La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

LAS LEYES NAZIS DE NÜREMBERG Y EL DERECHO PENAL DE AUTOR DE LA ESCUELA DE KIEL, ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LAS LEYES FEMINAZIS DE GENERO DE ZAPATERO

In Corrupcion feminazi, Denuncias falsas, Ideologia feminazi de genero, Legislacion on 17 mayo, 2015 at 18:36

RUPTURA TOTAL DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD (EL ART. 14 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA QUEDA EN PAPEL MOJADO), DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA Y DE COSA JUZGADA (NON BIS IN IDEM)

VÉASE DÓNDE Y CÓMO SE DISCRIMINA AL VARÓN HETEROSEXUAL POR EL HECHO DE SERLO SIMPLEMENTE,

“Al final el progresismo conduce al III Reich! Enhorabuena ZP-Mr-Bean! El nacional-socialismo y el socialismo se dan la mano. Es bueno que se clarifiquen las cosas.”, llega a decir un contertulio.

LAS LEYES NAZIS DE NÜREMBER DISCRIMINABAN POR RAZA; LAS DE ZAPATERO, POR SEXO.

CURIOSAMENTE, SÓLO SE PERSIGUE AL VARÓN HETEROSEXUAL, QUEDANDO AL MARGEN LAS RELACIONES HOMOSEXUALES DE GAYS Y LESBIANAS. EN CONSECUENCIA, DICHA LEY FEMINAZI DE MEDIDAS INTEGRABLES…. CONSTITUYE UN ATAQUE A LA FAMILIA TRADICIONAL. LAS DEMÁS RELACIONES HOMOSEXUALES, PESE A SER MÁS VIOLENTAS ESTADÍSTICAMENTE, QUEDAN DESATENDIDAS.


EL CONSTITUCIONAL SIGUE EL DERECHO PENAL DE AUTOR USADO POR LOS NAZIS PARA DAR POR BUENA LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

15 MAYO 2008 REDACCIÓN 23 COMENTARIOS

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por siete votos a favor y cinco en contra la constitucionalidad del artículo 153.1 del Código Penal modificado por la ley de violencia de género y que permite elevar las penas en los casos en los que el varón sea el agresor y la mujer la víctima. El mismo acto merece mayor reproche penal cuando es cometido por el hombre contra la mujer, según el fallo del alto Tribunal. La resolución del Pleno del TC obedece a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia respecto al mencionado artículo. La duda de la juez se sustentaba en la posible violación del principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Según el TC, socialmente es más reprobable que un hombre pegue a una mujer que viceversa y, por tanto, defienden que el varón sufra mayor pena que si es la mujer la que ataca al varón. Para los jueces, las conductas de los hombres que son sancionadas por la ley de violencia sexista responden a una cultura dominante y machista. A su juicio, este tipo de hombres, en sus relaciones de pareja, actúan desde una posición de superioridad.

El alto tribunal hará público en los próximos días el texto de la sentencia

Tal tesis viene a romper con el tradicional principio de nuestro sistema jurídico que adopta un derecho penal de acto y no de autor, resultando prohibido punir o usar como agravantes personalidades, formas de ser o estados peligrosos. No se puede castigar a una persona por lo que es, sino por lo que hace. De tal manera el TC viene a resucitar las doctrinas de la Escuela de Kiel, en las que se basó el sistema penal del régimen nacional socialista de Hitler. Esta teoría del derecho penal de autor criminalizaba a las personas por la pertenencia a un colectivo o por sus cualidades y características personales, con independencia del acto criminal concreto que hubieran cometido. Así, análogamente, la bofetada del hombre contra su pareja femenina se castiga más severamente, como delito, mientras que la misma  bofetada propinada por la mujer a su pareja masculina, se castiga más levemente, como falta. La razón de la punición pues no esta en el acto, sino en al autor y su pertenencia a un colectivo, el sexo masculino, que se presume obra siempre por móviles machistas.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Pascual Sala, justifica el distinto trato que recibe el hombre porque la norma se limita a regular las relaciones de pareja. En este marco concreto, los jueces apoyan que una ley proteja a las mujeres frente a las agresiones de los hombres castigándoles más severamente que a ellas por la comisión de los mismos actos, porque en el 99% de los casos, ellas son las víctimas de los delitos que recoge la ley de violencia sexista.

