ANECDOTARIO DE LA DEGENERADA VIOLENCIA “DE GENERO”. EL INTRÉPIDO ZUGASTI, un “muerto en vida, un zombie viviente”

[Extraido del libro El varon castrado, de Díaz Herrera]

[Un inciso inicial: Cuando me llegó la hora y me pasó el chasco de saber en mis carnes la clase de Estado de Derecho que había en España, tal vez la primera página con la que me topé fue la de PROJUSTICIA, de Zugasti. Andaba buscando información acerca de la jueza feminazi que me había tocado porque me olía la tostada. Su  web resultó un filón. Yo entonces, como todos, no tenía ni puñetera idea de lo que era el feminismo, el feminazismo, la ideología de género y su puta madre. Fui hilvanando cosas gracias a él, a este intrépido luchador que es, como tantos, como yo , otro zombie en vida, otro con hijos huérfanos de padre. Hoy me honro con su amistad virtual, pero después de leer su pequeña historia en el libro de Díaz Herrera, me quito el sombrero ante este nato inconformista. Es un poco larga esta entrega, pero creo que este hombre merece que sepamos todos su historia. No es una más, sino una de las más injustas.]

Francisco Zugasti, de cuarenta y cuatro años, vecino de Galapar (Madrid), es probablemente una de las personas con mayor coeficiente de inteligencia de España. Y a la vez, uno de los individuos que más dolores de cabeza ha causado, y causará en el futuro, a todos los jueces, magistrados y tribunales. Incluso aunque le metan en la cárcel.

A finales de los noventas se casa con I.F.L., una antropóloga que trabaja como administrativa en una empresa de Madrid, y tiene dos hijos. Poco después, durante el embarazo de su segundo hijo, Zugasti, que se dedica a trabajar en el sector de las artes plásticas, pierde el empleo y el matrimonio entra en crisis. Según consta en uno de los múltiples informes pseudopsicológicos aportados en medio centenar de causas, su mujer, en pleno embarazo, empieza a tener problemas mentales y debe someterse a tratamiento psicológico con un cuadro depresivo.

Se separan en el 2000. Durante el primer año de divorcio, las cosas marchan relativamente bien. Su ex esposa se va a vivir a Madrid, al distrito de Arganzuela, a casa de uno de sus hermanos. Él continúa en la vivienda que posee en La Navata (Galapagar). Los niños van al colegio Tirso de Molina. Los martes y jueves por la tarde, así como los fines de semana alternos, los pasan con el progenitor masculino, que les lleva a clases de judo y de violín.

Todo va a pedir de boca hasta que el padre detecta, según denuncia a los juzgados, aportando los correspondientes informes médicos, que sus hijos están mal atendidos, no comen, no les compran ropa (llevan la ropa sucia y a veces hasta las zapatillas de su madre), no se lavan los dientes y han llegado a perder hasta el 35 % del peso habitual para su edad.

El cuadro se complica, siempre según sus denuncias, ya que los menores están casi siempre enfermos, no se les administran las medicinas que les receta el médico y su rendimiento escolar empieza a ser deficiente por los cambios de colegio.

Además, pasan gran parte de las tardes encerrados en un piso, sin salir a la calle, y su madre adopta la medida de impedir que se comuniquen telefónicamente con su padre.

Francisco Zugasti achaca todos esos problemas a que su mujer está loca y alega que su enfermedad mentales, ademas, incurable, dato que reflejan más moderadamente los informes de los equipos psicosociales de los juzgados, al indicar que la mujer está en tratamiento psicológico. La mujer niega categóricamente que los hijos estén mal atendidos y acusa a su marido de maltratarla y perseguirla por todos los juzgados de Madrid.

A partir de entonces, el varón experimenta una angustia insuperable que no le deja vivir -algo que le sucede a la mayoría de los padres de su nivel cultural- y no hay día en que no pregunte a sus hijos por su salud, su alimentación y su rendimiento escolar. Los cambios de colegio de los menores y la supuesta pérdida de peso de uno de ellos acaban convirtiéndose en una obsesión en un hombre que vive sólo para sus hijos. Movido por ese desasosiego el varón inicia una serie de procesos para intentar recuperar la guarda y custodia de los menores y quitárselos a su madre.

