La Inquisición ofrecía mas garantías juridicas que los JVM

LAS DETENCIONES POR VIOGEN SON ILEGALES E INCONSTITUCIONALES. Sentencia TC 10/02/2014

In Casos sangrantes, Denuncias falsas, Hombres maltratados, Legislacion, Prevaricacion on 24 enero, 2017 at 10:27

 

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TRIBUNALES Ampara a un vecino de Benidorm

El Constitucional refuerza la protección contra falsas denuncias de malos tratos

 

JUAN NIETO

Valencia

Actualizado: 17/03/2014 09:43 horas

La sala primera del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que rompe la indefensión de las detenciones ilegales y de loshombres acusados por presuntos delitos de malos tratos falsos. El TC ha estimado el recurso de amparo que presentó un vecino de Benidorm porque un juzgado le negó el habeas corpus, que es el procedimiento que abre el órgano competente cuando se ha producido una presunta detención ilegal. El perjudicado estuvo retenido en el cuartel de la Guardia Civil de Altea durante un día, la denuncia de su mujer se archivó y ahora otro juzgado ha abierto diligencias por un presunto delito de denuncia falsa.

El demandante en amparo solicitó este procedimiento después de que su mujer lo denunciara por presuntos malos tratos psicológicos. Sin embargo, el juzgado se lo negó porque la detención se produjo "por agentes de la autoridad, concurriendo los requisitos que tanto la Constitución como la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen". De hecho, el habeas corpus no suele otorgarse en casos de violencia de género, según los abogados consultados por EL MUNDO.

"La solicitud se fundamentaba, por un lado, en que se estaba produciendo una prolongación indebida de la situación de privación de libertad, ya que la única diligencia que había que practicar era la propia declaración del detenido", admite la sentencia. Por otro lado, "también se exponía que la detención era ilegal porque no se había comunicado los motivos" de la misma, pues no se expusieron "los hechos concretos" de la denuncia.

El juzgado negó el habeas corpus y en el auto se exponía "que existía una denuncia por un delito de malos tratos psicológicos, constaba la existencia de denuncias previas y un juicio pendiente" de violencia de género. También argumentó que "no se había producido una prórroga de la detención de forma ilegal" por lo que se podía "abrir la puerta al examen judicial de la detención".

El Ministerio Fiscal descartó que se produjera el "trato denigrante" denunciado y agregó que "el habeas corpus es un instrumento procesal adecuado para denunciar abusos", pero que en este caso concreto no se acreditó tal situación. En cambio, el TC estima el recurso del demandante y cree que "el frecuente incumplimiento" de los preceptos constitucionales por parte "de algunos juzgados de Instrucción" es a juicio de este tribunal "grave".

"Se hace necesario reiterar que este tribunal ha declarado que el procedimiento de habeas corpus no puede verse mermado en su calidad o intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen en amparo debe ser plenamente efectivo" porque "la esencia histórica y constitucional de este procedimiento radica en que el juez compruebe personalmente la situación de quien pide el control judicial", dice la sentencia. Los magistrados recuerdan a los jueces de instrucción que "tienen la obligación de aplicar e interpretar leyes según los preceptos y principios constitucionales".

A la Fiscalía el TC le replica que "no cabe admitir su conclusión" pues el habeas corpus "establece una garantía judicial en protección del derecho a la libertad de toda persona detenida". Y en este caso "la comparecencia se realizó ante el secretario judicial y este acto no puede colmar la exigencia de que, una vez incoado el procedimiento de habeas corpus, el detenido sea oído por el juez".

Por todos estos motivos la sala, compuesta por el presidente del TC,Francisco Pérez de los Cobos; y los magistrados Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, otorga el amparo y declara la nulidad de los autos recurridos. Finalmente, el presunto agresor fue absuelto de los delitos por los que fue detenido "ilegalmente" y un juzgado de Benidorm investiga ahora a la presunta víctima por un delito de denuncia falsa.

 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/17/5325f70aca4741b55b8b4570.html

http://custodiapaterna.blogspot.com.es/2016/04/el-constitucional-detecta-arrestos.html

http://misandria.info/f11/constitucional-refuerza-proteccion-contra-falsas-denuncias-de-malos-tratos-1697/

 

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2645

Sala Primera. Sentencia 21/2014, de 10 de febrero de 2014. Recurso de amparo 2569-2013. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto del Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario que inadmitió a trámite una solicitud de habeas corpus formulada por quien se hallaba detenido en dependencias policiales. Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 95/2012).
  • Publicado en:

    «BOE» núm. 60, de 11 de marzo de 2014, páginas 24 a 28 (5 págs.)

