La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

ANECDOTARIO DE LA DEGENERADA LEY “DE GENERO”. El canallesco caso de Vasili Iulian Grosu. España, paraíso para madres raptoras.

In Casos sangrantes, Denuncias falsas, Hombres maltratados, Prevaricacion on 11 noviembre, 2013 at 8:02

(extraido del libro El Varon Castrado, de Diaz Herrera)

Vasilica Iulian Grosu, padre separado, ciudadano rumano y residente en Bucarest (Rumanía) viajó en mayo de 2004 a España.
La razón de recorrer cinco mil kilómetros era loable. En septiembre de 2003 la corte del distrito 5 de Bucarest (Rumanía) le había encomendado la guardia y custodia de su hijo, obligando a la madre Daniela Badea a pagar una pensión para la manutención del menor.
Sin embargo, en febrero del años siguiente, su mujer deja de pagar la pensión alimenticia y huye a España, dedicándose a trabajar en la recogida de la fresa en Palos de la Frontera (Huelva), Iulian Grosu piensa que su hijo Andrei, de seis años, tiene derecho a pasar temporadas con los dos progenitores y viaja a España para que pueda estar al lado de su madre.
Su encomiable actitud quedó truncada el 7 de mayo de 2004. Al pararse confiadamente en un control de carretera situado en una autopista cerca de Valencia, la Guardia Civil le detuvo.

Aunque viajaba como turista, el ordenador de la policía indicó que había una orden de busca y captura en su contra.
-Del niño se van a hacer cargo ahora mismo los servicios sociales. Usted tiene que acompañarnos -le dijeron los agentes.
-Pero ¿qué he hecho yo?
-Tiene una denuncia por amenazas impuesta por su esposa. Está detenido.
-Pero si yo no he hablado con mi mujer hace meses, si yo vivo en Rumanía y ella aquí ¿Cómo voy a amenazarla?
-¿Ha hablado por teléfono alguna vez en ese tiempo?
-Sí, una o dos veces.
-Pues tiene una denuncia por amenazas telefónicas.
-Pero si yo no la he amenazado. ¿Qué voy a poder hacerle desde Rumanía, a tantos kilómetros de distancia?
Como se resistió a ser detenido, la policía le dió una tunda de palos. Entonces, el niño se echó a llorar y salió en su defensa. También fue golpeado. «Nos trataron peor que a dos terroristas», declararía posteriormente Iulian Grosu.
Aunque Vasilica Iulian Grosu negó siempre las acusaciones fue detenido e ingresó en prisión. Tampoco le valió la sentencia de los tribunales rumanos, que llevaba encima, y que le atribuían la guardia y custodia de su hijo. Por arte de birlibirloque, una jueza española, María del Carmen Santos Rodato, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Moguer, cambió la orden, le quitó a su hijo y se lo entregó a la madre [La voz de Asturias, 10 de junio de 2004 y Nine O’Clock de Rumanía].
Después de pasar 15 días en la prisión de Picassent, Vasilica intentó sin éxito recuperar a su hijo. En los meses siguientes realizó todo tipo de gestiones ante las autoridades españolas y rumanas.
Como no fue escuchado ni en su país ni en España fue a La Haya (Holanda) y cortó el tráfico ferroviario durante dos horas amenazando con quemarse a lo bonzo si no se aplicaba la Convención de La Haya sobre repatriaciones de menores. Esta última gestión resultó, igualmente, infructuosa.
En todo el tiempo transcurrido desde su detención solo había recibido vagas promesas de los gobiernos rumano y español mientras que al niño se le concedía un permiso de residencia especial en España, a petición del juez, y su ex mujer era puesta bajo el programa de protección a las víctimas y testigos y recibía ayuda económica del Estado.
El 11 de julio de 2005, tras quince meses de infructuosa lucha, hizo lo único que pensaba que podía servir para sensibilizar a la opinión pública en su favor y en el de muchos padres como él. Acudió a la plaza Victoria Square, frente al gobierno de su país, en Bucarest, colgó varias pancartas en los alrededores acusando a su mujer y al gobierno español de haberle secuestrado a su hijo, e hizo un último llamamiento al presidente de su país, Traian Bacescu, para que se repatriara al niño y se pusiera fin a la injusticia que padecía.
Al mediodía, tras varias horas de espera, nadie le había hecho caso. Vasilica Iulian Grosu tomó entonces la trágica decisión que venía anunciando: se empapó el cuerpo con gasolina desde la cabeza hasta los pies y se prendió fuego. Los bomberos que estaban a cien metros, pendientes de lo que pudiera ocurrir, lograron apagar el fuego en apenas un minuto. Sin embargo, Vasilica falleció a causa de las graves quemaduras sufridas.
«Fue un gesto de desesperación», informó al día siguiente el Daily Times de Pakistán. «Antes de adoptar tan trágica decisión había enviado sesenta súplicas a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Asuntos Internos y a las autoridades nacionales, a los organismos encargados de la protección de la infancia. Su última esperanza para salvar a "un niño rumano, a un padre desesperado y a su familia destruida era el presidente Traian Masescu", relató la periodista Ana Cosma en la publicación rumana Nine O’CLock.
La muerte de Vasilica Iulian Grosu, por las trágicas circunstancias en las que se produjo es similar a la de Ana Orantes, la mujer maltratada y quemada viva por su marido en Granada de la que se habla en otra parte de este libro.
Plantea, además, un agravante peligrosísimo. El papel de «Estado gendarme», de «Estado policial protector», similar al de los países comunistas en la era de Stalin que ejerce el gobierno de España dentro de la Unión Eu-ropea, no respetando las sentencia impuestas por otros países miembros, con sistemas políticos democráticos similares y con sistemas judiciales de igual garantía y defensores de los derechos humanos.
La noticia fue distribuida por las cadenas de televisión BBC, CNN, ABC, CBS; por las agencias de noticias France Presse, Asociated Press y otras y abría la página en muchos periódicos de todo el mundo, pero en España pasó casi inadvertida para casi todos los periódicos.
La jueza tomó la decisión de quitarle a su hijo, vulnerando las leyes del país de origen (el Derecho Romano, que inspira el nuestro, se basa en el Derecho de Gentes) y el derecho que tenía Vasilica Iulian Grosu a que respetaran sentencias de su país o, en todo caso, se juzgara de acuerdo con sus fueros.
Ninguna feminista, que se sepa, ha pedido que la jueza que tomó esta decisión que llevó a la muerte a Grosu (la causa de la causa es causa del mal causado, dice otro aforismo) que deje su toga y se vaya a freír espárragos.
Probablemente, aunque no sea un menester muy feminista, sí podría ser el suyo.
Los secuestros de menores por sus madres, violando órdenes judiciales, son moneda corriente en España.
«Cuando la mujer ve que no puede sacar un duro más del marido, que este no le pasa las cantidades que ella quiere para comprarle los caprichos no tienen más que no dejar ver al hijo al padre. Éste, o accede, se vuelve loco o pierde el trabajo yendo de juzgado en juzgado», dice Francisco Zugasti, miembro de colectivos españoles de padres maltratados.

