La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

TRES JURISTAS CONTRA LA LEY FEMINAZI DE GENERO

In Denuncias falsas, Estadistica (datos estadisticos), Ideologia feminazi de genero, Legislacion on 23 diciembre, 2015 at 21:31

A raíz de la polémica desatada por la iniciativa del partido político CIUDADANOS, de suprimir el derecho penal de autor y la brutal e injusta discriminación sexista que sufren los varones de este país en la legislación española, dos juristas de reconocidísimo bagaje y prestigio se han posicionado contra la aberración del feminismo de género (comúnmente conocido como feminazismo), que entró en el Código Penal tras la ley viogen de 2004 como elefante en una cacharrería.

Ofrecemos íntegros por orden cronológico los artículos de don Javier Gómez de Liaño y de don Enrique Gimbernat, conocedores como pocos de los principios legales conculcados por dicha legislación sexista y discriminatoria: así, dejan traslucir a las claras que la LVG, impropia de un Estado que se precia de Democrático y de Derecho, vulnera los principios de IGUALDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

El catedrático Gimbernat, además, ataca los cimientos del mantra feminazi del 0,0001% de las DENUNCIAS FALSAS.

Por último, incluimos el no menos interesante e incisivo articulo de don Felipe Pérez del Valle, Consejero de la Corte Penal Internacional, quien advierte que esa ley totalmente injusta por discriminatoria penalmente, se aplica sin ninguna averiguación previa de si los hechos se ajustan o no a una degradación de la mujer por el hecho de serlo. Ello aparte, el millón y medio de hombres que han sido denunciados en falso y encarcelados, no han recibido ninguna compensación.


 

EL ESPAÑOL

 

OPINIÓN

No al Derecho Penal sexuado

El autor defiende la reforma penal en materia de violencia de género que propone Ciudadanos. Mantiene que aplicar una pena distinta en función de si el delincuente es hombre o mujer atenta contra la igualdad.

rivera

Jon Nazca/Reuters

JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO

12.12.2015 02:06 h.

El endurecimiento de las sanciones cuando el comportamiento está ya previamente tipificado, sólo puede defenderse desde un fundamentalismo que nos retorna al autoritario Derecho penal de autor frente al democrático Derecho penal de hecho” (Enrique Gimbernat)

Soy consciente de que cavilar sobre la igualdad del hombre y la mujer es tarea arriesgada y con escasas compensaciones. No digamos si se trata de posicionarse a favor de un partido que denuncia las desigualdades que un Código Penal encierra, que es lo que ha hecho Ciudadanos al incluir en su programa electoral para las Elecciones Generales del próximo 20 de diciembre, y es literal tomado del punto 4, penúltimo párrafo, la modificación de la "actual ley contra la violencia de género para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo".

Para comenzar, un breve turno de preguntas. ¿A qué tanto revuelo? ¿Cuáles pudieran ser los motivos de que los partidos contendientes se hayan lanzado a la yugular de Albert Rivera y de la señora Rivera de la Cruz? ¿Se trata de engatusar con la mera ilusión de la igualdad que puede acabar desilusionando? ¿No será una operación de imagen muy propia de la concepción que algunos tienen de la política? Y la última: ¿Por qué estar en contra de que hombres y mujeres sean iguales ante la ley penal?

Me opongo a que las mujeres tengan que ser, por decreto, distintas a los hombres y lo mismo pensaría si fuera al revés

Llevo varios años, tantos como cuarenta, interrogándome sobre la mujer y sus circunstancias y a falta de espacio para mayores explicaciones, digo que el artículo 14 de nuestra Constitución (CE) –lo mismo que el lema de Libertad, Igualdad y Fraternidad, triple grito de la Revolución Francesa–, por tópico que parezca, proclama un derecho inequívoco y generalizado en todas las democracias capaces de airear ese nombre con orgullo. Me opongo, pues, a que las mujeres tengan que ser, por decreto, distintas de los hombres y lo mismo pensaría si fuera al revés. Me consta que la política tiene algo de representación y sus oficiantes un tanto de actores, pero la diferencia entre un político auténtico y otro no más que figurante está en que el primero vive el drama, mientras que el segundo se queda en la farsa que los apuntadores de turno le susurran al oído.

Para empezar he de advertir que la iniciativa de Ciudadanos no es nueva. Es más. A raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG), aprobada con los votos del PSOE y del PP, ciento ochenta jueces, al amparo del artículo 163 CE plantearon "cuestiones de constitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional (TC), , al entender que varios artículos del Código Penal (CP) en relación a esos tipos delictivos, chocaban frontalmente con la Constitución; concretamente con los artículos 1.1., 9.1., 9..2. 9.3., 10, 14, 17, 24.2. y 25.1, relativos a los principios de igualdad, conectado con los valores de dignidad de la persona y justicia, al de presunción de inocencia, vinculado al principio de culpabilidad, al de legalidad y, finalmente al de seguridad jurídica. Y lo mismo pensamos otros tantos juristas al considerar que el desvalor de la conducta del maltratador no puede tener un plus de reproche penal por el mero hecho de ser hombre.

Decir como la LOVG dice en su artículo 1 que su "objeto es actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia", suena a dogma de fe feminista, en versión fundamentalista, como lo es la vía de imponer una pena superior a idénticas conductas –lesiones, coacciones y amenazas–, en función de si han sido ejecutadas por una persona perteneciente al sexo masculino o al femenino.

La tutela penal reforzada de la mujer implica situar a la mujer en posición subordinada respecto del sujeto masculino

Cierto que el Tribunal Constitucional en la sentencia 59/2008, de 14 de mayo, al resolver la primera de las cuestiones de constitucionalidad planteadas, respaldó la constitucionalidad de la norma –lo hizo con el resultado de 7 votos a favor y 5 en contra defendidos mediante votos particulares– y que en esta línea se mantuvo en las posteriores sentencias 81/2008, de 17 de julio, 45/2009, de 19 de febrero, 127/2009, de 26 de mayo y 41/2010, de 22 de julio. Sin embargo ello no me impide sostener que esa tutela penal reforzada de la mujer –que algunos llaman de "acción positiva"– a base de tipos delictivos que la protegen de modo más intenso –véanse los artículos 148.4 y 153.1 del Código Penal– frente a ciertos actos de violencia de sus parejas, implica situar a la mujer en posición subordinada respecto del sujeto masculino.

