de este artículo de Luis del Pino. Las similitudes con la prevaricación que presidió la aprobación de la ley sexista, feminazi, criminal, injusta y discriminatoria 1/2004 de Violencia de Genero española, son apabullantes.

Lo que deja a las claras es que la Constitución, en manos de esa turba de agradecidos y prevaricadores del Tribunal Constitucional, es papel mojado. Y si no que nos lo cuenten a los varones para qué sirve el art. 14 que habla de igualdad bla bla bla.

La sentencia sobre el matrimonio homosexual

 

10 de Noviembre de 2012 – 19:54:13 – Luis del Pino

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 10/11/2012

Como la actualidad no hace sino acelerarse, con un panorama lleno de noticias a cual peor, ha pasado casi sin pena ni gloria la aberrante sentencia del Tribunal Constitucional sobre los matrimonios homosexuales, declarando conforme a la Constitución lo que a todas luces no lo es.

No voy a entrar en si el matrimonio homosexual debería ser legal o no. Al final, es la sociedad la que debe, con su voto, decidir ese tipo de cuestiones.

Lo que me escandaliza es, precisamente, que la sociedad ya decidió al respecto en su día, aprobando una Constitución que establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y ahora el Tribunal Constitucional, ese órgano al servicio de la clase política, se descuelga aprobando lo que la sociedad no aprobó, con el argumento (por lo que se ha filtrado del espíritu de la sentencia) de que la sociedad ha terminado por considerar normales las uniones del mismo sexo, de que ese artículo de la Constitución ha quedado obsoleto y de que la Constitución debe ser interpretada de manera "evolutiva". No se pueden acumular más falacias en menos espacio.

Vayamos por partes. Dice el Tribunal Constitucional que la sociedad ha terminado por considerar normales las uniones del mismo sexo. ¿Y cómo ha llegado a determinar eso el Tribunal Constitucional? ¿Han preguntado los magistrados a su vecino del quinto? ¿Han ido inquiriendo por la calle, para ver qué opinan los transeúntes o los que esperan en las paradas de autobús? ¿Han encargado alguna encuesta o utilizado las que realiza el CIS? ¿Cómo saben lo que la sociedad quiere o considera normal?

En una democracia, nadie tiene el título de intérprete de la sociedad, por la sencilla razón de que la sociedad no necesita intérpretes. La manera de saber lo que la sociedad opina sobre el tema del matrimonio homosexual, o sobre cualquier otro, es preguntándola, mediante el oportuno referéndum. ¿Pero quién se cree el Tribunal Constitucional que es, para hablar en nombre de toda la sociedad?

En segundo lugar, el respeto a la Ley exige el respeto al espíritu de la Ley, pero también a su letra. Cuando un artículo legal es ambiguo, los jueces tienen la potestad de interpretarlo, por supuesto, pero lo que no puede un juez es saltarse la letra de la Ley cuando esa letra es clara. Por tanto, cuando el Tribunal Constitucional dice que quiere interpretar la Constitución en sentido evolutivo, podrá hacerlo siempre y cuando haya algo interpretable, dudoso o ambiguo. Pero el derecho a "interpretar la Ley" no puede autorizar nunca el ir frontalmente contra lo que la letra de la Ley marca. Y la Constitución es clarísima en el caso del matrimonio, al definirlo como la unión de un hombre y una mujer.

En tercer lugar, el Tribunal Constitucional puede, con todo el derecho, considerar que un artículo de la Constitución ha quedado obsoleto. Pero, si lo cree así, lo que tendrá que hacer es instar a que se modifique ese artículo siguiendo los cauces legalmente establecidos en la propia Constitución. Lo que no puede, en ninguna circunstancia es, por sus santas narices, considerarlo derogado sin más.

En resumen: la clase política, a través del Tribunal Constitucional, ha procedido a modificar un artículo de la Constitución sin seguir los mecanismos de reforma constitucional legalmente previstos. Mecanismos que, entre otras cosas, exigen que al final sea el pueblo español, en referéndum, el que ratifique la reforma.