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Vasilica Iulian Grosu, padre separado, era ciudadano rumano y residente en Rumania. El 7 de mayo del 2004 fue detenido en una autopista, cerca de Valencia, cuando, procedente de Bucarest, se dirigía a Palos de la Frontera con su hijo Andrei, de 6 años, para visitar a la madre del menor, también ciudadana rumana. Lo que este albañil rumano ignoraba mientras circulaba confiadamente hacia el Sur era que, semanas antes, su mujer lo había denunciado ante los tribunales españoles por haber vertido amenazas a través del teléfono móvil contra ella y su nueva pareja, y que, desde entonces, se hallaba en situación de búsqueda y captura.

V.I. Grosu siempre negó esas acusaciones y las consideró parte de una maniobra para arrebatarle la custodia de su hijo, pero le costaron dos semanas de internamiento en la prisión de Picassent, mientras el niño era trasladado a un centro de acogida.

En ese momento, la madre reclamó la guarda y custodia del pequeño, hasta entonces ejercida legalmente por el padre en virtud de una sentencia de los tribunales rumanos (de la que Grosu llevaba copia consigo en el momento de su detención). De nada le sirvió. La juez de Moguer cambió la custodia a favor de la madre. V.I. Grosu mantuvo siempre que las acusaciones de su mujer eran falsas, y que a ella le habían servido para conseguir la regularización extraordinaria, al ser víctima de violencia doméstica y tener a su cargo a un menor.

Al acabar los 15 días en prisión, Grosu fue expulsado de España, y se le prohibió la entrada en territorio Schengen, quitándole con ello toda posibilidad de mantener contacto con su hijo. A lo largo del año siguiente realizó infructuosas gestiones ante las autoridades españolas, rumanas y europeas. Por último, su desesperada protesta como antorcha humana ante el edificio del Gobierno de Bucarest le causó la muerte el 11 de julio de 2005. El caso de Vasilica Iulian Grosu, llevado a la desesperación por una decisión de los tribunales españoles, tuvo repercusión mundial por el dramatismo de las fotografías de su autoinmolación:

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