El principio de igualdad entre los españoles puede vulnerarse por defecto como por exceso. En función del sexo, de la religión, del nacimiento, del aspecto físico, de la raza, o de cualquier otra singularidad semejante, todas las diferencias que se intenten arbitrar para compensar desequilibrios históricos merecen ser tachada de contrarias a la Constitución y, en consecuencia, inadmisibles.

Aceptar las diferencias, como respetar las decisiones judiciales, no obliga a esquivar los desatinos, como lo es presuponer, frente a la presunción de inocencia, que siempre es circunstancia de agravación la vía de hecho ejercitada por un varón sobre su pareja o ex pareja femenina. La violencia "machista" puede ser sancionada por el Derecho Penal introduciendo una pena agravada cuando el delito sea una manifestación de aquélla, de la misma manera que el CP sanciona la xenofobia con la agravante 4ª del artículo 22, es decir "cometer el hecho por motivos racistas". Pero no siempre que la víctima pertenezca a una raza distinta de la del agresor puede entrar en juego la agravante, pues la apreciación de una agravante genérica o específica, ha de basarse en prueba que la sustente.

Reciba el lector esta opinión como un breve y modesto parecer que gustosamente someto a cualquier otro más fundado que el mío, empezando por el de Enrique Gimbernat –sin duda, el mejor catedrático español de Derecho Penal de entre los vivos y de ahí la cita que encabeza este comentario–, que en un artículo publicado en EL MUNDO el 16 de junio de 2008, con motivo de la primera de las sentencias del TC citadas, afirma que "cuando el supremo intérprete de la CE, en consonancia con la LOVG, trata de justificar el distinto tratamiento de las vías de hecho realizadas dentro de una relación presente o pasada de pareja, en función de si han sido ejecutadas por un hombre o por una mujer, apelando a las elevadas cifras de agresiones de carácter machista y a que las conductas tipificadas en el artículo 153.1 CP tienen el significado objetivo de reproducción de un arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte del varón en el ámbito de la pareja, lo que se está haciendo, lisa y llanamente, es aproximarse a la Sippenhaftung –responsabilidad por la estirpe– del Derecho germánico medieval y que significaba que los parientes respondían, no por lo que hacían, sino por lo que otra persona de su misma tribu había hecho".

Mantener que cualquier acción ejecutada por un hombre sobre una mujer tiene su origen en una relación de desigualdad es absurdo

Y, acudiendo a un supuesto, concluye que "la teoría que subyace en el art. 153.1 CP de que cualquier acción ejecutada por un hombre sobre una mujer tiene su origen en una relación de desigualdad entra en el terreno de lo esperpéntico en el caso de que el marido sea un liliputiense que empuja a una esposa que mide 1,85 metros y que, encima, es cinturón negro de judo, marido a quien, según la LVG y el TC, habría que aplicarle, no obstante, e indefectiblemente, ese tipo agravado del Código Penal·.

En fin. Es indudable que la igualdad del hombre y la mujer es una de las más altas empresas capaces de definir el nuevo mundo que amanece. Hoy las notables figuras del liderazgo femenino de principios de siglo pasado se quedarían de piedra al ver lo que se ha logrado en ese campo, pese a la presencia de algunas feministas y pseudofeministas dispuestas a hacer pagar a los demás el alto precio de sus dislates.

La mujer se ha ido liberando a medida que el hombre hacía lo propio y me parece importante no obstinarse con determinadas tesis radicales, como aquella que patrocinaba la exaltada Valerie Solanas en el Manifiesto por el exterminio del hombre. En la actual situación en que España se encuentra, a mí me aterran los niveles de estupidez de algunos políticos empeñados en abrir los ojos a las mujeres cuando ellas solas descubren y nos descubren el mundo cada mañana.

***Javier Gómez de Liaño es abogado y juez en excedencia

http://www.elespanol.com/elecciones/elecciones-generales/20151211/85991451_0.html



 

TRIBUNA

Ciudadanos y la violencia de género

 

AJUBEL

 

  • ENRIQUE GIMBERNAT

ACTUALIZADO 23/12/201502:27

 

La propuesta de Ciudadanos de reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LVG) ha desencadenado una catarata de críticas contra esta formación política. Pero sin razón. Según los principios a los que responde la LVG, como las amenazas y las lesiones o vías de hecho leves que se causan por un hombre contra una mujer, cuando están o han estado unidos en matrimonio, o están o han estado ligados por una relación similar de afectividad -aun sin convivencia-, son más graves que los mismos hechos cometidos por una mujer contra un hombre, aquellas conductas son castigadas más severamente, como delito, que estas otras que sólo son constitutivas de falta. Y lo mismo rige para las amenazas o coacciones leves: delito, si lo comete un hombre, y falta si la autora es una mujer, si entre ambos existe o ha existido una relación matrimonial o análoga a ésta. Después de la supresión de las faltas por la reforma del Código Penal (CP) de este mismo año, las conductas a las que me acabo de referir son tipificadas como delito menos grave, sancionado con pena de prisión, si las comete el varón, y como delito leve, castigado con multa, cuando la autora es la mujer.

"La propuesta del partido de Rivera de quitar la agravante penal ha desencadenado una catarata de críticas. Sin razón"

La razón de la distinta gravedad de un mismo hecho en función de si lo comete el hombre o la mujer reside, según la Exposición de Motivos de la LVG, en que, cuando es un hombre el autor, tales conductas han de considerarse siempre "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Por su parte, el TC en sus sentencias -dictadas con el voto en contra de cinco de sus magistrados- dando respuesta a los numerosos juzgados y Audiencias Provinciales que habían acudido a él por estimar que ese distinto tratamiento penal afectaba al principio de igualdad, niega la vulneración de dicho principio, argumentando con "las altísimas cifras en torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por víctima la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja…, frecuencia [que] constituye un primer aval de razonabilidad de la estrategia penal del legislador de tratar de compensar esta lesividad con la mayor prevención que puede procurar una elevación de la pena", "altísimas cifras" de violencia machista que se insertarían en "ciertos parámetros de desigualdad tan arraigados como generadores de graves consecuencias".