Si alguien piensa que la sociedad ha evolucionado y considera el matrimonio homosexual como algo normal, si alguien cree que la Constitución debe evolucionar, si alguien está convencido de que un artículo de la Constitución ha quedado obsoleto… lo que tiene que hacer es iniciar los mecanismos de reforma constitucional oportunos, para terminar dando al pueblo español la palabra, y que sea ese pueblo, en el que radica la soberanía, el que modifique ese artículo y autorice los matrimonios entre personas del mismo sexo. Nada habría que objetar entonces.

Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es usurpar la voluntad soberana del pueblo español y modificar la Constitución por la vía de los hechos consumados, sin consulta al pueblo.

O sea, que la sentencia sobre el matrimonio homosexual es un auténtico golpe de estado constitucional. Y lo malo es que, si no alzamos la voz para denunciarlo, la puerta que se abre es peligrosísima: si el Tribunal Constitucional se considera con derecho a derogar a placer artículos de la Constitución – en nombre de la sociedad, pero sin consultarla – mañana podría descolgarse violando directamente cualquier otro artículo de la Constitución que a la clase política le interese. ¿Qué impide al Tribunal Constitucional a partir de hoy, por ejemplo, decir que la indivisibilidad de la nación debe ser interpretada evolutivamente de acuerdo con las tendencias sociales, y declarar legal un referéndum de secesión?

Si la letra de la Ley no vale nada, entonces todo es interpretable de acuerdo con la voluntad política del momento y da igual tener Constitución que no tenerla. Lo cual es, por supuesto, la perfecta definición de tiranía.

Porque lo que diferencia a la democracia de la tiranía no es la existencia de leyes: también hay leyes en las dictaduras. La diferencia entre democracia y tiranía es que, en una democracia, la voluntad política está supeditada a la Ley y no a la inversa.

Así que, gracias al Tribunal Constitucional, que acaba de considerar que el poder político tiene el derecho a derogar a voluntad artículos de la Constitución, hoy somos todos un poco menos libres y más siervos. Incluidos los homosexuales.

 

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Es si acaso la misma conclusión a la que llega el autor del siguiente artículo.

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¿Es nuestra Constitución un texto vivo? Un comentario a la Sentencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo

21 noviembre, 2012 | Por Autor: Federico de Montalvo en Constitucional | Familia

A principios de los años setenta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo la presidencia del Juez Warren E. Burger, dicta una de las resoluciones más relevantes del Derecho norteamericano, Roe v. Wade, 1973. Dicha Sentencia tiene especial trascendencia no porque resuelva la contienda sobre un problema ético-legal especialmente complejo y sensible, como el de la despenalización del aborto voluntario (el caso versaba sobre una mujer que solicita que se permita abortar en el Estado de Tejas al ser el embarazo fruto de una violación), sino porque consolida una nueva forma de interpretar la Constitución de los Estados Unidos a través de la doctrina del living constitution. Dicha doctrina supone abandonar una interpretación puramente originalista y literal del texto constitucional en pos de una interpretación que considere ya a la Constitución como un documento vivo que ha de ir ajustándose a los intereses y nuevos contextos sociales, políticos, económicos o culturales. La doctrina es pues expresión de lo que se ha llamado también judicial activism, otorgando a los jueces del Tribunal Supremo un papel jurídico-político muy relevante que va más allá de la mera función de legislador negativo. El Juez, a través de la interpretación de la Constitución y de la resolución de los conflictos que caigan en la órbita de la misma, vendrá a actuar prácticamente como un reformador tácito de la Constitución, no limitándose a proclamar lo que no es inconstitucional, sino también lo que es constitucional. Ello en un Estado democrático plantea obviamente el dilema, tan presente en el Derecho norteamericano desde su propia fundación, de cómo nueve personas pueden decidir lo que pretende decir la Constitución, incluso frente a la voluntad de la mayoría.