TEXTO

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2569-2013, promovido por el Ministerio Fiscal contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Puerto del Rosario de 27 de marzo de 2013, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el Auto de 5 de febrero de 2013 –aclarado por Auto de 6 de febrero de 2013–, por el que se acordó no admitir la incoación del procedimiento de habeas corpus núm. 134-2013. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El Ministerio Fiscal interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de abril de 2013.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El 5 de febrero de 2013 fue presentada una solicitud de incoación de procedimiento de habeas corpus ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Puerto del Rosario, que fue tramitada con el núm. 134-2013. La solicitud se fundamentaba en que la situación de detención por la Guardia Civil no estaba justificada, ya que «no se ha cometido hecho delictivo alguno». El Ministerio Fiscal, mediante comparecencia personal en el Juzgado, interesó la admisión de la solicitud de habeas corpus por considerar que concurrían los presupuestos legales para su admisión, previstos en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.

b) Por Auto de 5 de febrero de 2013 se acordó denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus. El argumento fue que «en el presente supuesto al indicar el motivo concreto por el que se solicita el habeas corpus no se expresa ninguno de los contenidos en el apartado primero de la ley, se limita a indicar el detenido que lo interpone por considerar que no se ha cometido hecho delictivo alguno, cuestión que corresponde decidir al Juez competente, dado que se encuentra imputado por un delito concreto de violencia de género…» (fundamento jurídico tercero). El Auto fue aclarado por Auto de 6 de febrero de 2013 en el sentido de suprimir un párrafo del fallo que no tenía relación con la causa.

c) El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2013, formuló un incidente de nulidad de actuaciones, argumentando que, de conformidad con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la no admisión de la incoación del procedimiento de habeas corpus con fundamento en la no concurrencia de alguna de las situaciones legales de detención previstas en el art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984 vulnera el art. 17.4 CE, ya que supone entrar a conocer sobre cuestiones de fondo que deben ser resueltas tras la tramitación del procedimiento de habeas corpus. La nulidad de actuaciones fue denegada por Auto de 27 de marzo de 2013, con el argumento de que al detenido no se le causó ningún perjuicio, pues fue puesto a las pocas horas de su detención a disposición del Juzgado especializado de violencia contra la mujer y éste resolvió sobre su situación personal.

3. El Ministerio Fiscal solicita que se declare la vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE) y la nulidad de las resoluciones impugnadas.

El Ministerio Fiscal afirma que el órgano judicial, una vez solicitada la incoación del procedimiento de habeas corpus, procedió a su no admisión a limine con una argumentación estereotipada en que se limitaba a señalar que la petición no se encuadraba en ninguno de los supuestos del art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984. Argumenta que esta decisión lesiona el derecho a la libertad personal del art. 17.1 y 4 CE, y contradice abiertamente la consolidada y reiterada doctrina de este Tribunal acerca de la efectividad del control judicial de las situaciones de privación de libertad, no acordadas judicialmente, conforme a la cual «el enjuiciamiento sobre la legalidad de la detención (policial), una vez constatada su realidad, debe llevarse a cabo en el juicio de fondo, por lo que no puede acordarse la no admisión de la solicitud por este motivo, sin examinar las circunstancias concurrentes y previa comparecencia y audiencia de la persona privada de libertad».

El Ministerio Fiscal afirma que el órgano judicial, una vez constatado que se cumplían todos los requisitos formales del art. 4 de la Ley Orgánica 6/1984, tenía la obligación constitucional, tal como fue informado por el Ministerio Fiscal, de acordar la incoación del procedimiento de habeas corpus. Igualmente dice que no resulta admisible fundamentar la decisión de no admisión en que el órgano competente para conocer sobre la concurrencia del delito eventualmente cometido por el detenido fuera un órgano judicial especializado, ya que es al Juez de instrucción del lugar donde se encuentre la persona privada de libertad al que corresponde resolver sobre la petición de habeas corpus. Por último, el Ministerio Fiscal también afirma que la decisión de desestimar el incidente de nulidad perpetuó la vulneración constitucional del art. 17.1 y 4 CE, ya que el argumento de que no hubo una indefensión material por no existir un perjuicio real no puede ser compartido. Por un lado, lo alegado en el incidente no era la existencia de una indefensión sino una lesión directa e inmediata del derecho a la libertad personal. Por otro, sí se causó un perjuicio al detenido derivado del incumplimiento por el Juez de instrucción de su función de garante del derecho a la libertad y de la negativa de controlar las circunstancias de su detención policial, privándole de la vía constitucional existente para reparar las lesiones de ese derecho fundamental.

El Ministerio Fiscal, con cita de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, justifica la especial transcendencia constitucional de este recurso, en primer lugar, en la negativa manifiesta del órgano judicial al deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que, a pesar de que le fue puesta de manifiesto, no se hizo una aplicación de la misma. En segundo lugar, también fundamenta la especial trascendencia constitucional del recurso en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este particular está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinara, tal como se acredita del análisis de los distintos y reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y especialmente por este Juzgado de instrucción, adjuntando diversas resoluciones de no admisión de procedimientos de habeas corpus. Expone que «se trata, por tanto, de un supuesto deliberado de reiterado, sistemático y persistente incumplimiento de la doctrina constitucional por parte del mismo órgano judicial, que provoca, como consecuencia, la neutralización ab initio de su función de garante del derecho a la libertad personal. Esta mala praxis judicial contribuye a un fenómeno de ‘banalización’ del derecho a la libertad personal, incompatible con la noción de Estado constitucional de Derecho».

4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 7 de octubre de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir al órgano judicial la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo. Igualmente, se acordó también la publicación de la admisión en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el art. 46.2 LOTC, a efectos de comparecencia de otros posibles interesados.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 4 de diciembre de 2013, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones, dejar constancia de que no se había efectuado personación alguna y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal por un plazo de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.

6. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 7 de enero de 2014, presentó sus alegaciones reproduciendo las contenidas en su escrito de demanda.

7. Por providencia de 6 de febrero de 2014, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión judicial de denegar la incoación del procedimiento de habeas corpusha vulnerado el derecho del detenido a su libertad personal (art. 17.1 y 4 CE).

