La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

PREVARICACION DE UNA JUEZA FEMINAZI CONTRA UN PADRE IMPEDIDO DE VER A SU HIJO

In Casos sangrantes, Hombres maltratados, Prevaricacion on 18 julio, 2016 at 13:11

Violencia de género: los 7 privilegios de una jueza frente a quien ha logrado que sea investigada

Manuel Romeral suma una nueva muesca en la lista de los agravios que considera que se han producido contra su persona y, sobre todo, contra su hijo, desde que denunciara que estaba siendo maltratado.

Nicolás de Cárdenas

14/07/2016


Este jueves Manuel Romeral ha tenido que declarar por entregar unas octavillas en la puerta de unos juzgados, denunciado por presuntos delitos de acoso, coacciones, injurias, calumnias e incluso “falta de respeto” hacia la jueza el Juzgado 7 de Majadahonda, Elena Garde.

El suyo fue un calvario como víctima de la ley de violencia de género. Todo se volvió en su contra, hasta el punto que él fue primero señalado como autor de los malos tratos y, pasado el tiempo, apartado de su hijo, al que hace meses que no ve y del que ya no tiene ni la patria potestad.

Un proceso que ha tenido lugar en los juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón donde tiene querelladas a cuatro magistradas por retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación, impedimento en el ejercicio de los derechos cívicos, amenazas y coacciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha pedido a la Fiscalía que se investigue a las cuatro juezas a raíz de estas querellas, para valorar su admisión a trámite.

Con la intención de entrar en contacto con personas que hubieran podido tener los mismos problemas con las juezas querelladas y sumar fuerzas para su causa, Manuel decidió repartir unas octavillas, a las puertas de los juzgados de Pozuelo de Alarcón.

En ellas se podía leer: “Los juzgados, 1, 2 y 3 de Pozuelo investigados. Si usted cree que en su caso hubo alguna irregularidad: escríbanos”, un correo electrónico y las palabras “prevaricación, dilaciones, psicosociales, etc.”.

Al conocer que una de las juezas de Pozuelo, Elena Garde, se había trasladado a Majadahonda, reincorporada tras una baja por maternidad, decidió seguir la misma rutina, con unas octavillas nuevas, que en las que se podía leer: “La magistrada del juzgado número 7 de Majadahonda acusada por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos. Si usted cree que en su caso hubo alguna irregularidad: escríbanos”.

Octavillas repartidas por Manuel Romeral a las puertas de los juzgados de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda /ActuallOctavillas repartidas por Manuel Romeral a las puertas de los juzgados de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda /Actuall

La Guardia Civil, alertada por la propia magistrada, comenzó a requerir todos los días a Manuel su DNI, hasta que Romeral decidió denunciar a la magistrada por coacciones. Dos semanas después, ésta hizo lo mismo contra Manuel por “acoso, coacciones, calumnias, injurias y falta de respeto”.

Más allá de su calvario relacionado con la aplicación de la Ley contra la violencia de género por parte de las magistradas investigadas, sólo en la tramitación de este cruce de denuncias, Manuel Romeral encuentra que se han dado una serie de circunstancias cuando menos sorprendentes.

1.- Unas denuncias más rápido que otras

Manuel Romeral denunció por coacciones a la jueza quince días antes de que ella denunciara a Romeral. Sin embargo, las actuaciones de esta segunda denuncia ya están en marcha, mientras que las de la acusación de Romeral siguen congeladas.

2.- “Víctima” incluso antes de las declaraciones

En la célula de citación, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda considera como “víctima” a la magistrada antes incluso de la toma de declaración.

Extracto de la citación judidicial en la que se trata de "víctima" a la denunciante antes de que declare el denunciado/ActuallExtracto de la citación judidicial en la que se trata de “víctima” a la denunciante antes de que declare el denunciado/Actuall

3.- Secuestro de las octavillas sin oír al denunciado

Del mismo modo, el juez establece el “secuestro” de las octavillas e insta a la Guardia Civil a “evitar que se continúe cometiendo el delito” del reparto de panfletos.

Dicha resolución, a juicio de la defensa de Romeral, no es procedente puesto que “para la persecución penal de estos delitos se necesita previamente el correspondiente acto de conciliación, que no ha existido”.

4.- Falta de concreción sobre el “secuestro” de octavillas

Salvo el hecho de que una octavillas quedan secuestradas, la defensa de Romeral alega que el juzgado “no concreta qué hojas volantes está prohibido que difunda”; tampoco hace mención expresa de la distancia que Romeral debe mantener respecto al centro de trabajo de la jueza, “ni si se refiere a las dos sedes judiciales de Majadahonda o no”.

5.- ¿No basta con decir “presuntos”?

Romeral considera que no hay justificación para tomar en consideración que se haya producido una posible injuria o calumnia, dado que en la octavilla “se hace reseña específica de que son ‘presuntos’” todos los hechos por los que está siendo investigada la magistrada.

“De limitar así el derecho de expresión no podría informarse nunca sobre acción judicial alguna penal hasta que no resultara una condena firme”, subraya la defensa de Romeral en un escrito de alegaciones.

6.- La jueza declara sin el abogado de la contraparte

La jueza declaró ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda sin que estuviera presente el abogado de Romeral, hecho ante el que se presentó un recurso extraordinario de nulidad, solicitando que se excluya de las actuaciones esta declaración.

Más aún, según el escrito de alegaciones, “el Juzgado le permitió no sólo hacer declaraciones que nada tenían que ver con lo actuado, sino más allá, dejar constancia de ellas en el acta de la declaración“.

Cabe reseñar que esta magistrada está querellada precisamente por “revelación de secretos”, al comentar con terceras personas aspectos de los procesos judiciales que llevaba y en los que era parte Manuel Romeral.

7.- El juez instructor ‘fantasma’

En el auto en el que se decreta el secuestro de las octavillas no aparece firmado por el nombre del magistrado que lo decide, por lo que se ve afectado el derecho a una justicia imparcial y transparente.

Este derecho está garantizado, entre otras instituciones, por la recusación, imposible de ejercer sin conocer el nombre del juez que realiza la instrucción.

PREVA1

 

PREVA2

 

http://www.actuall.com/familia/violencia-de-genero-los-7-privilegios-de-una-jueza-frente-a-quien-ha-logrado-que-sea-investigada/

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