En un artículo mío de 16 de junio de 2008, publicado en este mismo periódico, argumentaba con los tres siguiente ejemplos: el del marido que da un empujón a su mujer después de enterarse que ésta ha arruinado todo el patrimonio familiar en el casino de Torrelodones y el de que realiza la misma vía de hecho al llegar a su conocimiento que la madre del hijo de ambos lleva años abusando sexualmente de éste. Que ese empujón no puede reconducirse a machismo alguno difícilmente puede ponerse en cuestión, porque, si esa fuera la causa, entonces debería también explicarse con un inimaginable ánimo machista la misma conducta efectuada por la esposa si es ella la que reacciona de esa manera contra un marido ludópata o que satisface sus instintos pederastas con el hijo común. Que tampoco puede hablarse de "una manifestación de la situación de superioridad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" cuando el autor del empujón es el marido liliputiense que agrede levemente a la esposa de 1,85 metros de altura y campeona de judo, no necesita de ulterior explicación. Y, sin embargo, e independientemente de las circunstancias del caso concreto, la legislación penal española ‘no admite excepción alguna’: en estos ejemplos estaríamos ante tres manifestaciones de la violencia de género y la aplicación de los tipos agravados sería inevitable. Con ello se pone claramente de manifiesto que esta desafortunada LVG vulnera la presunción de inocencia, el principio de igualdad y el de responsabilidad personal.

"La Ley en vigor ha puesto a disposición de la mujer un instrumento de poder casi omnímodo"

Vulnera el principio de presunción de inocencia, porque, ‘sin que se admita prueba en contrario’, reconduce todas las vías de hecho y las amenazas leves de un hombre sobre su pareja o ex pareja sentimental femenina a un ánimo machista, a pesar de que -y lo demuestran los tres ejemplos que acabo de mencionar y otros muchos que pudieran darse en la realidad- no siempre es ese ánimo el que ha generado la reacción del varón. La LVG lesiona también el principio de igualdad, porque, en primer lugar, si la conducta masculina no tiene nada que ver con la violencia machista, carece de toda justificación que el mismo comportamiento reciba una pena superior cuando la ejecuta un hombre que cuando lo hace la mujer; y, en segundo lugar, porque equipara la pena de las lesiones y amenazas y coacciones leves, ejecutadas por varones, que tienen su origen en la relación de superioridad de hombre sobre la mujer con aquellas otras en las que no es éste el caso. Finalmente, la LVG vulnera también el principio de responsabilidad penal personal, porque, por ejemplo, en los tres casos anteriormente mencionados, al varón se le hace responder por los tipos agravados, no porque él haya actuado aprovechándose de "la situación de superioridad de los hombres sobre las mujeres", sino porque existen ‘muchos otros hombres’ -"una altísima cifra", en palabras del TC- que lo hacen, como, por ejemplo, el marido celópata que lesiona o amenaza levemente a su mujer; pero en el Derecho penal democrático la responsabilidad es personal y si, en el caso concreto, la conducta del autor no está motivada por el machismo, no se le puede tratar "como si" lo hubiera estado, simplemente porque en muchos otros hombres sí que concurre esa motivación cuando realizan la misma conducta.

Por lo que se refiere a la aplicación de la LVG en los procedimientos de separación y de divorcio, muchas veces envenenados por el odio y los deseos de revancha entre ambos cónyuges, así como por el deseo de obtener todo tipo de ventajas en el procedimiento civil, como las que se refieren a la guardia y custodia de los hijos -hijos que frecuentemente se instrumentalizan por alguno de los cónyuges para vengarse del otro- o a limitar, vengativamente también, el régimen de visitas del marido presunto violento de género, la LVG ha puesto a disposición de la mujer un instrumento de poder casi omnímodo. Y cuando se concede ese poder absoluto, en ocasiones es difícil resistir la tentación de abusar de él. En contra de la filosofía de la LVG, hay que decir que ni todos los hombres son unos canallas ni todas las mujeres justas y benéficas, sino que reside en la naturaleza humana que esos defectos y esas virtudes estén repartidos por igual entre ambos sexos. La mera denuncia de la mujer de que ha sido objeto de unas vías de hecho o de unas amenazas leves por parte de su pareja masculina,desencadena automáticamente la detención policial y el ingreso en los calabozos por uno, dos o tres días del varón denunciado, quien suele ser puesto en libertad en el momento en que pasa a disposición judicial; detención policial que se practica sobre la única base del testimonio de la mujer, sin que tenga que fundamentarla en prueba testifical o documental alguna ni en la aportación de informe forense de ninguna clase, y todo ello, a pesar de que, según la jurisprudencia, a la declaración de la mujer debería otorgársele una credibilidad limitada cuando, como sucede en ocasiones, obedece a motivos espurios o de enemistad presentes en relaciones sentimentales actuales o pretéritas que han acabado naufragando. Experimentados abogados y abogadas matrimonialistas -y para evitar denuncias sin fundamento- recomiendan a sus clientes masculinos que no se entrevisten con sus esposas si no es en presencia de testigos o, si lo hacen a solas, que lo hagan portando grabadoras ocultas a fin de contrarrestar eficazmente, mediante ese documento sonoro, eventuales denuncias por vías de hecho o amenazas leves que nunca han acontecido en la realidad.