2. Procede, en primer lugar, exponer el marco y la jurisprudencia constitucionales en la materia.

El artículo 17.1 CE establece que «[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley». Por su parte, el artículo 17.4 CE establece que «[l]a ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente». La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus (LOHC) ha desarrollado ese mandato constitucional. El art. 1 LOHC establece que mediante este procedimiento podrá obtenerse la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente, entendiendo por tal quien lo fuera sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes; las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes; y a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

Este Tribunal ha sentado una consolidada jurisprudencia en relación con esta previsión constitucional y la incidencia que sobre ella tienen las decisiones judiciales de no admisión a trámite de la solicitud de habeas corpus. Ha declarado que, aun cuando la LOHC posibilita denegar la incoación de un procedimiento de habeas corpus, fundamentar la decisión de no admisión en que el recurrente no se encontraba ilícitamente privado de libertad por no concurrir ninguno de los supuestos del art. 1 LOHC vulnera el art. 17.4 CE, ya que implica una resolución sobre el fondo que solo puede realizarse una vez sustanciado el procedimiento. Los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitir un procedimiento de habeas corpus son los basados en la falta del presupuesto necesario de una situación de privación de libertad no acordada judicialmente o en el incumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el art. 4 LOHC (STC 35/2008, de 25 de febrero, FJ 2).

Esta jurisprudencia es reiterada e inequívoca (entre otras, SSTC 21/1996, de 12 de febrero, FJ 7; 66/1996, de 16 de abril, FJ 6; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 11; 224/1998, de 24 de noviembre, FJ 5; 174/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 232/1999, de 13 de diciembre, FJ 4; 179/2000, de 26 de junio, FJ 5; 208/2000 y 209/2000, de 24 de julio, FJ 5; 233/2000, de 2 de octubre, FJ 5; 263/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 287/2000, de 27 de noviembre, FJ 4; 288/2000, de 27 de noviembre, FJ 6; 24/2002, de 25 de noviembre, FJ 5; 94/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 23/2004, de 23 de febrero, FJ 5; 122/2004, de 12 de julio, FJ 3; 37/2005, de 28 de febrero, FJ 3; 29/2006, de 30 de enero, FJ 3; 46/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 93/2006, de 27 de marzo, FJ 3; 169/2006, de 5 de junio, FJ 2; 165/2007, de 2 de julio, FJ 4; 35/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 37/2008, de 25 de febrero, FJ 3; 147/2008, de 10 de noviembre, FJ 2; 172/2008, de 18 de diciembre, FJ 3; 88/2011, de 6 de junio, FJ 4, y 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4).

El frecuente incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional que este Tribunal puede observar es grave, carece de justificación y dota de especial trascendencia constitucional a este recurso. De ese modo, se hace necesario reiterar que este Tribunal ha declarado que el procedimiento de habeas corpus no puede verse mermado en su calidad o intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su amparo debe ser plenamente efectivo, y no solo formal, para evitar que quede menoscabado el derecho a la libertad, ya que la esencia histórica y constitucional de este procedimiento radica en que el Juez compruebe personalmente la situación de quien pide el control judicial, siempre que la persona se encuentre efectivamente detenida, ofreciéndole una oportunidad de hacerse oír (STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4). Por otra parte, también es preciso recordar que es a los órganos judiciales a los que corresponde la esencial función de garantizar el derecho a la libertad mediante el procedimiento de habeas corpus controlando las privaciones de libertad no acordadas judicialmente; que en esa función están vinculados por la Constitución; y que tienen la obligación de aplicar e interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (art. 5.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

3. Procede, a continuación, examinar y enjuiciar el caso planteado.

En el presente caso, tal como se ha expuesto más detalladamente en los antecedentes, el detenido presentó un escrito solicitando la incoación de un procedimiento de habeas corpus alegando que su detención era ilegal porque no había cometido hecho delictivo alguno. El Ministerio Fiscal presentó informe favorable a la admisión a trámite del procedimiento por considerar que se cumplían los presupuestos legales necesarios: la situación de privación de libertad por autoridad no judicial y los requisitos formales previstos en el art. 4 LOHC. El órgano judicial, sin embargo, decidió no admitir a trámite la demanda de habeas corpus fundándose en el argumento de que el detenido se limitó a indicar en su solicitud que no había cometido ningún delito y que esa cuestión correspondía decidirla al Juez competente.

Esta argumentación y la consiguiente decisión vulneran el art. 17.4 CE. La solicitud de habeas corpus se fundamentó en que el detenido consideraba que su privación de libertad era ilegal por no haber cometido hecho delictivo alguno. Esta afirmación pone de manifiesto que el detenido entendía que su privación de libertad se había realizado fuera de los supuestos en que la legislación procesal penal autoriza esa privación. Se aducía, pues, una detención ilegal, a la que se refiere el art. 1 a) LOHC como uno de los supuestos que fundamentan el habeas corpus. La finalidad del procedimiento de habeas corpus no es pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad del detenido, sino que constituye uno de sus objetos analizar el cumplimiento de los presupuestos de la legalidad de una detención preventiva, como es que existan indicios de haberse cometido un delito del que el detenido pueda ser responsable; y esto es lo que se solicitó por el detenido. Lo que se instaba en su escrito de solicitud de habeas corpus no podía entenderse como un pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad penal del detenido, sino sobre si concurrían los presupuestos legales habilitantes para la detención gubernativa, cuyo examen oyendo al detenido mediante la sustanciación del habeas corpus es competencia del Juez de instrucción del lugar en que se encuentra aquel.

