[extraido del libro El Varon Castrado, de Diaz Herrera]
Aunque todos los grupos parlamentarios del Senado han apoyado la Custodia Compartida -especialmente Esquerra Republicana de Catalunya- al llegar al Congreso arrecian las presiones para que la ley sea descafeinada.
Ante el temor de no ser escuchadas, el tardofeminismo español decide sacar el asunto a la calle y preparar sus cuadrod dirigentes, por si es preciso movilizarse en contra del PSOE.
«La guarda y custodia compartida olvida el interés del menor que es el más necesitado de protección. en el Derecho Comparado no existe precedente sobre la custodia compartida por imposición judicial. La guarda y custodia compartida es guardia y custodia repartida. Los hijos no son objeto de reparto, son sujetos de derecho. Introducir en la legislación la guarda y custodia repartida creará inseguridad jurídica y aumento en la violencia de género. La guarda y custodia compartida es la nueva estrategia del patriarcado.»
En estos términos se convocaba un nuevo acto para presionar al Gobierno y adecuar la Ley del Divorcio a los presupuestos del feminismo inmovilista. El acto debía celebrarse el 25 de mayo de 2005, en la sede de Altadis (Antigua Tabacalera), en la calle Eloy Gonzalo 10 de Madrid, que parecía hacerse perdonar así los pecados por dedicarse a una actividad perniciosa: el uso de tabaco.
En la asamblea tomaron parte, entre otras dirigentes políticas, las diputadas del PP y del PNV Carmen Matador y Margarita Uría, las abogadas separatistas y divorcistas María José Varela y Consuelo Abril González.
Lo convocaban la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, el Forum de Política Feminista, la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres y Mujeres para la Salud. Allí, sin que nadie se inmutara, se dijeron barbaridades de gran calibre, como las siguientes:
«La custodia compartida es una reminiscencia de la sociedad patriarcal, que tiende a perpetuarse en contra de las mujeres. La práctica judicial demuestra que sólo la solicitan los padres violentos como un nuevo y eficacísimo mecanismo de control y de maltrato hacia sus cónyuges, a las que tratan de aniquilar aún después de la separación y el divorcio.»
«Las madres aquí presentes no debemos de olvidar que muchos padres separados aprovechan los regímenes de visitas y los encuentros con sus hijos para matarlos», como una suerte de Saturno que devora a sus propios hijos.
El feminismo no iba a parar hasta conseguir su propósito.
Nacida en Badajoz en 1969, licenciada en Derecho, casada y con dos hijos la diputada el PP Carmen Matador de Matos, no se había visto en una situación similar desde que en el año 2000 pisó por primera vez la sede del Congreso de los Diputados.
Secretaria segunda de la Comisión Constitucional del Congreso y vocal de las comisiones de Justicia e Interior, el 30 de marzo de 2004 fue nombrada por su partido ponente del proyecto de Ley de Modificación del Código Civil en Materia de Separación y Divorcio.
Un mes más tarde recibió en su despacho una comisión de quince abogadas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, con Ana María Pérez del Campo a la cabeza.
Tras preguntarle cuál era la posición del PP en relación con la custodia compartida de los menores e indicarle Carmen Matador que la misma que el gobierno advirtieron:
-Pues el gobierno va a cambiar de parecer en los próximos días. Para que la Ley salga por consenso es preciso que vosotros os adecuéis a las nuevas propuestas.
-Yo no puedo tomar esa decisión. Tendré que consultarlo con el Presidente del Grupo Parlamentario.
–Pues hazlo cuanto antes. Y díle a Zaplana que se porte bien. No le conviene tener a las mujeres en contra.
En el llamado «Informe Hamelín», sus responsables afirman que la diputada popular fue amenazada incluso con publicar el contenido de la conversación, que estaban grabando clandestinamente con un magnetófono oculto. El autor, sin embargo, no ha podido contrastar esa información.
En el asunto se ventilaban miles de millones de euros todos los años en casas, pensiones y alimentas, y el movimiento feminista no estaba dispuesto a tolerarlo.
Después de tratar de convencer al Grupo Parlamentario Socialista y al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar de que la ley debería ser modificada, sin conseguirlo, decidieron acudir directamente a la cabeza.
Así, el miércoles 21 de abril de 2005, las representantes de un total de sesenta organizaciones feministas eran recibidas en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por el presidente del Gobierno y secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero.
–Si se aprueba esta ley y se admite la custodia compartida las mujeres habremos retrocedido a los tiempos de Franco. Decenas de miles de padres que han delegado la crianza de sus hijos en sus ex mujeres pedirán la revisión de sus convenios, y otras tantas mujeres se quedarán sin casa, sin pensión, y tendrán que vivir tiradas en la calle -le soplaron a Zapatero al oído.
Sentado encima de un taburete pintado de rojo, con el emblema del PSOE en los laterales, rodeado de ciento cincuenta mujeres, Zapatero escuchó embobado el chaparrón de críticas.