"La detención policial de un hombre se practica sin que la mujer tenga que fundamentar su testimonio"

El argumento de que sólo en contadísimas ocasiones supuestas víctimas de maltrato, por no haber existido éste en realidad, son condenadas posteriormente por un delito de acusación y denuncia falsas, lo que llevaría a la conclusión de que en la práctica totalidad de los casos los procedimientos por violencia de género responden a lesiones o amenazas leves efectivamente cometidas, no puede convencer, porque ese delito de acusación y denuncia falsas requiere un impulso procesal del Ministerio Fiscal o de la persona inocente al que sólo se acude en casos excepcionales. Mucho más significativa es la relación entre sentencias condenatorias y absolutorias y el porcentaje de causas que no llegan a juicio oral porque han sido sobreseídas previamente. A la vista tengo sólo datos de Andalucía: en 2011, de los hombres enjuiciados en esa Comunidad Autónoma por violencia de género, el 74% de las sentencias fueron condenatorias y el 24% absolutorias. Y de las 7.286 denuncias que en el mismo año se presentaron en Sevilla por violencia de género, 2.888 fueron sobreseídas. Como tanto en el caso de sentencias absolutorias como de sobreseimiento no se ha destruido la presunción de inocencia del denunciado, hay que partir de la base de que, jurídicamente al menos, todos los varones denunciados absueltos o sobreseídos eran inocentes de los cargos que se les imputaban.

Con la reforma del CP de 2015 se ha incorporado a éste, como circunstancia agravante genérica, además de las ya existentes de obrar, por ejemplo, por motivos racistas o xenófobos, también, y por primera vez, la de "razones de género". La LVG se había limitado a crear unos tipos agravados en los casos de hechos penales de bagatela de lesiones o amenazas causados por un hombre a una mujer, presuponiendo, sin admitir prueba en contrario, que tales hechos obedecían siempre a una motivación machista, motivación que, paradójica e inconsecuentemente, no actuaba como agravante cuando el hombre causaba lesiones graves o mataba a su actual o anterior pareja sentimental. El camino correcto es el emprendido por esta última reforma del CP: la motivación machista -pero sólo cuando concurre realmente- debe agravar la pena siempre que estemos ante una agresión cometida por un hombre sobre una mujer, desde la más leve de una simple vía de hecho hasta la más grave de un homicidio.

"Es muy significativo el porcentaje de causas que no llegan a juicio oral porque han sido sobreseídas previamente"

La introducción de la agravante genérica de "razón de género" debería llevar a una ‘nueva interpretación’ de los tipos agravados introducidos por la LVG: si, a partir de ahora, y en el homicidio, por ejemplo, dicha agravante sólo es aplicable cuando un hombre ha matado a una mujer por un impulso de carácter machista -y no en los demás casos- con mayor motivo los tipos de bagatela introducidos por la LVG únicamente deberían entrar en juego cuando las vías de hecho, las amenazas o las coacciones leves tengan su origen en dicho impulso.

La crítica de Ciudadanos a la LVG se ha visto contestada, por parte de otros partidos políticos y de los líderes de opinión, por una especie de campeonato en el que se competía para demostrar quién era el más feminista, es decir: el más políticamente correcto, un campeonato que adquirió tal virulencia que aquella formación política, en vísperas electorales, ha considerado que debía rectificar lo que no había sido más que la expresión de unas objeciones completamente justificadas contra los aspectos penales de dicha Ley. Ciudadanos, en su rectificación, se descuelga ahora con que no sólo deben mantenerse los tipos penales introducidos por la LVG -vulneradores de los principios de igualdad, de presunción de inocencia y de responsabilidad personal-, sino que tales tipos deben extenderse a las lesiones y amenazas leves cometidas dentro del marco de relaciones homosexuales. Pero frente a la plausibilidad de la existencia de la agravante del machismo, Ciudadanos no ha suministrado ninguna explicación de por qué debe ser más grave el empujón que un homosexual da a un vecino o a un amigo o a otro hombre que pasa por la calle que aquel otro que ejecuta contra el varón que es su pareja sexual. Y es que las campañas electorales muchas veces nublan la razón.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

http://www.elmundo.es/opinion/2015/12/23/5679a5b146163f962f8b4614.html



La Ley de Violencia de Género ante el Tribunal Constitucional, de Enrique Gimbernat en El Mundo

Posted in Derechos, Política by reggio on 16 junio, 2008

TRIBUNA LIBRE

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LVG) aprobada por el Parlamento español tanto con los votos de socialistas como de populares-, establece, en su art. 1 que «la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». De acuerdo con este dogma de fe del feminismo, en su versión fundamentalista, de que cualquier vía de hecho, por muy leve que sea, constituye siempre una manifestación de machismo, los arts. 33 sgs. LVG imponen una pena superior a idénticas conductas -lesiones, coacciones y amenazas-, en función de si han sido ejecutadas por una persona perteneciente al sexo masculino o al femenino.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 59/2008, de 14 de mayo, resolviendo una cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, en relación con el art. 153.1 del Código Penal (CP), en el que se castigan más gravemente las lesiones leves causadas por un hombre sobre una mujer -«cuando [ésta] sea o haya sido esposa, o mujer que haya estado ligada a él [al autor] por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia»- que las provocadas por ésta contra un hombre -que sea o haya sido su pareja sentimental-, ha resuelto, por una mayoría de siete votos contra cinco, que ese precepto no es contrario a la Constitución Española (CE). De los cinco magistrados discrepantes de la sentencia mayoritaria, cuatro de ellos han formulado votos particulares, no pudiendo hacerlo el quinto (García-Calvo), ya que falleció antes de poder redactarlo. Diversos Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales han planteado también ulteriores cuestiones de inconstitucionalidad en referencia a los arts. 148.4º (lesiones menos graves), 171.4 (amenazas leves) y 172.2 (coacciones leves) CP, en los que también se establece una pena mayor para el autor-hombre, que es o ha sido pareja de la mujer ofendida, que para la mujer que realiza la misma conducta sobre su pareja o ex pareja masculina. A la vista de que el TC ha considerado constitucional el art. 153.1 CP en su sentencia 59/2008, es prácticamente seguro que, con los mismos argumentos con los que se ha fundamentado esa constitucionalidad del art. 153.1 CP, las cuestiones de inconstitucionalidad formuladas respecto de los arts. 148.4º, 171.4 y 172.2 -todos ellos introducidos por la LVG- igualmente serán desestimadas.