En conclusión, verificado que el solicitante de habeas corpus estaba en una situación de privación de libertad no acordada judicialmente y que concurrían todos los requisitos formales exigidos por la LOHC, era constitucionalmente obligada la admisión a trámite del procedimiento. Al no haberse hecho así se vulneró el art. 17.4 CE y procede declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas. No es precisa la retroacción de actuaciones, la cual carecería de eficacia alguna por haber cesado la situación de privación de libertad a cuyo control de legalidad está orientado el procedimiento de habeas corpus (STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 7).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia:

1.º Reconocer el derecho a la libertad personal (arts. 17.1 y 4 CE).

2.º Declarar la nulidad de los Autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Puerto del Rosario de 5 de febrero de 2013 –aclarado por Auto de 6 de febrero de 2013– y de 27 de marzo de 2013 en el procedimiento de habeas corpus núm. 134-2013.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a diez de febrero de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf


 

Denuncian detenciones ilegales por violencia de género

 

Policía denuncia que se incumple el protocolo de actuación en casos de violencia de género


ASI SE DETIENE ILEGALMENTE A LOS HOMBRES EN ESPAÑA, PREVIO ALLANAMIENTO DE MORADA SIN ORDEN JUDICIAL

 

 

 


 

Procedimiento habeas corpus desde un contexto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Francisco Martín Alonso

Oficial de la Policía Local de Salamanca (especial

 

Sumario:

1. Procedimiento habeas corpus (art.1 LO 6/84)

2. Competencia (art. 2 LO 6/84)

3. Iniciación (art. 3 LO 6/84)

4. Contenido (art. 4 LO 6/84)

5. Obligación del funcionario bajo cuya custodia se encuentre el detenido (art. 5 LO 6/84)

6. Admisión del procedimiento (art. 6 LO 6/84)

7. Incoación del procedimiento (art. 7 LO 6/84)

8. Resolución del procedimiento (art. 8 LO 6/84)

8. Testimonio (art. 9 LO 6/84)

9. Ejemplos de diligencias policiales

10. Comentario sobre la denegación de la incoación del habeas corpus

Derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a la libertad personal

Deber reforzado de motivación

11. Conclusiones

Bibliografía, doctrina y jurisprudencia

1. Procedimiento habeas corpus (art.1 LO 6/84)

Habeas corpus significa llevar o poner de manifiesto a una persona. El art. 17.4 CE recoge el derecho de toda persona que se considere ilegalmente detenida a solicitar a la autoridad judicial que se incoe el procedimiento habeas corpus.

Dicho procedimiento está regulado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo (LOHC). En dicha Ley se instaura un procedimiento espacial y sumario que garantiza el derecho fundamental a la libertad personal.

El artículo 1 de la LO 6/84 define el habeas corpus como el procedimiento mediante el cual se podrá proceder a la inmediata puesta a disposición judicial de cualquier persona ilegalmente detenida.

Según lo previsto en el art. 5.4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque dicho procedimiento esté expresamente regulado, somos el único país de Europa, junto con Inglaterra y Portugal, que mantiene este procedimiento para detenciones ilegales.

En el Preámbulo de la LO 6/84, se fija el objetivo del procedimiento que no es otro que establecer un remedio eficaz y rápido para aquellos eventuales supuestos de detenciones que no estén justificadas desde el punto de vista de la legalidad o que se desarrollen en condiciones de ilegalidad. Por tanto, el procedimiento se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, que permite al ciudadano privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o de las condiciones de la misma, con la finalidad de que el Juez resuelva sobre si la misma se ajusta a derecho.

El procedimiento se inspira en cuatro principios que se recogen en el preámbulo de la Ley:

● Agilidad: procedimiento sumario y rápido, que ha de resolverse en el plazo de 24 horas.

● Sencillez: carente de formalismos, permite una comparecencia verbal, no siendo necesario la intervención de procurador ni abogado, con ello lo que se está facilitando es el acceso al procedimiento de cualquier ciudadano.

● Generalidad: ningún particular o agente de la autoridad podrá sustraerse al control judicial de la detención, ni siquiera en el ámbito militar.

● Universalidad: no sólo para supuesto de detenciones ilegales, sino también para aquellos supuestos que siendo detenciones inicialmente legales, se mantienen o prolongan en condiciones de ilegalidad.

En el apartado segundo del artículo primero, se recogen los supuestos de personas ilegalmente detenidas:

  1. Las que lo fueren por autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
  2. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  3. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al juez más próximo al lugar de la detención.
  4. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

A continuación, pasamos a analizar cada uno de estos supuestos:

  1. En el apartado a) se hace referencia a las detenciones que se practican con desatención a lo establecido en la ley, con incumplimiento de requisitos y formalidades.
  2. El apartado b) se podría referir a aquellos internamientos en centros psiquiátricos de personas incumpliendo los requisitos establecidos en la ley.
  3. En este supuesto, en el apartado c) se recoge también el supuesto de detención ilegal cuando se excede en el plazo legal.
  4. En este caso, el apartado d) se refiere a supuestos de detenciones en los que se violan los derechos del detenido recogidos en los arts. 17.3 CE y 520 y siguientes de la LECrim.

Entonces, podemos concluir, que para que pueda instarse el procedimiento de habeas corpuses absolutamente necesaria la existencia de una detención, entendida como cualquier privación de la libertad ambulatoria de una persona, en cualquiera de sus formas.

"Toda persona privada de libertad que considere que lo ha sido ilegalmente puede acudir al procedimiento de habeas corpus" STC, de 5 de marzo de 1985. Esto significa que en ningún caso los funcionarios de policía podrán abstenerse al ejercicio de dicho procedimiento cuando es solicitado por persona legitimada, pues a quien corresponde decidir sobre la licitud o ilicitud de la detención es al Juez.

2. Competencia (art. 2 LO 6/84)

"Es competente para conocer la solicitud de habeas corpus el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido".

"Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el art. 55.2 CE, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente".

"En el ámbito de la jurisdicción militar será competente para conocer de la solicitud de habeas corpus el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención".

Por tanto, de modo general, el Juez competente para conocer del proceso de habeas corpusserá el Juez de Instrucción, es lo que se denomina la competencia objetiva. Se recogen dos excepciones:

  1. Si la detención lo es por la presunta comisión de delito de terrorismo, en cuyo caso la competencia radica en el Juez Central de Instrucción.
  2. En el ámbito estrictamente castrense la competencia la tiene el Juez Togado Militar territorial, según lo establecido en el art. 61.3 LO 4/1987, de 15 de julio, reguladora de la Jurisdicción Militar.

En cuanto a la competencia territorial, según el art. 2.1 LO 6/84, se establecen tres fueros: el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona que está privada de libertad, el del lugar donde se produce la detención de dicha persona, y en defecto de las anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias.

3. Iniciación (art. 3 LO 6/84)

Pueden instar el procedimiento de habeas corpus:

El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad; descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto los menores y personas incapaces, sus representantes legales.

El Ministerio Fiscal.

El Defensor del Pueblo.

De oficio, el Juez competente.

Aunque no está recogido de modo expreso, tácitamente el Tribunal Constitucional ha considerado que aunque el abogado del detenido no figure entre el elenco de las personas legitimadas para solicitar la incoación del procedimiento, sí es posible que lo haga, según STC 224/1998, de 24 de noviembre, donde se afirma que es válida la solicitud de incoación del procedimiento por el abogado del detenido, cuando actúa en su nombre y bajo su mandato. Véase también STC 61/2003, de 24 de marzo.

4. Contenido (art. 4 LO 6/84)

Si el procedimiento se inicia a instancia de parte, por persona legitimada distinta del propio detenido, se podrá hacer verbalmente o por escrito, mediante comparecencia, sin necesidad de procurador ni abogado, según se establece en el referido artículo.

En el escrito de comparecencia se hará constar:

Nombre del detenido y del solicitante, y también la circunstancia legitimadora.

El lugar donde se halle privado de libertad, la autoridad o persona bajo cuya custodia se encuentre cuando fueren conocidos, y demás circunstancias que puedan ser de interés.

El motivo por el cual se solicita el habeas corpus.

El motivo por el que se solicita el procedimiento puede estar basado en razones sustantivas(no existencia de delito, no participación del privado de libertad en el mismo), o por razones de índole adjetivas (vulneración de algún derecho del detenido, irregularidades en la forma de llevar a cabo la detención, etc.).

5. Obligación del funcionario bajo cuya custodia se encuentre el detenido (art. 5 LO 6/84)

Si el detenido insta la iniciación del procedimiento manifestando su deseo de que sea revisada su situación, la autoridad, agente o funcionario público bajo cuya custodia se encuentre el detenido, tiene la obligación de dar traslado inmediato de la misma al juez de instrucción competente.

En ningún caso la policía judicial podrá no dar trámite a la solicitud del procedimiento, incluso aunque no concurran los requisitos exigidos, ya que esta facultad la tiene de modo exclusivo el juez competente. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar responsabilidad penal (arts. 530 y 532 CP), disciplinaria, o apercibimiento del juez.

6. Admisión del procedimiento (art. 6 LO 6/84)

En esta fase, el Juez examinará la concurrencia de los requisitos necesarios (competencia,legitimidad de las partes, licitud de la detención) para su tramitación, dando traslado de lo referido al Ministerio Público. Posteriormente, mediante auto motivado, acordará la iniciación del procedimiento, o bien, denegará la solicitud habeas corpus por ser improcedente. El auto será notificado al Ministerio Fiscal. Contra la resolución emanada del juez no cabe recurso. No obstante lo anterior, cabe interponer el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional, siempre que por el interesado se halla instado la reforma del auto de denegación de la tramitación del procedimiento por el juez.

Según ha tenido oportunidad de exponer, el insigne GIMENO SENDRA, en esta fase inicial de admitir o no la incoación del habeas corpus, no existe evidencia ninguna. Es por ello, que debido a que los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico son la libertad y la justicia, el juez competente debe incoar el procedimiento si existe alguna duda rayana en la certeza sobre tal demanda. De ese modo, también daría cumplimiento al derecho que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, recogido y contemplado en el art. 24.1 CE.

7. Incoación del procedimiento (art. 7 LO 6/84)

Cuando el juez acuerde el inicio del procedimiento, optará por solicitar al funcionario bajo cuya custodia se encuentre el detenido para que éste comparezca en sede judicial, o bien será el mismo juez quien se persone en el lugar de la detención.

En supuestos graves, el juez podrá acudir al centro de detención e iniciar las diligencias de prevención para esclarecer las circunstancias concurrentes en el caso. También podrá ordenar le sean entregadas las diligencias practicadas por funcionarios de policía judicial, e incluso ordenarles que continúen con la práctica de las diligencias que sean oportunas.

En aquellos supuestos en que coincidan en el lugar de custodia el juez competente para conocer la causa que se está instruyendo y el juez competente para resolver la demanda sobre una presunta detención ilegal, se entiende que será éste último quien deberá hacerse cargo de las diligencias actuadas y del detenido, con el fin de resolver la legalidad o ilegalidad de la detención.

Lo primero que hará el juez será oír al privado de libertad en sus alegaciones, también a su abogado y al Ministerio Fiscal; después oirá a la autoridad, agente o funcionario público que hubiere ordenado la detención para, finalmente, oír al funcionario bajo cuya custodia se encuentre el detenido. A todas las partes, les transmitirá el contenido de lo manifestado por el privado de libertad.

Entonces, el juez practicará las pruebas de las que disponga y ordenará las que sean procedentes, para resolver en el plazo de 24 horas, desde que fue dictado el auto de incoación.

8. Resolución del procedimiento (art. 8 LO 6/84)

Practicada toda la prueba obrante en las actuaciones y terminado el plazo de alegaciones, el juez emitirá auto suficientemente motivado, que podrá ser estimatorio o desestimatorio del procedimiento. De modo que, si el juez estima que no se dan los presupuestos recogidos en el art. 1 de la Ley Orgánica habeas corpus, acordará el archivo de lo actuado y declarará procedente y conforme a la ley la privación de libertad y las circunstancias adyacentes a la misma.

Sin embargo, en el supuesto de que el juez compruebe que concurre alguna circunstancia del art. 1 LOHC, podrá acordar una de las siguientes medidas:

  1. Puesta en libertad del detenido, si lo estaba ilegalmente, tanto en los supuestos en que el privado de libertad fue detenido sin concurrir los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, como aquellos casos en que estuvieran ilícitamente internados en cualquier establecimiento o lugar.
  2. También podrá acordar que continúe la privación de libertad pero, si fuere necesario, en distinto establecimiento o lugar, o bajo custodia de persona/s distinta/s a la/s anterior/es.
  3. Puesta inmediata a disposición judicial del detenido, si hubiere transcurrido el plazo legal de detención. En aquellos supuestos en que se supere el plazo objetivo (72 ó 24 horas) o el plazo subjetivo (cuando hayan concluido las diligencias policiales).
  4. Archivo de las actuaciones, para supuestos de detenciones que se ajusten enteramente a la legalidad.    
8. Testimonio (art. 9 LO 6/84)

El juez tomará testimonio de las personas que sean parte con motivo de una detención objeto a examen, también con motivo de la custodia de tal privación de libertad. No todos los delitos de detención ilegal a efectos del habeas corpus van a constituir delito. Pensemos, por ejemplo, en la detención de una persona por existir motivos racionales de la participación del mismo en un hecho delictivo pero, posteriormente, se comprueba que tal persona no participó en los mismos; en este caso se habría cometido una detención ilegal desde la perspectiva habeas corpus, lo que conllevaría la inmediata puesta en libertad del detenido, si bien no constituiría delito de detención ilegal, puesto que la policía judicial operó, según lo establecido en el art. 492.4 LECrim.

Si mediara denuncia falsa o simulación de delito, se podrá responder penalmente por tales hechos, y además se podrá repercutir al solicitante el pago de las costas judiciales.

9. Ejemplos de diligencias policiales

1. Diligencia haciendo constar la solicitud del habeas corpus de un detenido

DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar, que siendo las … horas y … minutos, del día … de … de 2014, el detenido (nombre y APELLIDOS), cuyos demás datos de filiación constan en diligencia aparte y que lo está por un presunto delito de …, ha manifestado verbalmente al policía con número de identificación profesional …, responsable de la custodia del detenido, que: "su detención es ilegal, ya que no ha realizado los hechos que se le imputan, y que por ese motivo solicita se incoe el procedimiento habeas corpus con la finalidad de determinar que su detención no se ajusta a derecho".

Que una vez ha llegado a conocimiento del Instructor, éste acuerda se ponga inmediatamente en conocimiento del Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Instrucción en funciones de Guardia, según se establece en la Ley Orgánica de Habeas Corpus, lo cual se lleva a efecto mediante llamada telefónica, la cual queda registrada con el número de telefonema … (280) en el Registro de Telefonemas de la base de datos policial EUROCOP. CONSTE Y CERTIFICO.

2. Diligencia haciendo constar la solicitud del habeas corpus de un detenido menor de edad

DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar, que siendo las … horas y … minutos, del día … de … de 2014, el detenido (nombre y APELLIDOS), menor de edad, cuyos demás datos de filiación constan en diligencia aparte y que lo está por un presunto delito de …, ha manifestado verbalmente al policía con número de identificación profesional …, responsable de su custodia, que: "su detención no es legal, y que quiere solicitar que se dé trámite al procedimiento habeas corpus".

Que una vez ha tenido conocimiento el Instructor, acuerda que se ponga inmediatamente en conocimiento del Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Instrucción en funciones de Guardia, así como a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, según se establece en la Ley Orgánica de Habeas Corpus, lo cual se lleva a efecto mediante sendas llamadas telefónicas, las cuáles quedan registradas con los números de telefonema … (281) y … (282), en el Registro de Telefonemas de la base de datos policial EUROCOP. CONSTE Y CERTIFICO.

3. Diligencias haciendo constar las instrucciones judiciales recibidas

DILIGENCIA. Se extiende para hacer constar, que siendo las … horas y … minutos, del día … de … de 2014, se recibe llamada telefónica del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, que queda registrada en el Registro de Telefonemas de la base de datos policial EUROCOP con el número de telefonema … (283), en la que el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción en funciones de Guardia, acuerda lo siguiente: "Póngase inmediatamente a mi disposición al detenido (nombre y APELLIDOS), junto con las diligencias realizadas hasta este momento". CONSTE Y CERTIFICO.

4. Ejemplo de escrito de solicitud habeas corpus (en sede policial)

Ejemplo de solicitud de habeas corpus en dependencias policiales

DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

CIRCUNSTANCIA LEGITIMADORA1:

DATOS DEL/ DE LA DETENIDO/A:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LUGAR O DEPENDENCIA DONDE SE ENCUENTRA EL DETENIDO:

DENOMINACIÓN:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

MOTIVACIÓN:

Según lo establecido en el art. 17.4 de la Constitución Española, y de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento habeas corpus, el/la abajo firmante solicita la inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de D/Doña …, por los siguientes motivos:….

En Localidad (Provincia), a … de … de 2014.

Fdo.: ____________________________

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA

Escrito formal de solicitud del habeas corpus

AL JUZGADO DE GUARDIA DE (LOCALIDAD)

D. /D. ª (Nombre y APELLIDOS) mayor de edad, con D.N.I 00000021F y D. /D. ª (Nombre y APELLIDOS) mayor de edad, con D.N.I 000000022F, mediante el presente escrito formulamos solicitud de incoación de procedimiento de habeas corpus en base a los siguientes:

MOTIVOS

PRIMERO.- Teniendo en cuenta la legislación vigente, los menores de edad penal presuntamente responsables de la comisión de delitos pueden ser detenidos, si bien esta medida debe durar el tiempo mínimo imprescindible (y en todo caso, no superior a 24 horas) y(…).

SEGUNDO.- La LO 5/2000, de 12 de enero, recoge en su art. 17 los derechos de los menores cuando se encuentren detenidos, señalando que las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de modo inmediato, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. (…).

TERCERO.- La detención preventiva es aquella que tiene su base en la presunta comisión de una infracción penal. Es una medida de carácter personal que consiste en privar de libertad a una persona con la finalidad de asegurar su comparecencia ante el Juez que instruye o va a instruir el proceso. (…).

CUARTO.- (…) Ambos supuestos pueden ser constitutivos de control o examen judicial. En ambos supuestos, cuando se supera el límite absoluto o el relativo supone, según tiene declarado el Tribunal Constitucional en su STC núm. 224/1998, de 30 de diciembre, motivo suficiente para acordar la incoación del procedimiento habeas corpus, ya que el citado procedimiento tiene por objeto controlar no sólo aquellas detenciones que son ilegales sino también estudiar la licitud de aquellas otras, que siendo en origen detenciones legales, devienen en ilegales por superación de plazos. (…).

QUINTO.- (…) Es por este motivo que la presente solicitud, debe dar lugar a la incoación del procedimiento habeas corpus, según lo establecido en el art. 7 LOHC, que es si cabe más necesario cuando el solicitante, como es el caso, alega que la privación de libertad se extiende indebidamente. (SSTC 86/96 y 224/2002). (…).

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO

Que proceda a la incoación de procedimiento de habeas corpus en relación a la privación de libertad de (Nombre y APELLIDOS) y, previos los trámites legales, se dicte auto declarando ilegal la detención, con los pronunciamientos inherentes, y acordando la inmediata puesta a disposición judicial de (Nombre y APELLIDOS).

OTROSÍ DIGO PRIMERO que a los efectos de acreditar lo anterior suplicamos al Juzgado que solicite a la Policía la entrega inmediata de copia de las diligencias policiales instruidas a efectos de acreditar lo anterior manifestado, donde constan la fecha y motivos de la detención de (Nombre y APELLIDOS) y demás circunstancias identificadoras.

Por lo que SUPLICAMOS AL JUZGADO admita este documento de conformidad al art. 7 LOHC.

En Localidad (Provincia), a … de … de 2014

Fdo. D. /D. ª Nombre y APELLIDOS          Fdo. D. /D. ª Nombre y APELLIDOS

10. Comentario sobre la denegación de la incoación del habeas corpus
Derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a la libertad personal

Denegar una incoación de procedimiento de habeas corpus para examinar si una detención es lícita o ilícita, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a la libertad personal (art. 17 CE, apartados 1, 2 y 4).

El derecho a la tutela judicial efectiva, amparado en el art. 24.1 de la Constitución Española, se lesiona porque según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, se ha declarado que siempre que exista una situación fáctica de privación de libertad no puede denegarse la incoación del procedimiento de habeas corpus, sino que es preciso ordenar la comparecencia del detenido y oír a las partes. Rechazar la iniciación del procedimiento, basándose en la legalidad de la detención, resulta inadmisible, ya que no se escuchan las alegaciones de las partes y se genera indefensión.

