La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

España, la peor quiebra de un Estado de Derecho en la Historia Universal: Se condena a años de cárcel sin pruebas. La incitación a la denuncia falsa. Albacete, 22/11/2013, Mallorca, 26/11/2013

In Casos sangrantes, Denuncias falsas, Hombres maltratados, Legislacion, Prevaricacion on 28 noviembre, 2013 at 11:58

La condena del hombre sin pruebas en los JUZGADOS FEMINAZIS (JVM), el mejor estímulo a la proliferación de las denuncias de falso maltrato

 

Dos botones de muestra: Las declaraciones de un magistrado y la constatación de una sentencia aberrante.

Supimos que el día 26/11/2013 todo un Presidente de la Audiencia Provincial de Mallorca, el magistrado Diego Gómez Reino nos recordaba -por si no lo sabíamos- que "el juez puede condenar cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo".

El cinismo de este señor es que a continuación no tuvo ningún reparo en recalcar que "no es cierto que se abuse de la denuncia falsa. Más bien al contrario, en muchas ocasiones la víctima protege a su agresor retirándola".

Y ello cuando es sabido y notorio que precisamente la proliferación de denuncias de falso maltrato se produce porque la denunciante no tiene que probar absolutamente nada. Su sola palabra basta, su solo testimonio incriminador es ya suficiente prueba de cargo para que un inocente sea condenado sin más pruebas ni dilaciones. No hace falta más.

Se invierte de esta forma la carga de la prueba y es el hombre, si es que puede, quien tiene que probar que es inocente, que los hechos no ocurrieron o que no ocurrieron como los relata la denunciante.

 

En España resulta, pues, facilísimo meter por años en la cárcel a cualquier varón. La mujer se inventa cualquier episodio de acoso sexual, de amenazas, de agresión; mantiene la versión en la vista oral…. y hete aquí a su marido, su pareja o su expareja en prisión y con la llave de la celda tirada al mar.

Y para muestra de la clase de garantías jurídicas de la nación española, un botón: En Albacete un hombre ha sido condenado a 20 años con el único testimonio adverso e incriminatorio de su esposa.

Si esto es un Estado de Derecho, que venga Dios y lo vea.

¿Pero cómo se puede meter a un hombre 20 años en la cárcel con el solo testimonio de una tipa? ¿Cómo?  Y la "Sala", tan contenta: "nos ha contado la verdad" ¿Y si no te la ha contado? ¿qué pasa?

Lo que esto muestra y demuestra, además, es que la vida de un hombre, en España, está totalmente a merced de la mujer que se le cruce en el camino. Cualquier varón se encuentra totalmente vendido.

¿Y ésta gente se queja de las delaciones de la Inquisición? La Inquisición ofrecía bastantes más garantías jurídicas que esta gentuza. Nunca, nunca un inquisidor metió en la cárcel a nadie, ni a las brujas, con un solo testimonio incriminatorio. Jamás.

Asistimos a la peor quiebra de un Estado de Derecho pero de la Historia Universal, no sólo de la de España. ¿Y a alguien le extraña que digamos que estamos viviendo bajo la bota de la dictadura totalitaria feminista radical?

 

MAS PRUEBAS?

La Constitución española, en su artículo 24, es tajante y clara: «Asimismo, todos [los españoles] tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse
culpables y a la presunción de inocencia.»

El 25 de abril de 2000, el Tribunal Supremo acababa de un plumazo con esta norma jurídica que ampara uno de los derechos fundamentales. En una sentencia sobre malos tratos, la Sala Segunda del Alto Tribunal decidía que «basta el testimonio de la víctima, aunque no haya otros testigos del hecho para fundamentar una condena contra el marido».

Aunque el abogado defensor del acusado, utilizando la igualdad de armas que le permite la legislación vigente y haciendo uso del principio de contradicción, lograra demostrar que es la palabra de uno contra la de otro y que, en este caso, debe aplicarse el principio in dubio pro reo, el Alto Tribunal estimó que no siempre es así. «Nadie ha de sufrir el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad entre la víctima y el inculpado», según la misma sentencia, ratificada por otras en el mismo
sentido.