La sentencia del TC 59 /2008 considera que el art. 153.1 CP no vulnera el art. 14 CE -«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»- porque, aunque reconoce que es cierto que el principio de igualdad «exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas», dicho principio no resulta lesionado cuando se introducen diferencias en el tratamiento de los supuestos de hecho en el caso de que exista «una suficiente justificación de tal diferencia», siendo necesario, en tal caso, «acreditar el carácter justificado de la diferenciación». Esta diferenciación que justificaría el distinto trato penal que reciben en el art. 153.1 CP las lesiones causadas por un hombre sobre una mujer frente a las que inflinge ésta sobre aquél, dentro del marco de una relación sentimental actual o pretérita, encuentra su explicación, según el TC, en que «atenta de modo intolerable [contra la igualdad] cierta forma de violencia del varón hacia la mujer que es o fue su pareja: no hay forma más grave de minusvaloración que la que se manifiesta con el uso de la violencia con la finalidad de coartar al otro su más esencial autonomía en su ámbito más personal y de negar su igual e inalienable dignidad», debiendo señalarse que la diferencia de pena encontraría, además, «razón justificativa en la mayor necesidad de protección de determinados bienes de mujeres en relación con determinadas conductas delictivas», necesidad que se mostraría por «las altísimas cifras en torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por víctima a la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja …, frecuencia [que] constituye un primer aval de razonabilidad de la estrategia penal del legislador de tratar de compensar esta lesividad con la mayor prevención que puede procurar una elevación de la pena».

De lo expuesto hasta ahora se desprende que el TC avala la constitucionalidad del art. 153.1 sobre la base de dos clases de consideraciones: en primer lugar de que, en efecto, serían más graves las vías de hecho ejercidas por el hombre sobre su pareja o ex pareja femenina porque considera que la mayor penalidad prevista para el autor masculino cumpliría el «objetivo» de «combatir el origen de un abominable tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad»; y, en segundo lugar, de las «altísimas cifras» de agresiones reconducibles a la violencia machista que se insertarían en «ciertos parámetros de desigualdad tan arraigados como generadores de graves consecuencias».

Esta sentencia del Tribunal Constitucional debe ser rechazada porque, regresivamente, lesiona principios esenciales del Estado de Derecho y del Derecho penal democrático.

Si un marido, después de 20 años de pacífico y feliz matrimonio, da un tirón de orejas a su mujer o un empujón o le propina una colleja, al enterarse de que ésta ha arruinado irreversiblemente el patrimonio familiar, jugando a la ruleta en el casino de Torrelodones, o al llegar a su conocimiento que durante los últimos años la esposa ha estado abusando sexualmente del hijo común, naturalmente que debe responder por una falta de lesiones -aunque castigar esa conducta como delito, y no como falta, infringe el principio de proporcionalidad de las penas-; pero mantener que tal conducta debe ser agravada porque la agresión obedece siempre, tal como mantienen la LVG y el TC, a una «manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres», es querer hacernos comulgar con ruedas de molino: porque si es la mujer la que reacciona con el tirón de orejas, el empujón o la colleja frente al marido ludópata o incestuoso, y el origen de aquella agresión masculina hay que reconducirla en todos los casos a la violencia machista, entonces la agresión de la mujer sería un comportamiento que no tendría explicación causal -ya que, obviamente, no puede estar generada por un conceptualmente inimaginable machismo femenino-, lo que está en contradicción con el principio científico de que todo efecto -en este caso la agresión femenina- alguna causa tiene que tener, causa que, en estos casos, es, en efecto, muy fácil de encontrar para quien no tenga el raciocinio nublado por el fundamentalismo feminista: la indignación, que en ningún caso puede justificar la impunidad, pero que no tiene nada que ver con una prepotencia masculina, que a uno de los cónyuges -sea masculino o femenino- le ha provocado la sorpresa de que está casado o casada con un cónyuge ludópata o sexualmente pervertido. Por lo demás, la teoría que subyace en el art. 153.1 CP de que cualquier vía de hecho ejecutada por un hombre sobre una mujer tiene su origen en una relación de desigualdad entra en el terreno de lo esperpéntico en el caso de que el marido sea un liliputiense que empuja a una esposa que mide 1,85 metros y que, encima, es cinturón negro de judo, marido a quien, según la LVG y el TC, habría que aplicarle, no obstante, e indefectiblemente, ese tipo agravado del Código Penal. Por supuesto, que esas agresiones leves del tirón de orejas, del empujón o de la colleja pueden ser reconducidas muchas veces a la violencia machista de, por ejemplo, un marido celópata que empuja en una ocasión a su mujer aprovechándose de su superioridad. Pero, como cualquier otra circunstancia de agravación -en este caso: la de la violencia machista-, su concurrencia no puede presuponerse, sino que debe ser acreditada en el juicio oral, por lo que es inconstitucional un precepto como el del art. 153.1 CP -avalado sin ninguna clase de reservas interpretativas en la sentencia del TC- que, indiscriminadamente, y prescindiendo de las particularidades del caso concreto, establezca la presunción -que no admite prueba en contrario- de que cualquier vía de hecho ejercitada por un varón sobre su pareja o ex pareja femenina constituye siempre, y de ahí la diferencia de penalidad, una «manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».

Ciertamente que la violencia machista podría ser combatida por el Derecho penal introduciendo una pena agravada cuando el delito sea una manifestación de aquélla, de la misma manera que combate la xenofobia con la agravante 4ª del art. 22 -«cometer el hecho por motivos racistas»-, ya que se trata de una ideología que, en sus manifestaciones más radicales, ha servido de base para respaldar el genocidio de millones de victimas entre, por ejemplo, las poblaciones judías, armenias o ruandesas. Pero no siempre que la víctima pertenezca a una raza distinta de la del agresor puede entrar en juego la agravante del art. 22.4ª, ya que «la apreciación de una agravante genérica o específica, sin prueba alguna que la sustente, vulnera la presunción de inocencia» (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2003). Y así, por ejemplo, si un delincuente tiene decidido previamente atracar un banco matando al cajero y, una vez que ha entrado en el local, percibe que ese cajero es una persona de color, y dispara contra él, matándola, en ese robo homicida no concurre la agravante de «motivos racistas»: porque el ladrón, que no tiene por qué tener una ideología ultraderechista de carácter nazi, no ha matado al cajero porque fuera negro, sino simplemente porque era el cajero.