Así a la pertenencia a un colectivo añadimos la frecuencia estadística de los actos para agravar la pena a la persona concreta. Un peligroso y aberrante criterio que podría abrir la agravación de las penas para colectivos según cometan más frecuentemente determinados tipos de delitos.

http://www.minutodigital.com/actualidad2/2008/05/15/el-constitucional-sigue-el-derecho-penal-de-autor-usado-por-los-nazis-para-dar-por-buena-la-ley-de-violencia-de-genero/

 


CÓDIGO PENAL ESPAÑOL REFORMADO TRAS LEY FEMINAZI 1/2004 DE MEDIDAS INTEGRALES DE PROTECCIÓN A LA MUJER

Artículo 153.

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

CAPÍTULO II
De  las amenazas

Artículo 171.

4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso,
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el
domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

——

CAPÍTULO III
De las coacciones
Artículo 172.
2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

 

TÍTULO VII
De las torturas y otros delitos contra  la integridad moral

Artículo 173.
2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al  número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

[ESTE ÚLTIMO INCISO, TOTALMENTE INADMISIBLE EN UN ESTADO DE DERECHO, DEROGA DE FACTO EL PRINCIPIO PENAL DE COSA JUZGADA, NON BIS IN IDEM

Y LO ES EN UN DOBLE SENTIDO: NO SE NECESITA SIQUIERA QUE ESOS SUPUESTOS ACTOS VIOLENTOS HAYAN SIDO ACREDITADOS JUDICIALMENTE, SINO QUE BASTA LA SOLA INTERPOSICIÓN DE REPETIDAS DENUNCIAS FALSAS, AUN CUANDO ÉSTAS HAYAN SIDO ARCHIVADAS POR SU FALSEDAD O FALTA DE FUNDAMENTO. LA DESPROTECCIÓN DEL VARÓN ASÍ CONFIGURADA ES TOTAL]



Leyes de Nuremberg del 15 de setiembre de 1935

Ley de ciudadanía del Reich y Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes del 15 de septiembre de 1935.

En: Boletín Oficial del Reich, año 1935, parte I, págs. 1146-1147

El Reichstag ha sancionado por unanimidad la siguiente ley, que queda promulgada por la presente
Artículo 1°
1) Será considerado ciudadano con todas las responsabilidades inherentes todo aquel que disfrute de la protección del Reich alemán y que por ello esté en especial deuda con él.
2) La ciudadanía se adquiere de acuerdo con las normas que establecen las leyes del Reich y de ciudadanía nacional.
Artículo 2°
1) La ciudadanía del Reich se limitará a los connacionales de sangre alemana o afín
que hayan dado debida prueba, a través de sus acciones, de su voluntad y disposición de servir al pueblo y al Reich alemán con lealtad.
2) Los derechos de ciudadanía del Reich se adquieren mediante la obtención de la
carta de ciudadanía del Reich.
3) El ciudadano del Reich es el único titular de todos los derechos políticos de acuerdo con lo establecido por la ley.
Artículo 3°
El Ministro del Interior sancionará, previo acuerdo del representante del Führer, los reglamentos jurídicos y administrativos necesarios para hacer cumplir y complementar la ley de ciudadanía del Reich.
Nüremberg, 15 de septiembre de 1935
Día de la Libertad
El Führer y Canciller del Reich Adolf Hitler
El Ministro del Interior Frick
Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes
del 15 de septiembre de 1935
Imbuidos de la conciencia de que la pureza de la sangre alemana constituye la condición imprescindible para la continuidad del pueblo alemán y animados por la
voluntad indeclinable de asegurar el futuro de la nación alemana por todos los tiempos, el Reichstag ha sancionado por unanimidad la siguiente ley, que queda promulgada por la presente:
Artículo 1°
(1) Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Los matrimonios celebrados en estas condiciones son nulos aun si hubieren sido celebrados en el extranjero a fin de evitar ser alcanzados por la presente ley Nº 100.
Fecha de edición: Berlín, 16 de septiembre de 1935 1147
N° 100 – Fecha de edición: Berlín, 16 de septiembre de 1935
(2) Únicamente el representante del ministerio público podrá elevar una demanda de nulidad.
Artículo 2°
Queda prohibido el comercio carnal extramatrimonial entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín.
Artículo 3°
Los judíos no podrán emplear en su hogar a ciudadanas de sangre alemana o afín
menores a los 45 años.
Artículo 4°
(1) Queda prohibido a los judíos izar la bandera del Reich o la enseña nacional como así también exhibir los colores patrios.
(2) En cambio quedan autorizados a exhibir los colores judíos. El ejercicio de esta
autorización queda sometida a protección estatal.
Artículo 5°
(1) Quien infrinja la prohibición establecida en el artículo 1° será castigado con pena de presidio.
(2) Todo hombre que infrinja la prohibición establecida en el artículo 2° será castigado con pena de prisión o presidio.
(3) Quien infrinja las disposiciones de los artículos 3° o 4° será castigado con arresto en cárcel de hasta un año y/o el pago de una multa.
Artículo 6°
El Ministro del Interior sancionará, previo acuerdo del representante del Führer, los reglamentos jurídicos y administrativos necesarios para hacer cumplir y complementar la ley de ciudadanía del Reich.
Artículo 7°
La ley entrará en vigor el día siguiente a su promulgación; el artículo 3 sólo entrará en vigor a partir del 1° de enero de 1936.
Nüremberg, 15 de septiembre de 1935,
Día de la Libertad
El Führer y Canciller del Reich Adolf Hitler
El Ministro del Interior Frick
El Ministro de Justicia Dr. Gürtner
El representante del Führer R. Hess Ministro del Reich sin cartera