Pues bien, podemos perfectamente afirmar que la reciente Sentencia dictada por nuestro Tribunal Constitucional el pasado 6 de noviembre acerca de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y en virtud de la cual se autoriza el matrimonio en personas del mismo sexo, puede tener en nuestro sistema constitucional el mismo efecto que Roe v. Wade tuvo en Estados Unidos. La nueva Sentencia del Tribunal Constitucional acude, a los efectos de interpretar el discutido artículo 35 de la Constitución que dispone que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”, a la doctrina del living constitution, la cual, incluso, cita literalmente en su versión canadiense (la doctrina del árbol vivo) –véase FJ 9-. Y así, en aplicación de la misma, establece que tal precepto, pese a que su literalidad habría de determinar que nuestra Constitución excluya el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha de permitir tal posibilidad si se interpreta evolutivamente. Se manifiesta literalmente que “a través de una interpretación evolutiva, se acomoda (la Constitución) a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos, y particularmente el legislador, van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta”.

Y añade el Tribunal que “esa lectura evolutiva de la Constitución … nos lleva a desarrollar la noción de cultura jurídica, que hace pensar en el Derecho como un fenómeno social vinculado a la realidad en que se desarrolla y que ya ha sido evocada en nuestra jurisprudencia previa”. Tal cultura jurídica “no se construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración la observación de la realidad social jurídicamente relevante, … las opiniones de la doctrina jurídica y de los órganos consultivos previstos en el propio ordenamiento, el derecho comparado que se da en un entorno socio-cultural próximo y, en materia de la construcción de la cultura jurídica de los derechos, la actividad internacional de los Estados manifestada en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de los órganos internacionales que los interpretan, y en las opiniones y dictámenes elaboradas por los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, así como por otros organismos internacionales de reconocida posición”.

Este modo de interpretar la Constitución es el que precisamente ha provocado un voto particular concurrente por parte del Magistrado Aragón Reyes quien dedica casi en exclusiva los seis folios de su voto a glosar en tono muy enérgico los defectos e incluso los peligros que entraña dicha forma de interpretar la Constitución y el nuevo papel que habrá de otorgarse ahora al Tribunal Constitucional como auténtico legislador positivo que no se limita a declarar si una ley es o no inconstitucional sino también que es o no constitucional. Esta diferencia nos recuerda Aragón que no es un mero juego de palabras, “sino que encierra un profundo sentido sobre la capacidad y legitimidad del ejercicio de la jurisdicción constitucional”. La Constitución, en palabras de Aragón, “tampoco es una hoja en blanco que pueda reescribir, sin límites, su supremo intérprete”, de manera que si “la realidad social puede conducir a que se vuelvan obsoletas algunas previsiones constitucionales, o a que se manifieste la necesidad de cambio de las mismas, pero para ello está prevista la reforma constitucional”. Y así “La Constitución … también impone limites al Tribunal Constitucional, que ha de respetar la rigidez de las normas constitucionales por la sencilla razón de que el Tribunal no puede ser nunca una especie de poder constituyente permanente. Si lo fuera, sencillamente, se quebrantaría el concepto mismo de Constitución”.

En definitiva, el debate está servido y no sólo en lo que pudiera referirse a la decisión del Alto Tribunal de declarar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino, lo que es mucho más complejo y, por tanto, enriquecedor jurídicamente, en cuanto a cuál es el papel que en nuestro sistema jurídico ha de jugar el Tribunal Constitucional. La Sentencia supone la incorporación expresa de la doctrina delliving constitution (interpretación evolutiva, en palabras patrias), y ello, es especialmente relevante en tiempos tan convulsos socialmente como los que vivimos, ya que puede permitir a nuestro Tribunal erigirse en el verdadero guardián que nos salve quizás, el tiempo lo dirá, del populismo y demagogia que, en construcción magistral del jurista noruego Jon Elster, constituyen los cantos de sirena de los que debe apartarse una democracia para seguir siéndolo.

 

http://hayderecho.com/2012/11/21/es-nuestra-constitucion-un-texto-vivo-un-comentario-a-la-sentencia-sobre-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo/

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