-En el momento en que la Ley del Divorcio admita la custodia compartida, la Ley de Violencia de Género no servirá de nada, los maltratadores tendrán los mismo derechos que las mujeres sobre sus hijos.
Mezclando la ley de Violencia de Género con la reforma del Código Civil en materia de Divorcio, en el fondo lo que se ventilaba era un asunto méramente económico. Si se establecía la custodia compartida la mujer perdía el hogar familiar, ya que la sociedad de gananciales se disolvía y se repartían al 50 % las pensiones de alimentación y estudios que están pagando la mayoría de los padres.
La violencia de género, que en un 80% de los casos se genera en los trámites de separación y divorcio al ser el hombre materialmente expulsado de su casa y de su entorno, se reduciría en gran medida y, probablemente disminuirían también las muertes de mujeres a manos de sus maridos o ex maridos, a los que la Ley de Violencia de Género ha cortado las posibilidades de reinsertarse en sociedad.
El Gobierno, sin embargo, estaba dispuesto una vez más a sacrificar la equidad y la igualdad en los procesos de separación y divorcio, el bienestar del menor como sujeto de especial protección, a los intereses que defendía el feminismo radical.
Así, al día siguiente, El Periódico Feminista, editado por Mujeres en Red, que dirige Montserrat Boix, publicaba dos enormes fotos de Rodríguez Zapatero rodeado por el feminismo radical y el siguiente titular: «El Gobierno español estudiará cambios en la custodia compartida en la tramitación del divorcio.» El periódico añadía:
«La custodia compartida del padre y la madre sobre los menores que hoy se aprobará en el congreso será revisada dadas las críticas y reticencias que ha levantado en numerosas asociaciones de mujeres. El cambio, si se produce, tendrá que hacerse en el Senado.»
La reforma en la normativa de divorcio ha provocado críticas en algunas organizaciones feministas, sobre todo por un aspecto, la posibilidad de que el juez establezca la custodia compartida cuando no haya acuerdo de los padres. La ley admite esta posibilidad en casos excepcionales (debe basarse en el interés del menor y ser solicitada por un progenitor) «Esto puede generar problemas graves», advierte la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Alemany, que considera que solo debería otorgarse este régimen cuando el padre y la madre estén de acuerdo.
«La custodia compartida de los hijos requiere un buen entendimiento entre el padre y la madre, asegura Alemany. En caso contrario se les obliga a comunicarse, por ejemplo, y existe el riesgo de utilizar a los menores como arma arrojadiza.»
Esta letrada añade que también pueden generar más problemas económicos y de vivienda [el auténtico meollo de la cuestión].
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, considera que la custodia compartida sólo debería establecerse «cuando haya un acuerdo realmente libre entre el padre y la madre». «Muchas mujeres firman los acuerdos de divorcio bajo presión», asegura.
El periódico El Mundo agrega nuevos datos sobre la reunión de Zapatero con las feministas. La presidenta de la Fundación de Mujeres, Marisa Sotelo, se habría quejado al presidente sobre la custodia compartida, que debía ser aprobada al día siguiente en el Congreso.
-Tomo nota. Voy a Explorar de nuevo la situación -replicó Zapatero.
Según su visión de los hechos, mientras las pantallas de vídeo y las cámaras móviles captaban y reproducía cada gesto del Presidente del Gobierno, la presidenta de la Asociación de Mujeres divorciadas y Separadas intervino.
-Un juez [que sí puede echar al marido de la casa y despojarle de todos sus bienes] no puede imponer un acuerdo si la mujer está en contra -protestó.
José Luis Rodríguez Zapatero se quedó ausente, pensativo.
Ana María Pérez del Campo insistió:
-Presidente, intervenga.
Zapatero, que se había declarado feminista radical y que abrió el acto declarando «Este es un gobierno de mujeres en tiempos de igualdad», tal vez más por ignorancia que por mala fe, fue contundente en esta ocasión.
-No se preocupe, voy a intervenir. Lo haré esta noche mismo.
Las ciento cincuenta mujeres reunidas en Ferraz, al oír estas palabras, prorrumpieron en un caluroso aplauso.
Tras varios meses de lucha habían ganado la batalla.
Sale una ley del Divorcio radicalmente feminista. Mientras la mujer puede pedir que le quiten de en medio a su marido, convencida de que se queda con la vivienda familiar y su marido tiene que pasarle una pensión para las necesidades de los hijos casi de por vida, el hombre debe pensárselo dos veces: con el divorcio pierde gran parte de su patrimonio y, si logra levantar cabeza, debe igualmente pasar una pensión de por vida.
El divorcio se puede solicitar a los tres meses de matrimonio y su aplicación es automática, una vez se presente el convenio regular de los hijos y le dé su aprobación el fiscal, lo que supone una nueva y peligrosa intromisión del estado en los asuntos de familia.
Derogacion de la Ley feminazi de genero, YA 