Comentario a cargo de Daniel Rafecas
Introducción
Las leyes de Nüremberg no fueron las primeras en el proceso de segregación legal al que fue sometido el colectivo judeoalemán desde la misma ascensión de Hitler al poder en 1933, sino más bien, un eslabón -importante- de una larga cadena de productos jurídicos emanados del régimen nazi, que continuaron en los años siguientes y se aceleraron con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Esta producción normativa constante estuvo dirigida unívocamente al paulatino desmantelamiento de las libertades y garantías ciudadanas, esto es, al anegamiento de los restos del Estado de Derecho heredado de la República de Weimar, y a su veloz reemplazo por un Estado policial que se fue librando de todo tipo de controles o límites en el ejercicio del poder, y tuvo su punto de partida en 1933 con la aprobación por parte del Parlamento alemán (Reichstag) y a pedido del Führer, de una ley de emergencia por la cual se echó mano del artículo 48 de la Constitución alemana (diseñada en el período democrático precedente) que autorizaba la suspensión transitoria de derechos y garantías ciudadanas ante la puesta en peligro de las bases del Estado y de la sociedad. ¿Hace falta aclarar que este estado de emergencia, o como sostiene Giorgio Agamben, este estado de excepción, supuestamente transitorio, se mantuvo hasta el 8 de junio de 1945? ¿Hace falta mencionar que Hitler ni se molestó durante su régimen en derogar aquella Constitución liberal?.
Así las cosas, y bajo el amparo de este estado de excepción, y merced a los juristas del régimen favorables a la expansión del poder estatal, ese mismo año se sancionó la “Ley sobre el delincuente habitual”, la primera importante reforma del Código Penal, que consagró un sistema muy amplio dederecho penal de autor, que proporcionó la primera población de “enemigos” (entre ellos, los judíos, pero también comunistas, socialdemócratas, liberales, mendigos, reincidentes, homosexuales, etc.) para los recién instalados campos de concentración, como el de Dachau, en las afueras de Munich.
Ese mismo año, la “cláusula aria” de la “Ley del Servicio Civil” obligó a la expulsión de jueces, abogados y profesores universitarios judíos de sus actividades, así como del resto de la administración pública. Es célebre la interpretación ampliatoria ideada y reglamentada por un rector para así también alcanzar con la expulsión a los becarios universitarios: la Universidad era la de Friburgo, el rector, Martín Heidegger.
También fue importante la “Ley contra la Masificación de los Colegios Alemanes”, promulgada el 25 de abril de 1933, que redujo al 1,5 % la cuota de aceptación de judíos en colegios y universidades, ya que -sostenían los nazis- ése era el porcentaje de la población total judeoalemana (en 1938 la expulsión sería total).
A estas y muchas otras leyes despóticas, le siguió en junio de 1935, una nueva reforma al Código Penal alemán en la que trabajó reconocido jurista penal Edmund Mezger (conforme nos informa Francisco Muñoz Conde), que introdujo la analogía en perjuicio del acusado, cuando “el sano sentimiento del pueblo alemán” así lo exigiese.
Por supuesto, detrás de estas leyes había una enorme burocracia puesta al servicio del poder estatal autoritario. Los más dedicados a estos temas actuaban en el marco del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Ambas carteras contaban con expertos en asuntos de legislación judía -que participaron activamente en los decretos antijudíos-, pero también los había en Economía, en Asuntos Extranjeros y en la propia Cancillería del Reich.
Las leyes de Nüremberg
Las denominadas leyes de Nüremberg, fueron sancionadas en 1935, apenas dos años después del ascenso de Hitler al poder en Alemania, y bastante lejos de cuando los historiadores cifran el comienzo de la solución final del pueblo judío, en el verano de 1941.
Su génesis se dio el 13 de septiembre de 1935, fecha en que Hitler ordenó que en dos días se redactase una norma tendiente a proteger la sangre y el honor alemanes. Se reunieron numerosos funcionarios, la mayoría abogados, de distintas dependencias, que se pusieron a trabajar inmediatamente. Dos días después, la norma estaba sancionada y publicada oficialmente.