Abundando en lo referido anteriormente, el art. 7 LOHC impone la obligación al Juez de que o se le ponga de manifiesto al detenido, o de constituirse el mismo en el lugar de detención para, posteriormente oír tanto al detenido (o a su representante legal o defensor) como al Ministerio Fiscal y a las autoridades que acordaron o practicaron la detención, así como practicar la prueba que se pudiera proponer para, finalmente, dictar resolución (estimatoria o desestimatoria). Infringir el art. 7 LOHC supone vulnerar el art. 17.4 CE. El dictar resolución sin oír alguna de las partes, supone vulneración del art. 7 LOHC, ya que dicho precepto está inspirado en el principio de igualdad de armas.

La doctrina constitucional en cuanto a la denegación de incoación del procedimiento habeas corpus, la encontramos recogida en las SSTC 208/2000 y 209/2000, ambas de 24 de julio, 232/2000, de 2 de octubre, y 263/2000, de 30 de octubre. Inadmitir a trámite el Juzgado competente su solicitud de habeas corpus con evidente falta de motivación, va en contra de una consolidada doctrina de este Tribunal. Por tanto, el rechazo liminar de la solicitud presentada, supone una interpretación a todas luces contraria a lo establecido en el art. 17.4 CE.

La inadmisión a trámite del procedimiento habeas corpus debe reducirse a los supuestos de incumplimiento de los requisitos formales (procesales y formales), recogidos en el art. 4 LOHC. Es por ello, que cuando existe una detención, si hay dudas acerca de la legalidad de las circunstancias de la misma, no procede acordar la inadmisión, sino examinar dichas circunstancias. Siendo improcedente inadmitir el procedimiento basándose en que el actor no se encontraba ilícitamente detenido (STC 37/2005, de 28 febrero).

"El órgano judicial no ejercitó de manera eficaz el control que constitucionalmente le corresponde, en cuanto ‘guardián de la libertad individual‘ STC 115/87, de 7 de julio, desconociendo la naturaleza y finalidad del procedimiento habeas corpus, vulnerando lo establecido en el art. 17.4 CE".

Deber reforzado de motivación

Según lo establecido en el art. 248.1 LOPJ se exige que los autos judiciales estén motivados. Cuando éstos supongan afectación a derechos fundamentales, constitucionalmente protegidos, han de estarlo especialmente dado los derechos que entran en juego (STC 25/2000) “deber reforzado de motivación”. Se exige, por tanto, una motivación mayor y reforzada que la motivación ordinaria. La falta de motivación en una denegación del procedimiento habeas corpus, supone una vulneración del art. 24.1 CE. Esto ocurre cuando el Auto judicial denegando la solicitud es estereotipado y falto de fundamentación. Sin embargo, el deber de motivación puede resultar irrelevante cuando se inadmite el procedimiento habeas corpus, pues como hemos visto, tal hecho conculca el art. 17.4 CE (STC 288, de 27 de noviembre).

Esta forma de hacer justicia, un tanto oxidada, según la actual exigencia de un Estado Democrático de Derecho con una madurez consolidada, demanda del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el concepto de presentación inmediata, dejando por sentado si el órgano judicial tiene que tramitar el procedimiento en el mismo instante en que sea solicitado o si, en supuestos en que sea solicitado en horario nocturno, bastará con que se le reciba declaración a la mañana siguiente.

11. Conclusiones

La garantía de la libertad la hallamos en el procedimiento habeas corpus, y mediante este procedimiento se persigue un control judicial de las privaciones de libertad. De otro lado, si se cumplen los requisitos formales para la admisión a trámite y se da el presupuesto de la detención, no es lícito denegar la incoación del mismo. Es decir, si tenemos una persona privada de libertad y tenemos una circunstancia legitimadora para instar el procedimientohabeas corpus, es procedente incoarlo, para que el Juez examine las circunstancias de la detención.

Este procedimiento, pese a ser ágil y sumario, no debe verse reducido en su calidad o intensidad. Se exige, por tanto, del control judicial un verdadero mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales obrantes, de los cuales figura como estandarte el de la libertad personal.

Bibliografía, doctrina y jurisprudencia

– Convenio Europeo de Derechos Humanos.

– Constitución Española de 1978.

– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

– Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

– Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, que regula el proceso de habeas corpus (LOHC).

– Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, reguladora de la Jurisdicción Militar.

– Marchal Escalona, Nicolás, El atestado: inicio del proceso penal, Aranzadi, 2010.

– Guide Fernández, Ana, El habeas corpus en España, Tirant lo Blanch, 2008.

– Gimeno Sendra, Vicente, Derecho procesal penal (2. ª Ed.), Colex Editorial Constitución y Leyes SA, 2007.

– Gimeno Sendra, Vicente, El proceso de habeas corpus (2. ª Ed.), TECNOS, 1996.

– Síntesis de la doctrina jurisprudencial sobre la materia: STC, de 5 de marzo de 1985; STC 115/87 de 7 de julio; STS, de 04 de diciembre de 1989; STC 86/96, de 21 de mayo; STC 224/98, de 26 de febrero; STC 224/98, de 24 de noviembre; SSTC 208/2000 y 209/2000, ambas de 24 de julio; STC 232/2000, de 2 de octubre; STC 263/2000, de 30 de octubre; STC 61/2003, de 24 de marzo; STC 37/2005, de 28 de febrero; etcétera

 

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4940-procedimiento-habeas-corpus-desde-un-contexto-de-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad/

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