Ha sido un largo, lento y doloroso peregrinar durante seis años por los juzgados de medio Madrid, en los que ha llegado a tener medio centenar de pleitos «vivos»8 al mismo tiempo, sin incluir las 43 denuncias que, según él, le ha puesto al mismo tiempo su ex mujer.

Los Juzgados, de manera sistemática, le quitan la razón, sin examinar siquiera los informes que presenta. Para no complicarse la vida, los jueces rechazan continuamente las peticiones de pruebas periciales y testificales que plantea, le dejan durante largos períodos sin abogado y procurador, toman decisiones a sus espaldas que no le comunican y lo apartan de la vida judicial como si fuera un apestado.

«Tras perder seis trabajos por faltas acumuladas, un día normal de mi vida consiste en ir a los Juzgados, a la Comunidad de Madrid, a la Conserjería de Salud y al defensor del menor para solventar las decenas de asuntos judiciales pendientes y ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación», cuenta a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

Como no obtiene respuesta, Francisco Zugasti toma entonces una decisión drástica. Abandona su trabajo y cualquier otra actividad y se dedica a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Aún sin acabarla, renuncia a su abogado y empieza a defenderse solo. Se convierte así en el «terror» de todos los Juzgados de Madrid durante los seis últimos años.

Porque, además, ha tomado la precaución de gravar con una cámara oculta -a veces incluso con dos- todas sus visitas a oficiales, secretarios y jueces de los distintos Juzgados de Madrid, las vistas orales, la presentación de recursos y todas sus incursiones por el mundo forense, que son muchas.

Las tremendas injusticias que dice haber padecido son tales que sus demandas parecen libros, con una parte documental de más de doscientos folios y una prueba testifical en la que pide la presencia de hasta doscientos testigos, dieciséis de ellos de la familia de su ex mujer.

Cuando le preguntan por qué hace esas «locuras» de llamar a los testigos de la parte contraria, responde con una tranquilidad pasmosa, que refleja un tremendo autocontrol de sus emociones: «¡Que vengan! Lo tengo todo grabado. O dicen la verdad y me dan la razón o voy también a por ellos».

Las relaciones con su ex mujer llegan a un grado de grave deterioro a comienzos de 2003. Francisco detecta que su hijo no quiere volver a casa de su madre, que tiene la guardia y custodia, donde asegura que se le maltrata.

El menor se agarra a sus pantalones se pone delante del coche y pasa llorando hora y cuarto delante de una cámara de vídeo oculta, contando sus presuntos problemas.

-No quiero ir a casa de mi madre. Quiero quedarme contigo.

Al poco tiempo, cuando trata de comunicarse telefónicamente con él, observa cómo la madre le apaga la luz de la habitación y el niño empieza a llorar «porque tiene miedo»9 . La gota que colma el vaso se origina el 23 de febrero de 2004. Antes de regresar a su casa, su hijo le deja una nota escrita de puño y letra en la que pone «no leas esto asta que no vuelvas de entregarnos». Al marcharse el menor, procede a su lectura y se queda espantado, horrizado. «Me he puesto a llorar porque no quiero existir», escribe el niño.

El 3 de noviembre de 2003, en uno de los fines de semana alternos que pasan con él, con todas las pruebas en su poder, el padre acude al Juzgado de Guardia de la Plaza de Castilla. Le pide al magistrado que le retire la guarda y custodia de los menores a su mujer y se la conceda a él. El juez le da verbalmente la razón. Le dice:

-Márchese usted a casa. Eso está hecho. Déjeme usted a mí los papeles, que yo lo resuelvo hoy mismo.

En lugar de devolverle los niños a su madre, regresa a su casa. A las tres de la mañana, se presenta en su domicilio la Guardia Civil con un auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villalba, que actúa por exhorto del número 10 de Madrid. Los agentes tienen orden de detenerlo y de llevarse a los niños. Su ex esposa ha presentado una denuncia en su contra por «sustracción de menores».