 

 

mallorca

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/11/26/gomez-reino-abuse-denuncia-falsa/892619.html

 

Diario de Mallorca

Gómez Reino: ´No es cierto que se abuse de la denuncia falsa´

El presidente de la Audiencia recalca que se puede condenar con el testimonio de la víctima como única prueba de cargo
26.11.2013 | 06:30
Ferrando, Maria Serra, Cristóbal Villalonga, Francesca Ramis, Isabel Llinàs, Sandra Fernández y Sbert. CAIB

I. Olaizola. Palma  Moderada por Margalia Ferrando, exdirectora general de Familia y Bienestar Social, el Institut Balear de la Dona organizó ayer una mesa redonda en la que se trató de manera integral cómo se aborda la violencia de género desde las diferentes instituciones y en la que el presidente de la sección II de la Audiencia, el magistrado Diego Gómez Reino, recalcó que "no es cierto que se abuse de la denuncia falsa. Más bien al contrario, en muchas ocasiones la víctima protege a su agresor retirándola".
También rechazó el magistrado la creencia extendida de que una denuncia por maltrato no prosperará al no disponer la mujer de más prueba que su testimonio contra el de su maltratador al recordar que "el juez puede condenar cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo". En términos más generales, el presidente de la Audiencia recomendó invertir más en educación y formación si no se quiere hacerlo en el código penal.
Previamente, en la presentación del acto, la consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, recordó a las 45 mujeres asesinadas en todo el país por sus parejas, dos de ellas en Balears, que han dejado, recordó, 38 niños huérfanos, también dos de ellos nacidos en las islas. La consellera, que abogó que el día contra la violencia de género sean los 365 del año, emplazó a evitar que en estos momentos de crisis los impedimentos económicos no eviten ninguna denuncia por maltrato y recordó que, contrariamente a los últimos cinco años de contínua reducción, el próximo presupuesto del Institut Balear de la Dona (IBD) subirá un 2,7%.
La directora de éste, Isabel Llinàs, advirtió que con las nuevas tecnologías han aumentado un 30% los casos de acoso y maltrato entre los adolescentes, recordó que en Balears, al contrario que en otras comunidades, no es necesario haber puesto una denuncia para poder acceder a una casa de acogida y emplazó a que no hayan más mujeres "que pierdan la vida por buscar su independencia y su libertad".
En nombre de los cuerpos de seguridad, el comisario de la Policía Nacional Cristóbal Villalonga y la guardia civil María Serra, incideron en la mayor sensibilidad de estos cuerpos para atajar esta lacra y en la necesidad de realizar atestados de la agresión lo más completos posibles para facilitar la labor del juez. Federico Sbert, gerente de Atención Primaria, recordó que la violencia de género es la primera causa de mortalidad en el mundo entre las mujeres fértiles para poner fin a un debate enel que también intervino Francesca Ramis, directora del Servei de Ocupació (SOIB).

 

albacete20años

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/veinte-anos-carcel-violar-esposa-cuando-anuncio-separacion_901228.html

 

SENTENCIA ALBACETE

Veinte años de cárcel por violar a su esposa cuando le anunció la separación

EFE 22/11/2013

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a 20 años de cárcel a Vicente C.N.R., por dos delitos de violación y uno de coacciones y otro de amenazas en el ámbito familiar cometidos contra su mujer cuando ella le comunicó que quería separarse de él.

Así consta en la sentencia, en la que se considera como hechos probados que el marido agredió sexualmente a su mujer en su domicilio hasta en dos ocasiones cuando ella le dijo que iba a dejarle.

Vicente C.N.R. ha sido condenado a nueve años de cárcel por cada uno de los dos delitos de agresión sexual -violación-, otro año por el de coacciones en el ámbito familiar y uno más por el de amenazas.

Además, no podrá acercarse a la víctima ni contactar con ella durante un periodo de diez años más, según se detalla en la sentencia contra la que cabe recurso y en la que se explica que al condenado se le computará el tiempo que ha pasado en prisión provisional.

La sentencia considera como hechos probados que en la primavera de 2012 la víctima comunicó a su marido que iba a separarse y que éste la agredió sexualmente el 20 de mayo de 2012 y, de nuevo, el 22 de noviembre de ese mismo año, cuando ella salía de la ducha -en el domicilio familiar-, tras lo que le espetó "ahora vas y me denuncias".

También considera probado que "para restringir la libertad de la víctima, en diversas ocasiones, le ha privado del uso del vehículo utilizado habitualmente por la misma para desplazarse con sus hijas, una de las cuales presenta graves problemas de movilidad" y que "le ha quitado las tarjetas de crédito utilizadas para el sustento de la economía familiar".

Estiman probado igualmente que llegó a quitarle las llaves de la vivienda en la que M.P.R.J. residía con sus hijas.

La sala considera el testimonio de la víctima de "plena credibilidad" y "coherente en sus declaraciones previas" por lo que entiende que "nos ha contado la verdad".

 

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LA QUIEBRA DEL ESTADO DERECHO, SANCIONADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

 

Y es que el asunto viene de atrás. Se remonta al año 2000.

La Constitución española, en su artículo 24, es tajante y clara: «Asimismo, todos [los españoles] tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.»
El 25 de abril de 2000, el Tribunal Supremo acababa de un plumazo con esta norma jurídica que ampara uno de los derechos fundamentales. En una sentencia sobre malos tratos, la Sala Segunda del Alto Tribunal decidía que «basta el testimonio de la víctima, aunque no haya otros testigos del hecho para fundamentar una condena contra el marido».
Aunque el abogado defensor del acusado, utilizando la igualdad de armas que le permite la legislación vigente y haciendo uso del principio de contradicción, lograra demostrar que es la palabra de uno contra la de otro y que, en este caso, debe aplicarse el principio in dubio pro reo, el Alto Tribunal estimó que no siempre es así. «Nadie ha de sufrir el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad entre la víctima y el inculpado», según la misma sentencia, ratificada por otras en el mismo sentido. [Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril, 24 de junio y 7 de julio del año 2000]
De acuerdo con esta peregrina doctrina, era prueba suficiente e irrefutable una simple denuncia telefónica de una mujer contra su ex marido acompañada de un parte médico de lesiones, por muy vago e impreciso que fuese, para que un Tribunal pudiera condenar. Daba lo mismo que los supuestos malos tratos se produjeran durante un lento y doloroso proceso de separación o divorcio, en el que las dos partes se encuentran alteradas y muchas veces se agreden mutuamente, para que se diera por bueno que «el marido era el malo y la mujer la buena».
La aberración es de tal calibre que, por regla general, sólo unos pocos tribunales se atrevieron a vulnerar el principio de «presunción de inocencia» que debe regir todo proceso judicial, incluso la Ley contra la Violencia de Género.

—-

 

Tenemos así casos igual de espeluznantes.

Todo ocurrió en Valencia el 14 de agosto de 2004, en la intimidad del domicilio conyugal, sin cámaras de televisión, sin magnetófonos ni testigos.
Era la palabra de una mujer, que desde el principio se mantuvo firme en sus declaraciones, contra la de un hombre sobre el que oficialmente rige la misma presunción de inocencia y las mismas garantías procesales.
Aquel caluroso día de agosto de 2004, Carlos,1 según consta en autos, le pidió a su mujer que le diera parte de su dinero porque quería salir a dar una vuelta con los amigos.
Ella, que administraba los gastos de la casa y guardaba los ingresos por nóminas de la pareja, se negó en redondo.
-No, no hay dinero –dijo.
La negativa de la mujer a satisfacer sus deseos derivó en pelea. Según su declaración, Carlos cogió un cuchillo de la cocina y la amenazó violentamente.
-¡O me entregas lo que es mío o te rajo en canal! –le espetó.
Atemorizada, la mujer fue al fondo de la casa, donde guardaba los ahorros, y le dio 450 euros. El hombre, tras conseguir su propósito comenzó a golpearla y le asestó varios puñetazos por todo el cuerpo, que le causaron múltiples hematomas y contusiones

-Y ahora prepárate –la amenazó.
Tras asirla fuertemente por los brazos, le bajó los pantalones con una de las manos y la violó analmente.
La mujer, «al estar fuertemente sujetada», no pudo defenderse y debió consentir la agresión sexual para así
evitar daños mayores contra su persona.2
El asunto no acabó ahí. Carlos se fue a su casa con el dinero y, al día siguiente, volvió para insultarla y
maltratarla de nuevo.
-¡Cristina de mierda! –le gritó-. ¡Puta bastarda!
Como la mujer sólo se limitó a escuchar, el hombre se enfureció todavía más. Las amenazas arreciaron.
-¡Voy a matarte, puta, y a tus hijos les romperé las piernas!3
Con la sola denuncia de la supuesta víctima, sin practicar ningún otro tipo de pruebas complementarias, Carlos fue ingresado en la prisión el 16 de agosto. Tras el juicio, le condenaron a 9 años de cárcel por violación, la pena media que establece el Código Penal para este tipo de delitos. Por el resto de los delitos y faltas cometidos –coacciones, lesiones-, la Audiencia Provincial de Valencia le castigó a otros 12 meses de cárcel y a 6 días de localización permanente.
Todas estas condenas en cascada se produjeron a pesar de que en la vista oral, la denunciante se retractó de sus denuncias ante la Policía Nacional y de la ratificación que había hecho posteriormente ante el Juzgado de Instrucción.
-¿Y por qué obró usted entonces de aquella manera? –preguntó el fiscal, incómodo.
-Porque quería vengarme de mi marido.
-¿Vengarse de qué?
-De las agresiones y humillaciones a que me sometía.
-¿Entonces la vejaba y la humillaba?
-A veces, pero nunca llegó a violarme ni a tener relaciones sexuales conmigo sin mi consentimiento.
Durante el plenario, la supuesta víctima reiteró una y otra vez su voluntad de volver a convivir con el acusado apenas fuera puesto en libertad.
-Lo veo todos los días que me lo permiten.
Paralelamente los informes periciales venían a sostener la segunda tesis de la demandante: que había actuado por venganza. El análisis de los partes médicos así lo revelaban. «La exploración forense de la víctima la noche de la supuesta violación y la efectuada cuarenta y ocho horas después no demostró que hubiera existido penetración anal alguna.»
Aplicando el principio de presunción de inocencia in dubio pro reo, Carlos debía haber sido absuelto inme-diatamente. La Audiencia Provincial de Valencia debía tener una bola de cristal infalible para enjuiciar las
conductas de los acusados. Sin prueba alguna, ya que la declaración de la denunciante no se sostuvo en la vista oral –que es lo que cuenta- condenó al denunciado a 9 años de cárcel por un delito de violación consumada.
El denunciado pasó casi dos años en prisión. Hasta el mes de junio de 2006, cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo anuló la condena y ordenó ponerlo inmediatamente en libertad. En una sentencia anto-lógica, de la que ponente uno de los magistrados más antiguos de la sala, estimó que no se podía condenar a nueve años en la cárcel a una persona –fuera hombre o mujer- con el simple testimonio de una de las dos partes. Especialmente, cuando no hay otras pruebas testificales, periciales o documentales que corroboren el testimonio de la víctima, la cual, para mayor escarnio del condenado y de la Justicia, maltrecha ante una decisión de esta índole, negó tajante y reiteradamente los hechos en el plenario.
2 Según la denuncia de la perjudicada que figura en el atestado policial.
3 María Pedal en El Mundo, 6 de junio de 2006.

«[La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia] es una quiebra absoluta del Estado de Derecho, espe-cialmente en supuestos relacionados con las separaciones conyugales o divorcios en los que, muchas veces, está presente el ánimo de venganza o la enemistas entre los cónyuges o compañeros sentimentales.»
La Sala de lo Penal del Supremo, sin decirlo expresamente así, consideró una osadía la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, de la que fue ponente la magistrada María Regina Marrades Gómez, 46
años, con 16 años de ejercicio profesional continuado en la magistratura. La sentencia del Supremo era bastante más dura.
«Todos y cada uno de los parámetros analizados en el fallo conducen a un resultado valorativo completamente contrario al que llevó a Carlos a la cárcel.»
¿Quién indemniza a la víctima de los 23 meses pasados en la cárcel por un delito que no cometió? ¿Quién le va a exigir responsabilidades a Regina Marrades y a sus compañeros de sala por meter a un señor inocente en prisión «por el simple hecho de serlo», cuando los elementos de prueba obligaban a tomar una decisión distinta a la tomada?
Lo inquietante del asunto es que la sentencia referida anteriormente, lamentablemente, no es un caso aislado.
Según las denuncias y quejas presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los jueces decanos, en la mayoría de los 430 Juzgados de Violencia de Género creados por la Ley 1/2004 para sancionar las conductas de malos tratos, coacciones y amenazas, todos los días se cometen este tipo de tropelías. En la mayoría de los casos ocurre no por falta de pericia o por mala fe en los jueces y magistrados encargados de enjuiciar las conductas, sino por la falta de medios, por la precipitación en las decisiones y por la tremenda carga de trabajo de estos Juzgados especiales.
Creados al estilo de los «tribunales de excepción», más propios de un estado de guerra que de un país democrático donde debe prevalecer por encima de todo los derechos del justiciable en estos Juzgados se
aplica una justicia especialísima, la de «aquí te pillo aquí te mato».
«La mayoría de "vistas" se celebran de hecho en los pasillos y consisten en una especie de "arreglo" entre las
partes, con el fiscal y el juez mirándote de reojo desde dentro de la sala porque tardas demasiado en convencer a tu cliente y tienen muchos asuntos que resolver en el día. Y es que, en la mayoría de los casos, el cliente no quiere allanarse a una "sentencia de conformidad" que siempre es una condena para el inculpado, aunque la pena no se cumpla», afirma el letrado madrileño, de origen zamorano, Javier Palmero.
Palmero habla, naturalmente, por la experiencia que le da moverse entres sus compañeros en los Juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. Él no es partidario de este tipo de «apaños» y prefiere no dar nunca por
perdido un juicio y pelear hasta el final. Opinión que comparte su colega murciana, la abogada Encarnación Martínez Montesiones. «El daño que se causa a la víctima en un juicio rápido es del tal índole que me paso la vida advirtiendo a mis clientes, muchas veces mujeres, que recapaciten, que mediten antes de ratificarse
ante el Juzgado de Violencia de Género –afirma-. Lo manifestado allí pocas veces tiene vuelta atrás y una simple riña, si no se piensan las cosas, puede convertirse en una separación de una pareja de por vida.»
Por su parte, el abogado Gustavo Fajardo, colombiano, ese jefe del grupo guerrillero, que actúa en el turno de oficio del colegio de Abogados de Madrid, es mucho más tajante. «En los juicios por violencia de género, las dos partes exageran, hacen teatro. Sólo es necesario observar a la víctima. Minutos antes de la vista está en los pasillos del Juzgado jugando y sonriendo con los amigos. En el momento en que la llaman a declarar
le cambia el semblante, empieza a soltar lágrimas, a gemir, mientras el supuesto agresor trata de defenderse como puede.
Nadie de los que están en la sala para enjuiciar el caso logra enterarse no ya del fondo de la cuestión –que casi siempre se obvia-, sino del hecho puntual que se juzga. La mitad de lo que se cuenta en la denuncia
policial suele ser mentira y la otra mitad no se puede demostrar, es la palabra de una de las partes contra la otra», agrega.
Otro letrado, Juan Ramón Montero, lo tiene claro. «Lo que pasa dentro de una familia ocurre siempre en un marco de clandestinidad, tras la puerta del dormitorio, y en la mayoría de las veces, hasta que el conflicto aflora violentamente, nadie sabe a ciencia cierta lo que ha ocurrido», señala. Y agrega: «Lo que va a los juzgados es un cúmulo de casos de depresiones, celos, agravios, amantes, venganzas, resentimientos, odios africanos que se llevan arrastrando no se sabe cuántos años; desprecio de un cónyuge hacia el otro, incitaciones malévolas de las amigas y amigos, la frustración de los padres, el desprecio de los suegros por la ascendencia social de uno de los cónyuges, años de desamor, años de malquerencia y, a veces, todas las pasiones humanas juntas. Pretender juzgar toda una vida en cinco minutos y dar un veredicto es tanto como intentar averiguar el sexo de los ángeles», afirma el letrado

Y he aquí un testimonio estremecedor de denuncia de falso maltrato para conseguir la regularización en España, con paga subsidio incluido. Pues basta que se emita orden de alejamiento sobre el lelo, para que la lela consiga su paguita del RAI.

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  1. […] Ya hemos dicho que la proliferación como hongos de este tipo de denuncias se debe primordialmente a que la denunciante no tiene que probar nada ante el Juzgado feminazi, sino que en base a una doctrina del Tribunal Supremo que derogó de hecho la presunción de inocencia (art. 24 CE), se da total fiabilidad al testimonio de la mujer, y se carga el peso de la prueba sobre el denunciado. Una total aberración antijurídica […]

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