En ella tuvieron especial desempeño dos letrados, el Secretario de Estado del Ministerio del Interior, Dr. Wilhelm Stuckart y su experto en asuntos judíos, Dr. Bernhard Lösener. Este último, que para esa época tenía 33 años, fue autor de no menos de 27 decretos antijudíos durante la vigencia del nazismo (es interesante señalar que tras la caída del régimen, Lösener estaba en libertad ya en 1949 y que volvió a la función pública en Colonia).
La sanción de esta legislación fue precedida de una amplia difusión, y al momento de su sanción, fue acompañada por una gran campaña de prensa oficial, que aplaudía la decisión del Führer de separar arios de judíos en el seno de la comunidad alemana.
Su misma denominación remite a uno de los sitios fundacionales del nacionalsocialismo, en donde año tras año el hitlerismo rendía honor a los mártires del partido y se llevaban a cabo vistosos y multitudinarios desfiles (precisamente en dicha localidad, y en el marco del festejo correspondiente al año de 1935, es que se redactó esta norma).
La ley en cuestión necesitó de ulteriores aclaraciones, en especial, porque no definía quién debía considerarse “judío” desde el punto de vista jurídico. Allí apareció en escena nuevamente el experto Lösener, autor intelectual de la Primera Ordenanza de la Ley de Ciudadanía del Reich, fechada el 14 de noviembre de 1935, que aclaraba el punto y que además estableció un método automático que separaba a los judíos en distintas categorías. Estas frías y calculadas especificaciones tendientes a definir quién era “judío” en sentido técnico-legal, ni bien entrada en vigor la legislación el 1º de enero de 1936, fueron rápidamente asumidas por la maquinaria burocrática estatal puesta al servicio de la persecución de esta colectividad, y luego sería copiada fielmente en casi todos los territorios anexados, conquistados o bajo regímenes aliados a Hitler.
Quisiera subrayar el hecho de que no sólo Alemania, sino todo el mundo supo de la entrada en vigor de esta legislación abyecta. Y lo cierto es que prácticamente no hubo críticas ni condenas, sino todo lo más, un distanciamiento de la cuestión, señalándose que se trataba de una cuestión de política doméstica de Alemania, que no pasaría a mayores consecuencias. La convocatoria del régimen nazi al año siguiente, en oportunidad de ser Berlín sede de los Juegos Olímpicos, no deja lugar a dudas al respecto.*
Estas tristemente célebres leyes racistas de Nüremberg, apuntaban a marginar a los judíos de la sociedad a través de la prohibición, bajo severas penas, de por ej. matrimonios mixtos o relaciones sexuales entre personas judías y alemanas.
Su aplicación por parte de los Tribunales penales alemanes.
En primer lugar, debe aclararse que los tribunales penales a esa altura ya estaban convenientemente depurados de sus jueces y fiscales “liberales” que no acompañaban la ideología imperante ni tenían vocación totalitaria, y fueron reemplazados por miembros del partido nazi que cumplían con las expectativas de Hitler.
Es más, los tribunales penales ordinarios fueron perdiendo terreno en favor de los llamados Tribunales Especiales (Sondergerichts), con competencia en crímenes de índole política, entre ellos, los definidos en las leyes de Nüremberg.
Así, las condenas a reclusión en campos de concentración o directamente a la pena de muerte de acusados judíos no tardaron en llegar y se convirtieron en moneda corriente las noticias al respecto en las primeras planas de los diarios de mayor circulación de Alemania.
Si bien el delito no preveía formalmente la pena de muerte, ello no era obstáculo para introducir la pena capital, pues había diversas agravantes que, interpretadas ampliamente, eran aplicables sin más a los judíos imputados, especialmente luego del advenimiento de la guerra mundial en septiembre de 1939.
Los casos generalmente partían de la consigna según la cual, si se contraía un matrimonio mixto después de la entrada en vigor de la ley, se lo consideraba nulo de pleno derecho, y las partes eran acusadas inmediatamente de mantener relaciones extramaritales.
Estas normas, al ser pasadas por la lente de la analogía in malam partem convenientemente sancionada en el mismo año 1935, llevaron a que, en palabras del historiador Raúl Hilberg, “las cortes juzgaran que el intercambio sexual no tenía porqué llegar a consumarse para desatar las previsiones criminales de la ley: bastaba la gratificación sexual de una de las personas en presencia de la otra. Tocando, o hasta mirando podía ser suficiente. El razonamiento en estos casos era que la ley protegía no sólo la sangre sino también el honor, y un alemán, específicamente una mujer alemana, era deshonrada si un judío se le aproximaba o la provocaba sexualmente de cualquier manera”.
Por ejemplo, hubo un caso en el que un ciudadano alemán, convertido al judaísmo en 1932, se trasladó a Checoeslovaquia y se casó en 1938 con su novia judía. Fue detenido por ultraje a la raza(así era la denominación del delito principal de las leyes de Nüremberg), dado que en definitiva, afirmaba el fiscal, no era más que un caso de relaciones sexuales entre una judía y un alemán. El acusado alegó en su descargo que era judío, pero el tribunal penal rechazó este argumento, ya que solamente se era judío si encuadraba en la legislación diseñada por Lösener. También alegó que el supuesto delito se había cometido fuera del territorio de aplicación de la ley (lo cual era cierto, pues formalmente se trataba de otro país), pero el Tribunal lo condenó de todos modos, señalando que el acusado había abandonado el país con el propósito de hacer algo contrario a la ley y que su emigración formaba parte de la ofensa total.
Otro ejemplo de estos procesos judiciales a partir de las leyes que estamos comentando, fue la condena a muerte de Lehmann Katzenberger, jefe de la comunidad judía, nada menos que de la ciudad de Nüremberg.
En 1932, Katzenberger, de 59 años, era propietario de un comercio mayorista de venta de calzados, y entabló una relación de tutoría para con una muchacha católica de 22 años que trabajaba en el mismo edificio, a pedido de su padre. Desde esos años, a pesar de que la joven se casó y hasta luego de comenzada la guerra, la relación de afecto entre ambos continuó. Cuando la Gestapo se enteró de ello, detuvo a Katzenberger, de casi 70 años, acusándolo de ultraje a la raza. El caso, interesó especialmente al Juez del Tribunal Especial, Dr. Rothaug, un fanático nazi que vio la oportunidad de demostrar en un juicio su adscripción ciega al régimen. Fueron audiencias orales públicas y reproducidas al detalle por radios y diarios, en donde se montó la parodia de un “debate” en el que sólo se reiteraban las humillaciones para con el acusado y las invectivas antisemitas. El 13 de marzo de 1942, Rothaug, acompañado con otros dos “jueces”, dictó sentencia, de la que ha quedado registro. Allí se sostuvo en un párrafo:
“Se dice, por lo tanto, que ambos se habían aproximado sexualmente de diversas maneras, incluida la relación sexual plena. Se alega que se han besado, a veces en la vivienda de la señora Seiler, y otras en el negocio de Katzenberger. Se alega que Seiler se ha sentado en el regazo de Katzenberger y se dice que éste, con intención de recibir satisfacción sexual, le ha acariciado el muslo por encima de la ropa. En tales ocasiones, se alega que Katzenberger ha acercado a Seiler hacía sí y ha reposado la cabeza sobre el pecho de ésta”.
El Tribunal condenó a Katzenberger a muerte (apelando al agravante de aprovechamiento de la situación de guerra, afirmando que el acusado se valió de los apagones debidos a los bombardeos para abordar a la joven), y a la Sra. Seiler a prisión por falso testimonio. El primero fue ejecutado en junio. La segunda, liberada a los seis meses**.
Éstas y muchas otras sentencias daban la pauta de que se trataban estos casos con especial severidad. Cualquier indicio de amistad predisponía a la condena. La carga de la prueba recaía sobre la defensa. Un judío acusado de estos delitos prácticamente no tenía escapatoria a la muerte, ya sea indirecta (por su reclusión en un campo de concentración) o directa.
Es más, el Reichsgericht, tribunal supremo en materia penal, sentenció el 26 de noviembre de 1942 que la vigencia de las leyes de Nüremberg obligaba a todo alemán que desease mantener relaciones sexuales con cualquier mujer tenía el deber legal de inspeccionar sus documentos para cerciorarse de que no era judía, lo cual significaba que ningún error al respecto era excusable (recordemos que hacía tiempo que en todos los documentos de identidad del Reich, las mujeres judías figuraban con el nombre “Sara” bien visible o la letra “J” o la palabra “jude”, de acuerdo al lugar de residencia).
Agrega al respecto Muñoz Conde, con relación a las sentencias impartidas en aquel contexto, que “lo que impresiona no es ya su dureza o crueldad, con ser tanta, sino la fundamentación que dan a las mismas jueces profesionales que aplican todo el rigor dogmático y las reglas hermenéuticas tradicionales para determinar conceptos como el de «acción deshonesta», «ultraje a la raza» o «la pena adecuada a la culpabilidad»”.
Todavía en aquel año, 1942 (recordemos que a esa altura el territorio del Reich ya estaba judenfrei, es decir, “libre de judíos”, pues habían sido deportados a los guetos de Lodz y Vilna, entre otros), al menos 62 judíos fueron condenados por “ultraje a la raza” en distintas ciudades de Alemania.
La propia colectividad judía alemana no advirtió ni presintió lo que se venía. Tomó nota de las restricciones, y se adaptó a la situación. Ya lo habían hecho antes, pues la historia del judaísmo en Europa es la historia de las persecuciones y la intolerancia. Lo harán después, incluso frente a las leyes que les ordenaron llevar la estrella judía en sus ropas, la de entregar todos sus bienes, la de recluirse en guetos, la de su deportación al este.
Cuando los dirigentes judíos advirtieron que esta no era una persecución secular más, sino que se apuntaba a su desaparición física total, era demasiado tarde: en Polonia ya estaban en marcha unos establecimientos industriales que se habían construido en el máximo secreto, que empleaban cianuro de hidrógeno solidificado como materia prima, y cuya producción en serie no era más que de cadáveres, los cuales luego se incineraban en hornos crematorios. Eran los campos de exterminio, un artefacto moderno nunca antes visto en la historia de la humanidad. Sus nombres se fueron conociendo uno tras otro: Auschwitz, Treblinka, Sobibór, Belzec, Chelmno, Majdanek. Ante esta perspectiva, a comienzos de 1942, la comunidad judía bajo el dominio nazi poco o nada podía hacer. Estaba aislada, depauperada y famélica. Ya no tenía escapatoria.
Conclusiones.
Las leyes de Nüremberg dieron sustento jurídico para la individualización y posterior segregación de los judíos del resto de la población en toda la Europa conquistada, y permitió de esta manera sentar las bases formales y materiales para los pasos posteriores del proceso de destrucción, esto es, la concentración en guetos, la deportación y el exterminio físico de millones de niños, hombres, mujeres y ancianos por la sola condición de encajar en algunas de las categorías de “judío” diseñadas por Stuckart y Lösener en Nüremberg en 1935.
Además, la producción jurídica -especialmente en el ámbito penal-, de Alemania durante los primeros años del nazismo, de las que las leyes de Nüremberg fueron un eslabón destacado, nos debe llamar a la reflexión sobre las claudicaciones paulatinas que se van realizando al Estado policial, racionalizadas como supuestos “sacrificios inevitables” frente a reclamos muy bien orquestados desde los sectores reaccionarios y con fuerte impulso de la propaganda oficial.
El régimen hitleriano fue avanzando de este modo. Manipuló a la opinión pública a partir de casos resonantes, apeló a la emoción, al prejuicio fente al diferente y a los instintos atávicos de venganza para eliminar a los que ellos consideraban irrecuperables, a las razas enemigas, a los portadores de una “vida que no merece ser vivida”, para finalmente apuntar prácticamente a toda la población, mediante el esquema típico con el que Hannah Arendt describe la dinámica de todo modelo totalitario de poder estatal.
El estudio de la era nacionalsocialista, especialmente de su legislación, nos revela que habían desaparecido todos los vestigios del Derecho penal liberal (con sus garantías indispensables: legalidad, lesividad, culpabilidad), arrasado por un ejercicio de poder punitivo estatal que terminó operando sin límites ni restricciones de ningún tipo.
Nos revela hasta qué punto la consolidación del Estado de Derecho como modelo de organización política depende de un sistema no sólo “válido” sino además “eficaz” de garantías penales y procesales, sustraídas a los designios de la mayoría de turno.
Nos señala que si lo que se quiere es ser partidario del Estado policial -tal como lo hicieron aquellos que propiciaron las leyes de Nüremberg-, hay que abandonar el Derecho penal y enrolarse en otro complejo discursivo que sea más funcional para lograr ese cometido, ya que el Derecho penal correctamente entendido, sólo es concebible como un freno a las pretensiones de un poder estatal potencialmente supresor de todas las libertades y de todos los derechos.

http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=105

 


domingo, 31 de julio de 2011

El penalismo nazi y la escuela de Kiel.

Von Liszt decía que: “la sociedad debe protegerse contra los irrecuperables, y como no podemos decapitar ni ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos queda otra cosa que la privación de libertad de por vida -en su caso, por tiempo indeterminado-”1.

Con estas clase de criterio, sin lugar a dudas, nos enfrentamos a un derecho penal autoritario, de autor y de peligrosidad [en contraposición a un derecho penal liberal, de acto y de culpabilidad por el cual tenemos que velar], violándose garantías constitucionales y produciéndose un retroceso o una involución del derecho penal.

Toda esa experiencia negativa que se ha vivido con el penalismo nazi y la escuela de Kiel se tiene que transformar en experiencia positiva para proclamar que no vuelva a acontencer.

En las naciones maduras no basta el prototipo del delincuente (“no es autor cualquiera que lleve a cabo la acción tipica, sino sólo el que responde a su esencia: no es ladrón todo el que toma una cosa ajena, sino el que tiene la esencia del ladrón” -Teoría de Dahm-) para poner en marcha a la justicia en materia penal.

Volver al derecho penal del enemigo sería desvirtuar la materia como lo ha hecho la escuela de Kiel que consideraba la esencia del delito como la violación al deber y no como la lesión al bien jurídico. Sería volver a los postulados de Lombroso y su teoría de “el hombre delincuente”, con su categoría de los delincuentes natos, o a la de Ferri, con su teoría de los grados de delincuentes y su clasificación en recuperables e irrecuperables. Sin olvidar a Rafael Garófalo que fue quien aportó el concepto de peligrosidad al derecho penal.

No hay que olvidar que la pena se justifica en sí misma y que la teoría de la retribución es la que mejor la representa y que su único límite es el principio de la proporción. La proporción de la pena es el principio que conduce más directamente a la verdadera justicia.

1 E. Raúl Zaffaroni, El penalismo nazi y la escuela de Kiel, UBA. Bs. As. 2010.

http://ultra-petitum.blogspot.com.es/2011/07/el-penalismo-nazi-y-la-escuela-de-kiel.html


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