-Yo me he limitado a hacer lo que me ha ordenado el juez de guardia. No voy a permitir que la madre y su puñetera familia sigan torturando a mis hijos -le dice a la policía.

Su respuesta no sirve de nada. Los agentes de la Guardia Civil se llevan a los menores. Además, esposan a Zugasti delante de los niños, lo meten en un furgón policial y se lo llevan detenidos. Dos cámaras ocultas graban toda la escena.

Poco después, inesperadamente, la titular del número 10 de los Juzgados de la plaza de Castilla deja sin efecto la denuncia por «sustracción de menores». Queda libre sin cargos.

-¿Y por qué ha hecho usted esto si no había motivos fundados para tomar esta decisión?
-Póngase en mi lugar, dado el clima social.
-Póngase usted en el mío, detenido ante mis hijos. Arreste usted al «clima social» pero no a mí.

Francisco Zugasti intuye por qué ha quedado en libertad. Los vídeos de que dispone, en los que un juez le ordena hacer una cosa, «que yo me encargo de los papeles», no mienten.

A partir de entonces, solicita otras dos órdenes de alejamiento de su mujer. Una en el Juzgado número 10 de Madrid: debe resolverse en tres días, según la ley, pero la jueza tarda dos meses en darle curso. La segunda ante el Juzgado de Instrucción número 2. Previendo que va a inhibirse a favor del número 3 de Villalba o del 10 de la plaza de Castilla, previamente ha recusado a los dos jueces, lo que obligaría al juzgado a remitir la denuncia al Tribunal Superior de Justicia.

Pero, sorprendentemente, las recusaciones se resuelven en menos de veinticuatro horas -hecho insólito en la justicia española- y el asunto recae en el Juzgado de Instrucción 10, que lo vuelve a archivar.

La batalla del solitario padre contra todo el aparato judicial de los partidos de Madrid y Collado Villalba es ya a muerte. En un determinado momento, un oficial y un secretario de un Juzgado le niegan parcialmente unas diligencias de las que necesita instruirse. Automáticamente, le pide a los dos funcionarios que se identifiquen para proceder contra ellos. No lo hacen y llama a la Guardia Civil. Con la Ley de enjuiciamiento Criminal y el Código Penal en la mano les conmina a que entren en el Juzgado e identifiquen a los funcionarios.

-Ya habéis visto la ley. O lo hacéis ahora mismo o procedo también contra vosotros.
El 27 de noviembre de 2004 le toman declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de la plaza de Castilla.
-¿Llamó usted zorra de mierda a su mujer? -le pregunta el juez.
-No señoría. La llamé zora de no sé qué. Pero lo tengo grabado y se lo puedo traer cuando quiera. Eso no es delito. Léase el Diccionario de la Real Academia10 y el artículo 210 del Código Penal.
-¿La ha amenazado alguna vez?
-No. Lo que quiero es meterla en un psiquiátrico a ver si deja de torturar a mis hijos.
-¿Nunca la ha amenazado?
-Mire señoría, lo que tenía que haber hecho es matarla, pero me lo impiden mis principios y porque soy tonto del culo.
-¿Por qué sustrajo a sus hijos?
-Porque me lo ordenó (verbalmente) un juez tras apreciar el estado en que se encontraban.

La inmensa sangre fría y la aparente tranquilidad con la que actúa tiene anonadados a los jueces. Para muchos de ellos, un hombre que vive en una situación de tensión tremenda, que oculta bajo una capa de dolor inmenso y al mismo tiempo habla pausadamente, sin levantar la voz, midiendo cada una de sus palabras. No es un ser normal. Es un monstruo peligroso, producto de la Ley contra la Violencia de Género.

Con su pasmosa frialdad, Francisco Zugasti cambia de estrategia. Echa mano de todas las sentencias en que un juez le ha dado la razón quitándosela a otro y presenta varias querellas por prevaricación y utilización de pruebas falsas. Incluso cuando un secretario deja por escrito que un sumario que estaba oficialmente cerrado y aparece como abierto, sin que se le haya dado conocimiento, solicita «se deduzca testimonio» para proceder contra el mismo.

Para la judicatura, Zugasti se ha convertido en un peligro público, en un paranoico querellante, como José María Ruiz Mateos, el presidente de Rumasa, o Domingo López, el presidente del Banco de Valladolid, quienes en un momento dado, lo dejaron todo y se dedicaron a pleitar para recuperar lo que consideraban su patrimonio.

El asunto pasa a mayores cuando comienza a circular de boca en boca que en los últimos cuatro años, Francisco Zugasti ha visitado a casi todo el Consejo General del Poder Judicial, a los presidentes de sala de la Audiencia Provincial y a casi todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con  un gran don de gentes inmediatamente se hace amigo de ellos. Muchos se muestran gustosos a estudiar su asunto.

-Éste es un caso de prevaricación de libro. A usted le han hecho la putada del siglo -le dicen casi todos ellos.
-Mire usted, no soy yo solo. Como yo hay centenares de hombres en Madrid a los que les han quitado los hijos y se los han dado a sus mujeres «para que se curen sus paranoias». Es lo que opinan los servicios psicosociales: los hijos para las madres, para que superen sus depresiones. ¿Y los hombres no podemos tener depresiones y necesitar igualmente el cariño de los hijos?.

En otras ocasiones habla de la nueva legislación sobre separación y divorcio o de la Ley contra la Violencia de Género.

-La Ley contra la Violencia de Género es inconstitucional. Hay compañeros míos que están prevaricando -le dice el presidente de una asociación de jueces.
-¿Y por qué no procede usted ante ellos?
– No voy a ser yo quien tire la primera piedra.

Lo que ignoran la mayoría de los jueceses que sus conversaciones están siendo filmadas por dos cámaras ocultas, que muchas de las grabaciones se han entregado a Interviú, que se niega a publicarlas con los nombres y apellidos de los «cazados». Hacerlo no sólo sería ilegal, sino que contribuiría a minar por completo el sistema judicial13 , a destruir la confianza en los jueces y a poner al descubierto las irregularidades de muchos tribunales españoles y las pequeñas vendettas entre personas que se suponen honorables y ajustadas en sus expresiones.

Francisco Zugasti se ha convertido en un peligro para el sistema. Su fama de «enemigo especialmente peligro- so» ha corrido de boca en boca. Hay que silenciarle a toda costa. El objetivo, a partir de entonces, es sacarle del sistema, convertirle en un apestado, en un ser irracional, irresponsable de sus actos. Una sentencia del 22 de julio de 2006 le declara loco. Se dice en el texto: «Tiene dificultades para adecuar su comportamiento a las normas, suspicacia, locus de control externo, irritabilidad y agresividad, pensamiento rígido y obstinación, querulencia, percepción de ataques a su persona, además de ideas sobrevaloradas e irracionales, ideas de au- tosuficiencia que junto con los rasgos de una personalidad de tipo paranoide determinan un comportamiento anómalo causante de grave perjuicio para los menores. Es necesario e imprescindible el sometimiento del señor Zugasti a una intevención psicológica en los servicios de salud mental como única forma de superar su problemática personal», afirma el juez, basándose en los informes de los psicológicos.

La misma sentencia que le manda al psiquiátrico le niega la patria potestad de los menores y el régimen de visitas a los mismos. Sin embargo, Z.A. está acostumbrado a este tipo de sentencias y no hay día en que no intente hablar con sus hijos. Sabe que no le van a coger el teléfono, pero quiere demostrarles que él está ahí, que no les olvida y que luchará hasta la muerte para recuperarles.

Lo lamentable del asunto es que el suyo no es un caso aislado. Padres desesperados como él, destrozados por el dolor de perder a su familia, los hay a centenares en toda España. Son los que el psiquiatra norteamericano Norman Bush denomina «muertos en vida», los «zombis vivientes» que sólo esperan ver reparada la situación a las que les llevó una ley injusta.