Como primera conclusión puede retenerse ya que, en contra de lo que mantiene el TC, el art. 153.1 CP lesiona, efectivamente, el principio de igualdad, porque ese precepto no hace depender su aplicación de que las vías de hecho que en él se tipifican sean reconducibles a una motivación machista, de manera que, en el caso de que esa motivación no concurra en la conducta del varón, está sancionando con penas más graves conductas idénticas según que hayan sido ejecutadas por un hombre o por una mujer.

La segunda objeción que hay que formular a la sentencia del TC es que, además del principio de igualdad, y como ha podido deducirse ya de lo que he expuesto hasta ahora, vulnera también el de la responsabilidad penal personal, como derivación de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), entendida aquélla en el sentido de que al autor sólo se le puede imputar aquello que efectivamente ha ejecutado y no lo que hayan podido ejecutar otras personas.

Cuando el TC, en consonancia con la LVG y con su Exposición de Motivos, trata de justificar el distinto tratamiento de las vías de hecho realizadas dentro de una relación presente o pasada de pareja, en función de si han sido ejecutadas por un hombre o por una mujer, apelando a «las altísimas cifras» de agresiones de carácter machista y a que las conductas tipificadas en el art. 153.1 CP tienen el «significado objetivo» de «reproducción de un arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte del varón en el ámbito de la pareja», ya que «se insertan en ciertos parámetros de desigualdad tan arraigados como generadores de graves consecuencias», es decir: apelando a que otros hombres ejercen actualmente la violencia machista y a que muchos de nuestros antepasados masculinos contribuyeron a generar esos arraigados parámetros de desigualdad, el Tribunal, con ello, alejándose de la responsabilidad penal personal, se está aproximando a la Sippenhaftung -responsabilidad por la estirpe- del Derecho germánico medieval. Según esa Sippenhaftung, la responsabilidad de quien había cometido un delito se extendería también a su estirpe (tribus, parientes), aunque estos últimos no hubieran tenido nada que ver con el hecho criminal, viniendo caracterizada esta responsabilidad medieval, por consiguiente, porque los parientes responden, no por lo que han hecho, sino por lo que ha ejecutado otra persona que pertenece a la misma estirpe. Por ello, cuando se trata de justificar la superior pena del art. 153.1 CP, argumentando con que muchos de nuestros antepasados masculinos han contribuido a arraigar un «modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte del varón en el ámbito de la pareja», o con que actualmente existen «altísimas cifras» de violencia machista, y que, por ello, no es el precepto común de las vías de hecho, sino el agravado del art. 153.1 el que debe ser aplicado a cualquier varón que lesione levemente a su mujer, independientemente de que la agresión -como en los ejemplos de la esposa ludópata o incestuosa, o del marido de escasa altura casado con la judoka cinturón negro- no sea reconducible a machismo de clase alguna, a esos autores no se les está haciendo responder por lo que han hecho personalmente, sino por pertenecer a la estirpe hombre, donde, efectivamente, existen «altísimas cifras» de autores que han ejercido y que ejercen la violencia sobre sus parejas o ex parejas femeninas de forma prepotente y abusando de una realmente existente situación de desigualdad.

El 20 de julio de 2004, cuando la Ley contra la Violencia de Género era sólo un Proyecto, publiqué en este mismo periódico una Tribuna Libre titulada Los nuevos gestores de la moral colectiva. Finalizo ahora esta toma de posición crítica con las mismas palabras que entonces escribí: «El movimiento feminista ha dado origen a la mayor revolución del siglo XX, y a él le corresponde el mérito gigantesco de haber cambiado las condiciones de vida de las mujeres para conseguir -aunque todavía queda mucho por hacer- su equiparación social y profesional con los hombres. Pero ni siquiera esta aportación que ha abierto una nueva época de la Humanidad le legitima para entrar en el ámbito del Derecho penal como un elefante en una cacharrería».

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

© Mundinteractivos, S.A.

 

https://reggio.wordpress.com/2008/06/16/la-ley-de-violencia-de-genero-ante-el-tribunal-constitucional-de-enrique-gimbernat-en-el-mundo/

 



 

Olvido constante de la ley de violencia de género

FELIPE PÉREZ DEL VALLE. CONSEJERO DE DEFENSA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. DIPLOMADO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA 24/12/2015

Han transcurrido más de 10 años desde la entrada en vigor de los efectos penales de la denominado Ley de Violencia de Género el día 01/07/2015, contando actualmente con datos estadísticos oficiales de diez años proporcionados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, por lo que se pueden sacar diversas conclusiones acerca de su eficacia.

La primera conclusión evidente es que si pretendía evitar las víctimas mortales de mujeres o disminuir sustancialmente su número, no se ha logrado, y ni siquiera se ha mejorado la situación existente con anterioridad a esta Ley. En 2003 hubo 71 víctimas mortales y 72 en 2004; tras su entrada en vigor se produjeron 69 en 2006, 71 en 2007, 76 en 2008, 56 en 2009, 73 en 2010. A partir de 2011, en plena crisis económica y con el retorno de cientos de miles de emigrantes a sus países de origen, pasó a 61, 52, 54 y 54 en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente.

Según la Fiscalía General del Estado han sido 75 en 2007, 74 en 2008, 59 en 2009, 74 en 2010, 68 en 2011, 52 en 2012, 55 en 2013 y 58 en 2014. En 2015 ya se han producido 50 víctimas mortales. Como se ve, el número permanece estable, con ley o sin ley. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que también según la Fiscalía General del Estado que las víctimas extranjeras han sido 32 en 2007 (42%), 39 en 2008 (52%), 20 en 2009 (34%), 25 en 2010 (34%), 27 en 2011 (39%), 11 en 2012 (21%), 15 en 2013 (27%) y 17 en 2014 (29%). Se trata de víctimas extranjeras cuya muerte ha sido causada también por extranjeros, con pocos años de residencia en España o de turismo en España, por lo que al menos en la tercera parte de las víctimas mortales nada tienen que ver los ciudadanos españoles, a pesar de lo cual se les quiere imputar todas las muertes de las mujeres.

