La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

La validez de las grabaciones como prueba en un juicio

In Denuncias falsas, Legislacion on 10 mayo, 2015 at 12:23

Interesante artículo de JM Aguilar on 2 septiembre, 2014 , que servirá de defensa a más de una víctima de denuncia falsa.

No está mal ir a todas partes con una cámara oculta o con el móvil en modo de vídeo, por si las moscas. Ésa y contar con amigos que puedan testificar a nuestro favor, es la única manera de atajar el alud de denuncias falsas, que son el 99’99% de las que se interponen en los Tribunales Inquisitoriales Feminazis, eufemísticamente llamados Juzgados de violencia contra la Mujer (al hombre, que le den mucho por allí, ya me entienden).

http://jmaguilar.com/blog/wordpress/la-validez-de-las-grabaciones-como-prueba-en-un-juicio/


 

  La incontestable inseguridad jurídica a la que los ciudadanos están expuestos, especialmente en aquellas situaciones en donde pretenden ejercer de padres y madres con sus hijos cumpliendo una Sentencia judicial o en aquellas otras en donde, debido a la situación de intimidad, no existen testigos de lo ocurrido y los hechos pudieran valorarse exclusivamente bajo la palabra de uno u otro, hace más actual que nunca la vieja recomendación que llevamos haciendo desde hace una década sobre la necesidad de grabar en el soporte más completo posible aquellas situaciones de riesgo en las que nos encontremos.

“El Efecto Casandra consiste en la posibilidad que tiene el profesional de adelantar los acontecimientos que van a ocurrir en tanto las estrategias conductuales de los sujetos, determinadas por el marco en el que se circunscriben y el objeto que buscan, son limitadas”. (Aguilar, JM. (2004). Síndrome de Alienación Parental. Editorial Almuzara).

  En los divorcios conflictivos el momento de la recogida de sus hijos en casa del otro cónyuge para ejercer el derecho de éstos a relacionarse con ambos padres puede ser el ejemplo más claro, como bien sabemos abogados y psicólogos forenses por experiencia, lo que nos permite adelantar los acontecimientos cual Casandras contemporáneas. En estas situaciones la tensión, espontánea o planificada, puede llevar a situaciones en las que una grabación de los hechos ponga claridad al consecuente cruce de denuncias y responsabilidades civiles y penales.

  En tan temprana fecha como el 29 de noviembre de 1984 una Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1984, dejaba recogido: “Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado”. Es decir, una grabación en la que el responsable de la grabación participa no es ilegal, categoría que alcanzaría si se grabara a terceros.

  Por otro lado la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (B.O.E. nº. 245 – 11/10/2011), dice: “1. Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos. 2. No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas”.

  En su reciente sentencia de 12 de marzo de 2014 el Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada el 27 de julio de 2011 por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón en el recurso de apelación nº 243/2011, sobre protección del derecho a la propia imagen. El origen de todo es la denuncia de la conducta consistente en la obtención de imágenes fotográficas de la interesada, sin su consentimiento, lo que ella consideraba una intromisión ilegítima en sus derechos de imagen.

Se puede grabar aquellos hechos o conversaciones en los que uno participa

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  En segunda instancia ya se “confirmó la absolución de los demandados al no apreciar la existencia de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de dicha demandante por la captación no consentida de unas fotografías en las que aparecía ella, plenamente identificable, en momentos de su vida diaria y que fueron aportadas en un procedimiento judicial”.

  Los argumentos de la “sentencia de primera instancia para desestimar la demanda fueron, en síntesis, las siguientes:

1) Las fotografías se hicieron a plena luz del día, en lugares públicos y con la finalidad de servir de prueba documental para un proceso penal;

2) en las fotografías tomadas a la demandante no existe ninguna circunstancia que la haga desmerecer en su consideración ajena puesto que la mayoría de ellas muestran a la demandante en su vida cotidiana, paseando por la calle, en el parque o realizando alguna actividad lúdica, sin que se vea afectado su derecho a la intimidad;

3) el visionado de las fotografías tuvo lugar, según reconocen las partes, en la sede de un tribunal y a los únicos efectos de servir de prueba en un proceso, sin que exista ninguna circunstancia para pensar que puedan usarse fuera de ese ámbito”.

  Se consideró en apelación que “no existió intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen” sobre los tres pilares arriba señalados.

  Lo interesante de la Sentencia es que el derecho a la propia imagen “como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de los demás derechos fundamentales (…), o de la concurrencia de singulares circunstancias, diversas y casuísticas, de variada índole subjetiva u objetiva, que, en un juicio de ponderación y proporcionalidad, excluyen la apreciación de la ilicitud o ilegitimidad de la intromisión”.

  La Sala no considera que la captación y utilización de la imagen de la recurrente no vulneraron su derecho a la propia imagen por:

1ª) El contexto en que se hicieron las fotografías (las fotografías se tomaron de día, en lugares públicos y en momentos normales de la vida cotidiana de la recurrente).

2ª) El destino de las fotografías (presentadas en un procedimiento judicial).

3ª) No hubo ánimo de lucro en el uso de las fotografías.

4ª) Justifica su utilización “no solo por el derecho de los demandados-recurridos a defenderse de lo que mendazmente se les imputaba, es decir los perjuicios que su conducta estaba causando a la demandante-recurrente, sino también por el interés público en evitar la obstrucción al ejercicio de la potestad jurisdiccional, obstrucción evidente por parte de la demandante- recurrente al haber alegado su marido que la misma no podía comparecer al juicio por encontrarse impedida para salir de casa”, cuando las fotografías evidenciaban la falsedad de dicha afirmación.

  Tal vez el último apartado sea el más importante para el motivo de este artículo, pues en todo caso el consejo es grabar para defenderse de acusaciones infundadas, para demostrar hechos como el que la provocación fue orquestada por el contrario o premeditada o iniciada por la parte contraria, siempre recordando que es el Juez quien de forma discrecional decidirá sobre su admisión.

Fuente:

Sentencia del Tribunal Constitucional 29 de noviembre de 1984.

Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2014.

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