La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

El colmo de la hipocresía: el ex ministro Lopez Aguilar clamando contra la “desigualdad ante la ley” [30/07/2014 ]

In Casos sangrantes, Corrupcion feminazi, Ideologia feminazi de genero, Legislacion on 14 mayo, 2015 at 16:12

image ¿Se imaginan a Goebbels en un artículo soltando diatribas contra la discriminación racial después de descubrirse los campos de exterminio? Sería el summum de la desvergüenza, ¿verdad?

No obstante lo cual, el señor Marqués ex ministro socialista Juan Fernando López Aguilar no tuvo ningún recato en publicar en el diario El Mundo un artículo lamentándose por la falta de “desigualdad ante la ley” en tiempos del PP.

Que todo un feminazi como él, que resucitó el derecho penal de autor de la Escuela de Kelsen, que estableció penas distintas y desproporcionadas a los hombres heterosexuales por el solo hecho de serlo, que puso todos los obstáculos habidos y por haber para que no primase el derecho de los padres a la custodia compartida y que no tuvo reparo en afirmar que eso de las denuncias falsas era algo “asumible”, eso, todo eso junto, clama al Cielo por el grado de CANALLERÍA, DESVERGUENZA, HIPOCRESÍA Y CINISMO.

Por si no se lo terminan de creer, ahí llevan el susodicho articulito, cuyas letras debiera comerse el mismo que las escribió y que en estos momentos se halla incurso en un proceso de viogen por haber maltratado reiteradamente de obra y de palabra a su propia esposa.

Los más canallas suelen ser siempre los más hipócritas. No falla. Léanlo y sorpréndanse. Y parafraseando a Azaña, si el señor marqués aforado Aguilar no se ruboriza por su desverguenza, permítasenos que nosotros nos ruboricemos por él.

TRIBUNA JUSTICIA

Desigualdad ante la ley

AJUBEL

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

Actualizado: 30/07/2014 21:36 horas

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CON DETERMINACIÓN, el Gobierno del PP perpetra desde hace años una implacable exaltación de la desigualdad en todos los ámbitos a su alcance. También en el de la Justicia. Los retrocesos en derechos y libertades, la regresiva ley del aborto, la contrarreforma del CGPJ y, sobre todo, la ley de tasas prohibitivas contra el acceso a la tutela judicial han exasperado como nunca la desigualdad ante la ley.

Se ha subrayado menos la notoria subversión del papel de la Fiscalía Anticorrupción. Creada originariamente en 1995 por el último Gobierno de Felipe González (en plena ofensiva de los escándalos), fue sometida a un letargo cómplice para encubrir la apoteosis de la cultura del ladrillo durante los años de Aznar. Como ministro de Justicia del primer mandato de Zapatero, desde una conciencia activa y un compromiso combativo contra toda corrupción, la reactivé legalmente, la relancé organizativamente, la reforcé en sus medios y la desplegué territorialmente. Empezando por los puntos más calientes de la corrupción urbanística, que ya era obscena y rampante cuando los socialistas regresamos al Gobierno (costa mediterránea, Madrid, Baleares y Canarias).

Conforme a la Constitución (art. 124 CE), la función del Ministerio Fiscal es la de promover el interés público en defensa de la legalidad; y ejercer especialmente el ius puniendi del Estado mediante la acción penal en la investigación de los delitos y de sus responsabilidades. Los principios organizativos de su unidad de actuación y la dependencia jerárquica tienen como objetivo el de asegurar, con imparcialidad, la igualdad ante la ley.

Cualquiera que tenga alguna experiencia con la Justicia sabe que no es normal que la Fiscalía se sitúe sistemáticamente del lado del imputado y en oposición a las medidas investigadoras incoadas por el juez instructor en la conducción de un sumario. Puede pedir o no ésta o aquélla otra diligencia, pero si otra parte o el instructor las pide, la Fiscalía raramente se toma el trabajo de redactar escritos de oposición o recursos farragosos y prolijos, toda vez que para hacerlo debería rendir cuentas y explicarse ante sus superiores o ante la sociedad.

Más insólito aún es que vierta invectivas, descalificaciones y juicios de intenciones respecto del propio juez, con tal de exonerar a toda costa a la persona investigada, no ya de responsabilidad -lo que, con todas las garantías de la presunción de inocencia, se dilucidaría sólo en juicio-, sino hasta de la pertinencia de una declaración sobre una eventual imputación en el curso del sumario.

Pues bien, de un tiempo a esta parte hemos venido asistiendo con estupefacción a una inversión de la lógica del Ministerio Fiscal en la investigación penal, lo que es singularmente grave cuando se trata nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción. Así, en casos muy sonoros en los que de alguna manera aparecen implicadas personas o instituciones conectadas al Partido Popular (Blesa y Caja Madrid, Ático marbellí del presidente madrileño, ciertas incidencias en los casos Gürtel o Palma Arena), el fiscal se ha retratado desacomplejadamente. Obstaculizando o recurriendo las actuaciones investigadoras. Alegando la ausencia de objeto o de «caso», despachándose insólitamente sobre la «endeblez» o «irrelevancia» de las «meras conjeturas» sobre las que se habría abierto el sumario judicial. O poniendo bajo sospecha la «premeditación» del instructor, como si pudiera sostenerse la idea de que una diligencia pudiera ordenarse por mero «acto reflejo» en lugar de «meditarla» antes de ponerla en marcha.

El caso paroxístico lo ejemplifica, obviamente, la imputación por el juez Castro a la infanta Cristina de dos delitos (fiscal y blanqueo) en el sumario Nóos. Lo criticable aquí no es la actuación de la persona sujeta a investigación, cuyos derechos constitucionales (art. 24.2 CE) permanecen intactos, y es lo normal que se emplee a fondo en hacerlos valer.

Lo criticable aquí es el empeño del fiscal anticorrupción en que en ningún caso se dilucide nada, nada de nada, que tenga que ver con ella…Por más que resulte evidente que no es eso lo que la sociedad espera de un fiscal que persiga sospechas de corrupción respetando la igualdad ante la ley.

No se recuerda un caso parejo de sistemático recurso de oposición del fiscal a todo aquello que apunte a las eventuales responsabilidades de una persona incursa en hechos revestidos de aparente relevancia penal, ni tanta desigualdad en ese empecinamiento según a quién afecte la actuación judicial.

Nunca, con nadie más, habíase visto a un fiscal aplicarse a un ejercicio comparable de celo y celeridad, oponiendo en 24 horas escritos de docenas de folios, sin otro objetivo alegado que la proclamación beligerante de una inocencia trocada en inimputabilidad y consiguientemente en impunidad a priori. Y todo ello sin perjuicio de los méritos o, en su caso, defectos de una investigación obligada por la ley, so pena de desmontar la vinculación general de la legalidad penal y la igualdad ante ésta.

La contumacia del fiscal a la hora de recurrir las actuaciones judiciales reviste todas las trazas de un monumento de exaltación de la desigualdad. No cabe imaginar que en un contexto semejante su comportamiento fuera ése si se tratara de otra persona distinta. Desigualdad, sí, ante la ley, pero no de la persona sujeta a la investigación, que está en su perfecto derecho a postular su inocencia, sino en el ejercicio de la función procesal del Ministerio Fiscal.

Nada más demoledor para el prestigio de la ley y nada más desolador para la reputación del Ministerio Fiscal y su vinculación al principio constitucional de igualdad. Contraproducente, además, para quienes abogamos por confiar al fiscal mayores capacidades para la investigación penal previa al enjuiciamiento, con todas las garantías ante un juez independiente.

Juan Fernando López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Justicia.

http://www.elmundo.es/opinion/2014/07/30/53d9492b22601dd4338b4573.html


OTRA PERLA DE LA HIPOCRESÍA ES ÉSTE EDITORIAL DEL DIARIO SUPER-FEMINAZI EL PAÍS, echando espumarajos contra Gómez de Liaño a la vez que se quejaba de la “desigualdad ante la ley”.

Cosas veredes, Sancho. El articulo data de 1997.

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Desigualdad ante la ley

EL PAÍS 7 MAY 1997

EL JUEZ de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño decidió ayer emprender un nuevo rumbo en el asunto Sogecable. Tras las declaraciones tomadas a tres consejeros de la sociedad, sin adoptar medidas cautelares contra ninguno de ellos, cambió de ánimo y prohibió salir de España a Carlos March y Leopoldo Rodés, con obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. Al segundo, como miembro de la comisión ejecutíva de la sociedad, le obliga, además, a estar permanentemente localizado en un número de teléfono.Excepto el efecto intimidatorio para los consejeros que restan aún por declarar -dos meses después de la apertura de diligencias previas-, nada explica el cambio. La posición de Carlos March en Sogecable es milimétricamente exacta a la de los consejeros anteriores. ¿Por qué entonces el trato diferente? ¿Tal vez por su mayor relevancia social? Desde ayer, dos empresarios que simbolizan un capitalismo moderno, comprometido en ambos casos con la promoción de la cultura, no podrán abandonar el país por pertenecer al consejo de una sociedad que legalmente utiliza su fondo de abonados de idéntica manera que otras empresas de televisión de pago en Europa.

Por lo demás, y a la luz del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que tanto le gusta invocar en sus autos, Gómez de Liaño tendrá que explicar este trato desigual a los iguales. Son ya varias las decisiones tomadas en este caso por el juez que cuando menos atentan contra la ecuanimidad. La aceptación en minutos de una complicada denuncia basada en acusaciones periodísticas, la acumulación de sorprendentes acusadores populares o la arbitrariedad en conceder o denegar permisos de salida del país son sólo una muestra. Nada parece importarle al juez que la obligación establecida en la nueva ley de televisión digital -promulgada ayer- de depositar las aportaciones de abonados en una cuenta especial sea un reconocimiento explícito de que hasta ahora no había ninguna limitación legal en la materia.

Las acciones judiciales se producen al mismo tiempo que las medidas del Gobierno contra la empresa que ha lanzado Canal Satélite Digital y en combinación con un desaforado concierto de ataques desde las peanas periodísticas del poder. Todo viene a corroborar que estamos, y así se ha entendido ya en no pocos ámbitos españoles y extranjeros, ante un ataque concertado contra un grupo de comunicación incómodo para los actuales gobernantes. Y para ello se recurre a la intimidación y a la amenaza. Detestable desde las tribunas periodísticas, terrible desde el Gobierno y sobrecogedor desde la justicia.

http://elpais.com/diario/1997/05/07/opinion/862956003_850215.html

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