Una segunda conclusión que se deriva de las estadísticas es que el incremento de las denuncias tampoco ha servido para disminuir la violencia de género, puesto que el número de hombres denunciados es terriblemente elevado, llegándose en estos diez años a 1.822.661 (un millón ochocientos veintidós mil seiscientos sesenta y uno) procedimientos penales, con lo que queda igualmente claro que la ley no tiene efecto alguno en la prevención general de este tipo de delitos.

La tercera conclusión, derivada de ese número tan elevado de procedimientos, es que no se tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 1 de la Ley de Violencia de Género y que se aplica a cualquier denuncia interpuesta en esta materia, sin la más mínima comprobación o investigación de la realidad de lo denunciado o de la inocencia del hombre. Nada se investiga y se olvida que debe castigarse con esta Ley únicamente la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

Una cuarta conclusión es el olvido igualmente de las consecuencias negativas para el hombre que no están previstas en la Ley: de los 1.822.661 hombres procesados, han sido condenados 292.744 (el 16% de los procesados) y no han sido condenados exactamente 635.992 (el 34,89%). El doble de hombres no han sido condenados al de condenados, entre los cuales 392.797 casos han sido sobreseídos (que no llegaron a celebrar juicio), más que los condenados, y a estos hombres no condenados que sufrieron todos ellos medidas cautelares de detención (e incluso calabozo), restricción de visitas a sus hijos, alejamiento de su hogar, entre otras, en materia penal no se les compensa, indemniza o se les pide perdón; en el ámbito civil, no pueden recuperar el tiempo que les privaron de estar con sus hijos, con sus amigos, en su domicilio, y por supuesto no se hace la misma publicidad de su absolución que de su detención, ni siquiera se procede a la cancelación automática de sus antecedentes policiales y reseña policial tras el sobreseimiento o sentencia absolutoria.

Nunca en la historia judicial española se ha producido un número tan elevado de procedimientos penales por unos hechos concretos y, ni mucho menos, un número tan elevado de no condenados, de inocentes que no son compensados. Ante estos datos oficiales los juristas deben seguir protestando contra esta Ley y reclamar la modificación de los efectos penales de la misma a fin de conseguir un derecho con plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también en la esfera penal.

 

http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/olvido-constante-ley-violencia-genero_1033931.html


Lo que no se cuenta de la ley de violencia de género

30/05/2010

Tribuna | FELIPE PÉREZ DEL VALLE

Abogado del I.C.A. de León. Consejero de Defensa de la Corte Penal Internacional

Se cumple el quinto aniversario de la entrada en vigor de las medidas penales de la Ley de Violencia de Género (junio 2005, junio 2010) y ya contamos con suficientes datos estadísticos para analizar sus efectos jurídicos y lo que no se cuenta de la misma.

Desde la perspectiva de la mujer, se ha pretendido que dicha Ley sea la panacea de todos sus males y para ello no se han escatimado medios a su favor, promulgándose una prolija normativa como desarrollo de la misma, sin comparación en Europa, aunque España sea el octavo país de Europa por el número de casos de muertes de mujeres y a pesar de que la tercera parte de las víctimas y de los imputados sean extranjeros.

Para el hombre, en cambio, ha sido totalmente perjudicial, a pesar de que también los hombres son víctimas de sus parejas y exparejas, en menor medida, es cierto, pero ¿ dónde se pone el límite para una ley similar a favo r de los hombres?. Según los datos nacionales sobre cifras mortales en violencia doméstica y de género, el número de hombres asesinados y el porcentaje sobre el total de hombres-mujeres ha sido el siguiente desde 2001 hasta 2005:

Desde su entrada en vigor el 29 de junio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir, cuatro años y medio, se han registrado 823.580 procedimientos penales en los Juzgados de Violencia de Género contra los hombres, lo que ha supuesto que un 4,34% de la población varonil española mayor de 18 años ha sido objeto de un procedimiento penal por violencia de género.

Más de la mitad de esos 823.580 hombres han pasado por una dependencia policial como detenidos y de esta mitad la mayor parte de ellos una noche en un calabozo horrible; curiosamente no existen datos estadísticos a este respecto, quizás porque asustaría el comprobar un número tan elevado.

Además, a consecuencia de estos procedimientos penales se adoptaron en ese periodo de tiempo 315.947 medidas cautelares de naturaleza penal contra los hombres, entre ellas 13.671 privativas de libertad y en 168.184 casos la denominada antiguamente «pena de destierro» (27.691 salidas de domicilio; 140.493 alejamientos). Aprovechando esos 823.580 procedimientos penales, las medidas cautelares de naturaleza civil adoptadas en perjuicio del hombre fueron 94.416: en 28.500 supuestos se atribuyó la vivienda a la mujer; se dictaron 15.553 suspensiones del régimen de visitas, de la patria potestad y guarda y custodia. Lo que es perjuicio para el hombre resulta beneficio para la mujer.

En ese dato de más de 800.000 procedimientos penales se oculta siempre en los medios de información y en los innumerables organismos públicos que se han creado ex profeso para luchar contra una parte de la violencia, la que afecta a la mujer, que cerca de la tercera parte de los hombres no son condenados, y a los cuales, en materia penal, no se les compensa, indemniza o se les pide perdón por sus padecimientos derivados de la detención policial, estancia en un calabozo policial, sometimiento a un procedimiento penal e incluso prisión; y en el ámbito civil, no pueden recuperar el tiempo que les privaron de estar con sus hijos, con sus amigos, en su domicilio, y por supuesto no se hace la misma publicidad de su absolución que de su detención, y ni siquiera se procede a la cancelación automática de sus antecedentes policiales y de su reseña policial tras el sobreseimiento o sentencia absolutoria.

Así, el número de sobreseimientos y sentencias absolutorias, es decir, de hombres que a pesar de haber sufrido un procedimiento penal no son condenados ha sido de 251.251 casos, o el 30,50%.

Debe destacarse el número tan elevado de sobreseimientos o supuestos en los que ni siquiera el hombre llega a juicio (167.717) y que cerca de la mitad de los hombres que celebraron juicio en los Juzgados de lo Penal, donde se enjuician el mayor número de casos por delitos, fueron absueltos (48.299 sobre 103.697 sentencias dictadas, es decir, el 46,57%). De estos hombres nada se dice.

Con los datos de sobreseimientos existentes habría que hablar de denuncias falsas y de denuncias interesadas por los beneficios que aporta la Ley a las denunciantes, sobre las que los medios informativos y gubernamentales se niegan a mencionarlas. Hay denuncias falsas en materia de violencia de género, pero no sabemos su número porque no se quiere llevar una estadística de las mismas (una parte de los sobreseimientos serían denuncias falsas) y porque cuando existe una condena, el delito es independiente de la materia de violencia de género, no pudiendo encuadrase entre sus numerosas estadísticas.

En cuanto al procedimiento judicial, con esta Ley se mantienen las prisas en el enjuiciamiento a través el juicio rápido en una jurisdicción especial creada ex profeso (los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), compaginando los ámbitos civil y penal, medidas de protección y cautelares, para ser ejecutadas con carácter de urgencia. De hecho, la tercera parte de los asuntos penales tramitados lo han sido como diligencias urgentes de juicio rápido, sin tiempo para una adecuada defensa, como se ha denunciado continuamente por la Abogacía.

Otras consecuencias negativas derivadas de la Ley de Violencia de Género para el hombre afectan al condenado por maltrato: la suspensión de la pena privativa de libertad está sometida a unas condiciones superiores; la sustitución de la prisión solamente puede ser por trabajos en beneficio de la comunidad; el cumplimiento está sometido a unas prohibiciones específicas; y a todo ello hay que sumar la realización de los llamados programas de reeducación pues en caso de negarse irá a la cárcel. Por otra parte, el hombre maltratador nunca se ha visto favorecido por el indulto.

En definitiva, se discrimina al hombre antes (se le persigue solamente a él y no a la mujer), durante (con procedimientos judiciales que aminoran las posibilidades de defensa) y después de la sentencia (al obligarle a cumplir medidas solamente previstas para él).

Ciertamente no se aplica para nada la Ley de Violencia de Género a favor del hombre. No se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 1-1 de la misma: «La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido -¦». Tampoco lo que se dice en su exposición de motivos: «Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». Y que decir tiene que ni siquiera lo que se menciona en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención: «el propio sistema judicial ejerce una función de prevención general que a partir del mandato que el artículo 9-2 de la Constitución hace a todos los poderes públicos, debe abarcar todos aquellos ilícitos en los que se sostiene la desigualdad entre hombres y mujeres».

Estas buenas palabras no pueden ocultar una cruda realidad: que se denuncia muy a la ligera y se condena como si fuera violencia de género hechos que nada tienen que ver con situaciones de desigualdad o discriminación, o relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Ahora, gracias a esa Ley, más bien es al contrario, el poder está en manos de la mujer, siendo conocida en los medios jurídicos la expresión utilizada de «o me das-¦ o te denuncio por violencia de género».

Ha llegado el momento de derogar los efectos penales de esta Ley para evitar que, con la misma, se siga sometiendo injustamente a procedimiento judicial y al padecimiento de medidas cautelares restrictivas de derechos, al mayor número de hombres inocentes de toda la historia de la codificación penal española.

http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/no-cuenta-ley-violencia-genero_531105.html

Anuncios
  1. Ya va siendo hora de que la Nación conozca la herramienta política y bastarda de la ideología de género bastardo de Satán como mejor define esta trama y farsa social de engaño a la Nación española.
    Estamos hablando de **ALTA TRAICIÓN AL ESTADO DE DERECHO por parte de los principales responsables que implantaros esta sinrazón deconstructora instigada por el resentimiento y el odio perverso del Sr. Rodríguez Zapatero y Sr Aguilar como responsables primeros y sus secuaces colaboracionistas e instigadores de este drama social.
    **ORGANIZACIÓN DELICTIVA (2 o más para cometer delitos) aprovechándose de las estructuras del estado de manera fraudulenta, corrupta y manipulando la realidad social, instaurando una mega industria del maltrato nacional al ciudadano y a la propia sociedad donde los actores quedan representados por una Ley opresora y absurda donde marca cada uno de los delitos que se cometen y como, a parte de un extenso grupo de affaires interconectados de negocio que emplea materia prima de seres humanos. ***GENOCIDIO SEXISTA.
    Todo esto será estudiado por todas las universidades del mundo para saber qué es lo que no hay que hacer con una población. …/….
    “CONOCIENDO AL ENEMIGO” oculto de la Nación y de los españoles. El engaño al que se nos ha sometido es digno de los cuentos del horror. Como se puede vejar de esta falsa manera y por medio de la censura e intereses ocultos nada sacros, al contrario, deconstructores y perversos.
    Invoco a los poderes divinos a lo que los hombres por si solos no pueden hacer y que intercedan en cortar este maltrato en España y engaño de la mentira y la muerte.
    Se prohíban en España las logias masónicas, tanto satánicas como Luciferinas y se acabe con todo este tipo de secuestro del poder de manera sectaria y aberrante incluso a nivel internacional. Habrá que poner orden en acabar con este tiempo apocalíptico que nos conduce a la esclavitud y perversión de una dictadura perversa, silenciosa y malvada.
    6 millones de víctimas origino el nazismo, más de 100 millones el marxismos y sus variantes, la ideología de género esta y puede producir muchísimo más, la única diferencia fundamental es que las víctimas de esta ideología se ocultan y son invisibles. SAVE THE PLANET AND THE HUMANKIND. –.–SALVEMOS A LA HUMANIDAD.

  2. Efectivamente esa absurda ley que encarcela hombres solo por que una mujer llama al 016,sin investigación de los motivos, para quedarse con la casa , los niños y así evitar la custodia compartida, por que le a puesto los cuernos o por que no la a echo caso a sus caprichos, y sin embargo ella puede pegar, arañar, insultar y el detenido y el que es alejado de la casa,casi siempre de su propiedad es el hombre, fuera leyes sexistas féminazis

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: